En la actual elección presidencial se ha debatido sobre la posibilidad de generar una mayor protección de los derechos sociales para una vida con coberturas mínimas en salud, educación, trabajo y seguridad social.
El debate ha concernido en incrementar el Estado de bienestar en materias tales como gratuidad de la educación universitaria (costo US$ 2.200 millones), condonación del crédito con aval del Estado (US$ 8.300 millones), sistema de seguridad social tipo reparto financiado con contribuciones solidarias (US$ 3.000 millones), seguro universal y solidario en salud (US$ 3.100 millones), sistema nacional de cuidados para ancianos (US$ 1.200 millones) y acceso a la vivienda garantizado (US$ 1.700 millones).
Más allá de analizar la forma y fondo, cada uno de estos derechos tiene como correlato la necesidad de que existan ingresos fiscales permanentes y suficientes para su financiamiento y, a su vez, es necesario que el Estado se modernice para poder gestionar adecuadamente los recursos para su materialización.
La modernización del Estado requiere que las instituciones sean capaces de responder a los ciudadanos de forma digital, rápida y eficiente, junto con mejorar la gestión. Por ejemplo, la Contraloría ha detectado la compra excesiva de leche en la salud pública, fallas en los controles de asistencia de médicos y almacenamiento de medicamentos vencidos en hospitales. Un Estado moderno se consigue con erradicar el papaleo por medio de Chile Atiende Online en que la mayoría de los trámites se hagan desde un celular, establecer una unidad de monitoreo de gestión y evaluación en el Ministerio de Hacienda, reformular el Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública para asociarlo con el reajuste salarial y extender la Alta Dirección Pública a más trabajadores, entre otros aspectos.
Nuestra realidad económica dista notablemente en comparación con los países desarrollados que ostentan un modelo de Estado de bienestar que entregan de forma gratuita y de calidad los servicios de salud, educación y vivienda. Por ejemplo, el ingreso per cápita de Chile es la mitad de aquellos países ubicados en los primeros lugares del Índice de Progreso Social 2017 (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza). Además, el último informe de finanzas públicas muestra que el espacio para nuevos gastos asciende a US$ 2.300 millones acumulados al 2021 en un escenario conservador.
Por lo tanto, dado que las necesidades de mayor cobertura de los derechos sociales son muchas y los recursos escasos, es relevante que la sociedad priorice las políticas públicas en las que se quiere avanzar, por ejemplo gratuidad universitaria, salud de calidad, protección de la infancia, pero todo lo anterior unido a una profunda modernización del Estado. (DF)
Jorge Hermann
