El martes comenzó a regir la Ley de Inclusión y el viernes pasado se promulgó la de carrera docente. En ese escenario, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, remarcó los avances que ambas normativas significan para la educación chilena. Además, aseguró que busca que la gratuidad 2017 entre en la reforma a la educación superior, y no en una glosa, y que aún batalla por ampliar la cobertura al 70% más pobre: la situación económica del país hace dudar de que sea en este mandato de la Presidenta Bachelet.
Se acaba de promulgar la carrera docente y se está empezando a implementar la Ley de Inclusión. ¿Se comienza a ver la reforma?
La reforma educacional es un puzzle muy grande, pero no infinito. Tiene bordes, es decir, está definido qué abarcar y qué no. El compromiso es fuerte y ya hay avances muy importantes. En educación parvularia estamos ampliando la cobertura, diseñando los estándares de enseñanza y creamos la subsecretaría. La Presidenta ordenó poner el foco en la educación inicial e hizo que entraran las educadoras de párvulo a la carrera docente. No tenemos construidos los estándares para la enseñanza de niños de 0 a 4 años y, por eso, estamos trabajando en ello. Hoy no existe cómo comparar dos docentes de este tipo, no tenemos estándares objetivos que digan ‘mira, ella es una gran educadora de párvulos’.
Hubo críticas porque las educadoras entran recién en 2019 a la carrera docente. ¿Esto se decidió por esa falta de estándares?
Exacto, esa es una de las razones: el diseño del marco de la buena enseñanza y dentro de ese marco, los estándares. Las otras educadoras, que trabajan en prekínder y kínder, entran juntas al colegio en el cual trabajan. Después tenemos el sistema escolar, en donde impacta la Ley de Inclusión. Con ella haces un giro, porque los privados pueden participar activamente en la enseñanza, pero, ¿cómo garantizamos que no segregan a las familias, sino que éstas adhieren a un proyecto educativo? Cuando haces cambios, provocan mucho temor y aparecen las opiniones de que van a pasar cosas terribles. Pero cuando llega el momento te das cuenta de que las cosas no tienen ese dramatismo. Los 780 recintos particulares subvencionados que pasaron voluntariamente a ser gratuitos este año, podrán acceder a nuevos fondos y las familias podrán mantener a sus hijos allí. El tema pendiente es preparar la no selección en Magallanes, cómo distribuir las vacantes si tengo menos oferta que demanda, con qué criterios digo ‘este sí o no’. Hay un sentido común que se respeta: hermanos en el colegio, hijo de profesores o funcionarios, por ejemplo.
¿Cree que se ha caricaturizado mucho el tema de la tómbola?
El sistema de la tómbola va a tener que sortear (a los alumnos), de alguna manera. No sé si una tómbola, una bolsita o un número. Lo veremos en la Región de Magallanes, donde comienza. Esto nos va a dar pistas de qué hacer con mayor dignidad para que no sea completamente aleatorio. Además, está la idea de respetar las prioridades de la familia, a lo mejor tenemos que hacer un sorteo con todos los que pusieron primera prioridad.
¿Causó mucha polémica que la Ley de Inclusión refuerce la prohibición de suspender a los alumnos, ¿cómo ve esa reacción?
Lo veo como algo más mediático que de fondo. Se hicieron olas para ensuciar el proceso. En el fondo lo que señaló con mucha fuerza el superintendente es que el derecho a la educación prima por sobre otras cosas, lo que no quiere decir que no hayan normas de disciplina: un colegio indisciplinado es uno en el que no aprende nadie. Es un recinto desregulado, caótico. Nadie quiere eso. Si yo soy padre de familia y adhiero a un colegio que tiene un reglamento, tengo que conocerlo. Lo que no puede mandatar esa norma son cosas que vayan más allá de la ley y que tú inventaste. El niño que no tiene 5,5 no puede ser expulsado. Existe una norma general: se aprueba con 4. Con la Ley de Inclusión se puede repetir un año en cada ciclo, una vez en enseñanza básica y otra en media, si no, te cambias.
¿Es un cambio de paradigma que no se pueda expulsar a los alumnos por rendimiento?
Hay un cambio de peso, porque había mucha arbitrariedad. Hasta aquí el sostenedor y el colegio eran omnipresentes versus los padres y el derecho a la educación de sus hijos. Estamos cambiando esto para que la familia escoja la educación. Esto no quiere decir que el niño pueda ir tatuado hasta la nariz si el colegio no lo permite, pero no se debe castigar privando del derecho a educarse. Sobre todo si la educación va a ser gratis en casi todo el sistema, salvo el 7% que es particular pagada. Pero no queremos quitarle responsabilidad al colegio, ni el derecho a tener proyecto educativo diferenciado, ni un reglamento. Pero éste debe ser construido con la comunidad, conocido por padres y no aplicado arbitrariamente.
En cuanto a la reforma a la educación superior. ¿Qué tan vinculantes son los acuerdos de las reuniones prelegislativas?
Hemos armado el proyecto a partir de muchas reflexiones e iniciativas que han planteado distintos grupos. El consejo consultivo, por ejemplo, hizo un planteamiento muy interesante, las reuniones con la Confech y los rectores te dan pauta para decir a este sector le importa más esto o lo otro. Difícilmente el proyecto le va a dar el gusto a todos, imposible, porque lo que le gusta a uno es justamente lo que le desagrada a otro, pero ves los límites en los que te puedes mover. Para nosotros los dos proyectos que quedan son un compromiso. Me alegro mucho de que la Presidenta nos haya dado un poco más de tiempo, porque ya con el proyecto más dibujado vamos a poder conversarlo, dibujarlo, no concordarlo, porque para eso está el debate en el Congreso, pero es distinto si escuchamos las distintas opiniones.
Dado que el escenario económico ha cambiado, ¿la gratuidad 2017 va a crecer en deciles o en número y tipo de instituciones?
Lo que hemos conversado con el Ministerio de Hacienda es que antes de subir en deciles vamos a aumentar la base de instituciones. Por eso mandamos el proyecto de ley que está en el Senado, que fue una respuesta a una demanda que nos planteó un conjunto de IP y CFT que funcionan en los hechos como instituciones sin fines de lucro, pero que no están constituidas como tal. El proyecto les permitirá transformarse en entidades sin fines de lucro manteniendo todas las garantías. Esto nos permitiría ampliar la base en un conjunto de instituciones muy importantes. Entonces la gratuidad 2017 apuntaría a avanzar en ese sector. Seguramente podría haber un conjunto de universidades que les toca acreditarse y que podrían entrar también, si van cumpliendo los requisitos. Uno de los temas que el ministerio visualiza con más claridad es en qué plazo se puede llegar al séptimo decil, de ahí para arriba tiene que ver con condiciones económicas.
¿No han renunciado a aumentar la cobertura?
No renunciamos a ampliar la gratuidad al 70% más vulnerable, pero no sabemos en qué plazo, si en este gobierno o pasa a otro. Ese va a ser uno de los temas que va a estar en el proyecto de ley, está trabajando en eso Hacienda. Ya aclaró la Presidenta que las condiciones económicas sobre las cuales se hizo el programa de gobierno era con un cobre distinto y, más allá de la diversificación económica del país, el cobre sigue teniendo ese peso.
¿Apuntan a sacar el lucro de todo el sistema o sólo de las instituciones que reciban fondos públicos?
Hoy reciben fondos públicos todas las instituciones acreditadas por la vía de las becas o el Crédito con Aval del Estado. Queremos garantizar que las instituciones que tienen que ser sin fines de lucro, efectivamente lo sean, que no haya forma de evadir esto. En el caso de CFT e IP, no estamos planteando transformarlos a todos en sin fines de lucro. Sí que todos estén acreditados, porque es un tema de calidad. Además, efectivamente la gratuidad va a estar asociada a instituciones sin fines de lucro.
¿Le gustaría presentar la gratuidad 2016 por glosa o ley?
Espero que tengamos la ley de educación superior y vaya en ella la gratuidad 2017. Ese es para nosotros un gran desafío.
En el proyecto de Nueva Educación Pública la discusión está trabada en el financiamiento…
Hemos dicho que vamos a estudiar el cambio al financiamiento separado de este proyecto. Entendiendo la importancia que tiene, no es una indicación que será del Ejecutivo. Es un tema complejo, tiene muchas variables. Pareciera que la asistencia es la única, pero no es así, es también la región, la cantidad de profesores y su experiencia, etc. Lo interesante es cómo garantizas y te haces cargo en la subvención de gastos que son fijos. Algunos de los diputados de la comisión dicen que hay que financiar a todos los niños, no importa cuántos sean. Está bien, pero tengo que calcular un per cápita. Si este colegio tiene mil y este tiene 100 me tengo que hacer cargo del financiamiento completo, pero tengo que tener calculado que éste me cuesta a y este b. La asistencia debiera jugar un papel, aunque no el principal, pero no puede ser que a nadie le importe si un niño va o no. No es llegar y cambiar la asistencia por la matrícula. Estarías cometiendo otro error.
¿No hay cronograma?
No. Pero a nosotros como Mineduc nos importa. Es un tema que va a depender del diseño que hagamos y del costo que tenga.
¿Cree que los parlamentarios y alcaldes van a querer aprobar este proyecto sin tener el financiamiento resuelto, no se producirá ahí un problema?
No, porque creo que efectivamente primero estamos aumentando mucho la subvención. Este proyecto va a partir con una subvención mejorada, aumenta más de un 20%, se agregan otros aportes y un servicio local que tiene la flexibilidad de manejar los recursos, compensando a los establecimientos que han salido más caros o más baratos. Hoy tenemos muchos municipios que hacen buena educación con la plata de la subvención. No debiera ser una fatalidad.
Si tuviésemos que mirar los cuatro años de gobierno y decirle a la gente cuál es el avance de la reforma, ¿qué respondería?
Diría que vamos en poco más de la mitad de la reforma, si es legislativamente hablando. Quedan dos proyectos sustantivos: Nueva Educación Pública y educación superior. Pero efectivamente haber sacado carrera docente, educación parvularia y Ley de Inclusión, que ya está en su implementación, es un inmenso avance. En materia de instalación, los cambios son para 10 años, porque son procesos muy masivos y complejos. El 2017 será muy intenso en la implementación en muchas cosas.
Este gobierno ha apostado por un sello educacional. ¿Se le recordará por eso?
Creo que efectivamente cada gobierno tiene sellos muy importantes, no va a ser educación el único. Si sale la reforma laboral, la tributaria y la educativa, cada una tiene su mérito. Ahora, en volumen de recursos sin duda la educacional es la más significativa, desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva no hay un cambio tan importante.
