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Diputados RN piden indagar pago de $13 mills. por defensa privada de Boric

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Diputados de Renovación Nacional (RN) exigieron a Contraloría investigar el pago de 350 UF, equivalentes a $13 millones 438 mil, realizados mediante trato directo por el presidente Gabriel Boric, para su defensa privada tras fallida compra de la casa de Allende.

Todo inició cuando un particular presentó una querella por la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En el cual, el presidente tuvo que responder.

Es por ello que, a través de trato directo, el 20 de enero el presidente Boric contrató por 350 UF (pago único de servicios de asesoría legal) al abogado Jonatan Valenzuela Saldías, para que lleve a cabo su defensa.

Si bien, todo ciudadano tiene derecho a defensa, en este caso los diputados RN Ximena Ossandón, Hugo Rey, Andrés Longton y José Miguel Castro, enviaron un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.

Donde le piden “fiscalizar el correcto empleo de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de adquisición de Trato Directo (…) requerida por la Presidencia de la República para la defensa judicial del Presidente de la República”.

Los parlamentarios explican que, si bien existe el derecho de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones pueda “requerir los servicios privados y disponer su pago con recursos fiscales”, en el caso del presidente Boric “no desempeña funciones en determinado servicio o institución, sino que ejerce la más alta dirección de la Administración”.

La jefa de la bancada RN señaló que “el Presidente cree que puede pagar con recursos de todos los chilenos a su abogado de confianza, lo que es un abuso”.

Agregó que “no solo hay dudas de si el Presidente está protegido por un derecho estatutario, sino también del trato directo, ya que en ninguna parte se señala que al Presidente se le debe pagar un abogado que le acomode o le dé confianza”.

Cerrando con, “penalistas hay cientos, la especialidad es una puesta en escena”.

Y ante estas palabras, los diputados dicen que, “bien podría haber encomendado su defensa judicial al Consejo de Defensa del Estado, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, sin embargo, optó por la designación y contratación de un defensor particular”.

Especificando en que el Presidente de la República “tiene una calidad definida a nivel constitucional y su real dimensión es la de ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno”.

Por lo tanto, el Presidente no podría ser calificado como “un funcionario propiamente tal, habiendo sido disposición legal en el anterior Estatuto Administrativo la de excluirlo expresamente de tal categoría”.

CUESTIONAMIENTO DEL TRATO DIRECTO

El hecho de haber adjudicado la defensa a un profesional privado, a través de trato directo, llamó la atención de los legisladores.

Debido a que, argumentan que el proveedor no necesita contratar un abogado con alto grado de especialización, puesto que el nivel necesario ya está disponible en los abogados del Consejo de Defensa del Estado.

A juicio de los diputados, solicitar a la contralora fiscalizar el correcto uso de los recursos fiscales, así como la correcta utilización del mecanismo de trato directo, porque son 350 UF correspondiendo hoy, a $13.438.000.

“Basta de irresponsabilidad con los recursos públicos que van en beneficio de los chilenos, para poder satisfacer gustitos en este caso del Presidente de la República”, dijo el diputado Longton.

Además, pide a la Contraloría que “objete estos 13 millones de pesos y le pida al Estado, no solamente que no los gaste, porque además fue se utilizó un trato directo de manera injustificada, sino que además los devuelvan al erario fiscal”.

Concluyendo José Miguel Castro, al decir que “la ley es clara y él no puede hacer lo que quiera con los dineros de todos los chilenos. No puede contratar amigos porque le parecen mejores abogados, (…) lo importante es que el Presidente tiene que entender que no es plata suya, que no es un rey del país donde puede hacer lo que quiera”. (Bio Bio)