El 7 de noviembre de 2014, el fiscal Carlos Gajardo envió un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII). En él adjuntaba una serie de testimonios y facturas que daban cuenta de que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas no solo estaban relacionados con empresas Penta.
La convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett; declaraciones que dieron origen al informe que Gajardo envió al SII para que denuncie o se querelle por estos hechos.
El escrito tiene dos testimonios clave. Uno de ellos es el de Luis Chaparro Cavada, quien en octubre de 2014 entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital –con quienes se vinculó el año 2006–. Chaparro da cuenta de que el primer pago que recibieron fue por 10 millones de pesos y se facturó a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Álvaro Saieh.
En mayo de 2013, la misma Pekadocapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe– debió facturar a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile SA. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por 3 millones y medio de pesos cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.
Otro de los testimonios clave da cuenta de la existencia de más empresas ligadas a la entrega de dineros para campañas políticas.
El periodista Iván Correa, de la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa, señaló que la labor a la que se comprometieron fue una asesoría digital completa.
Según Iván Correa, las primeras facturas se hicieron a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), a petición de Coca de Castro, histórica jefa de campaña de Pablo Zalaquett y su jefa de gabinete en las alcaldías de La Florida y Santiago. Era De Castro quien le indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a la factura. A Soquimich se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una por los servicios que se enmarcaban en la campaña de Pablo Zalaquett, aunque no hubo ningún servicio que se le prestara a esa compañía.
Según el testimonio del periodista, otra de las empresas a las que se le facturó es Inversiones Alsacia. Esta fue por dos millones de pesos. También por instrucciones de Coca de Castro.
Ripley se halla también entre aquellas empresas a las que les facturó. En este caso fueron tres facturas por un millón de pesos cada una. Tampoco hubo servicios reales prestados a Ripley, señala el testimonio de Correa recogido por la Fiscalía.
Según el informe que tiene en su poder el Servicio de Impuestos Internos, el 30 de octubre Coca de Castro le escribió un mail a Iván Correa para facturar a nombre de empresas Penta SA por 15 millones de pesos.
Finalmente se le facturó a inversiones El Bosque. Según la declaración de Correa, al parecer por un millón y medio. También hubo dos facturas a nombre de Eurocorp SA, por 2.500.000 cada una.
El resto –10 millones de pesos y otra de 8 millones y fracción– fue pagado directamente por Zalaquett.
En ambos testimonios, que constan en el tomo V de la carpeta del caso que fue liberada el 30 de diciembre pasado, tanto Chaparro como Correa señalan que jamás se dieron cuenta que podrían estar frente a una ilegalidad. Sin embargo, según la denuncia del fiscal Gajardo, los antecedentes “permiten presumir que los imputados recibieron estos ingresos justificándolos con boletas de honorarios ideológicamente falsas”, razón por la que las hizo llegar hasta el SII.
Desde la gerencia de comunicaciones de SQM indicaron que “no existen boletas de servicios no prestados, por tanto la empresa no se hace cargo de esa declaración”.
En Ripley no se refirieron de manera oficial al caso, debido a que no existe investigación formal del fiscal ni han sido requeridos por el caso.
Ni en Alsacia ni en CorpBanca fue posible obtener una versión. (El Mostrador)
