Al convertirse en cómplices de una política pública de gratuidad en la educación superior improvisada, mal diseñada y que pone los incentivos en los lugares equivocados, Chile Vamos ha renunciado a sus principios por el dudoso premio de consuelo de hacer que esta reforma sea menos mala. A un año de haber cometido el mismo error al dar su apoyo a una reforma tributaria deficiente, la coalición de derecha demuestra, en su desempeño como oposición, una decepcionante carencia de valores y estrategia. Si el principal logro de la derecha es hacer que las reformas que impulsa La Moneda sean menos malas, el electorado difícilmente absolverá a Chile Vamos por los tropiezos y fallas que implique la puesta en marcha de la promesa de gratuidad hecha por Michelle Bachelet.
Después de liderar un gobierno que recibió el repudio de la ciudadanía en la última elección, la derecha ha intentado desesperadamente encontrar un camino para reinventarse. El cambio de nombre de la coalición (recurso del que la derecha ha abusado tanto en el pasado que ya nadie se molesta en aprenderse el nuevo nombre) fue un intento de solución de marketing y superficial. Como la débil representación de los partidos de derecha en el Congreso hace que la Nueva Mayoría pueda ejercer con discrecionalidad la retroexcavadora, la derecha tiene pocas herramientas para bloquear reformas que impulsa La Moneda. Consecuentemente, algunos en la derecha creen que el mejor camino es transar su aquiescencia a las reformas impulsadas por Bachelet a cambio de concesiones que las hagan menos radicales. Pero la lógica de que entre algo muy malo y algo malo es mejor lo segundo constituye una poderosa señal de oportunismo, cortoplacismo y falta de principios. Cuando se trata de defender principios, es mejor perder luchando que negociar una rendición que implique renunciar a los valores que dices defender.
La nueva ley corta de gratuidad que acaba de ser promulgada con votos y abstenciones de la derecha amenaza con convertirse en un nuevo Transantiago de proporciones mucho mayores. A diferencia del Transantiago, que fue una política pública adoptada sin la venia del Congreso, la Ley de Gratuidad ha sido validada por el poder legislativo, con muy pocos votos en contra.
Entre los múltiples problemas que generará esta ley está la necesidad de verificar adecuadamente los ingresos de las familias de los estudiantes. Aunque la política de bonos focalizada en el 40% de menos ingresos ya ha producido el problema de que mucha gente busca adulterar sus ingresos para ser beneficiados con los bonos —no han faltado seremis y familiares de autoridades con fichas de protección social que los hacen beneficiarios de subsidios estatales—, la gratuidad generará incentivos mayores para que las personas adulteren su información de ingresos. Después de todo, para una familia con dos hijos en edad de estudiar que se ubica en el sexto quintil de ingresos, modificar sus datos resultará en un beneficio de entre 6 y 10 millones de pesos adicionales por año. Huelga decir que eso hará que una familia del 40% de menos ingresos que se beneficie de la gratuidad tendrá ingresos superiores (incluyendo el beneficio) que otra familia del 60% de menos ingresos que no tenga acceso al beneficio.
Además, la nueva ley establece la necesidad de que el Estado regule los aranceles de las universidades y los cupos en las carreras de cada institución educacional. Como el que paga manda, ya que el Estado va a pagar la cuenta, el Estado va a poder regular la cantidad de cupos y los aranceles de las universidades estatales y privadas. Como además no hay claridad respecto a la cantidad de años de gratuidad a la que tendrán acceso los estudiantes, incluso se abrirá un debate sobre la necesidad de que el Estado regule la extensión de las carreras. No hay justificación a priori para que el Estado subsidie con más dinero a un estudiante de medicina que a uno de antropología.
Pero más allá de todos los problemas de diseño e implementación que tendrá esta nueva política, el solo hecho que la gratuidad haya sido ahora legitimada por una ley —y no solo introducida maliciosamente como una glosa en el presupuesto— otorga a la gratuidad en la educación superior una validez y legitimidad legal que hará muy difícil que alguien pueda en el futuro oponerse al concepto que los estudiantes tienen el derecho inalienable a estudiar gratis.
No sorprende que abunden las sonrisas en el oficialismo. Aunque debió hacer concesiones a la oposición, la Nueva Mayoría logró clavar una de sus más preciadas banderas en el centro del debate. Ni en sus sueños más ambiciosos los ideólogos de la Nueva Mayoría alguna vez pensaron que la misma coalición que alguna vez defendió la idea de que “no hay nada gratis en la vida” concurriera con sus votos a aprobar una ley que establece el derecho de los estudiantes a gratuidad en la educación superior.
