A más de 70 días de ocurrido el incendio en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el que 35 estudiantes resultaron quemados luego de que explotara una bomba molotov que -según la versión preliminar- estaban manipulando en el baño del recinto, hay cinco alumnos que aún permanecen internados y que recibieron el 2025 en diferentes hospitales de Santiago. El Líbero corroboró que a la fecha sigue vigente la información sobre los afectados que publicó el Ministerio de Salud en su cuenta en Twitter el 16 de diciembre.
Mientras esa es la situación en los centros asistenciales, el asunto también corre en tribunales penales. En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago figura una acción interpuesta el pasado 30 de octubre, siete días después del hecho registrado el 23 de ese mes.
Los querellantes son el Ministerio de Interior y la propia Municipalidad de Santiago, que es sostenedora del establecimiento educativo. La única imputada individualizada hasta ahora, porque la causa también va a en contra de todo aquel que pueda resultar responsable, es la directora del liceo, María Alejandra Benavides. Así se estableció en una audiencia de cautela de garantías que se efectuó el 15 de noviembre. Pero 12 días después, el 27 de ese mes, la defensa de la rectora solicitó que ella también fuera considerada una “víctima” y se le otorgaran medidas de protección.
BENAVIDES FUE «OFENDIDA EN DELITO DE INCENDIO»
“Corresponde aclarar que la rectora María Alejandra Benavides reviste la calidad de víctima en los hechos que motivaron la querella interpuesta en la presente causa, ocurridos el día 23 de octubre de 2024″.
Así parte de la argumentación del abogado de la directora del INBA, conforme a la cual la máxima autoridad de ese establecimiento educativo –que según especialistas consultados con anterioridad por El Líbero, es una de las principales responsables de garantizar la seguridad de los estudiantes una vez dentro del recinto– “fue ofendida por el delito de incendio del artículo 475 del Código Penal”.
“El delito de incendio es un delito de peligro abstracto, cuya alta gravedad y pena (comparada con el delito de daños) radica en que no requiere de la afectación concreta a la integridad física de las personas”, prosigue el abogado, en un escrito que es de acceso público en la página del Poder Judicial.
El defensor de la rectora ahonda en su argumento: “En el caso concreto, el incendio del INBA el día 23 de octubre de 2024, en el que hubo varias personas y su presencia se conocía, implica que son víctimas todas las personas que estaban dentro del Internado y cuya seguridad colectiva se vio puesta en riesgo (tratándose de un delito de peligro
abstracto). Entre ellas se encontraba también la rectora María Alejandra Benavides”.
“No obsta a la conclusión anterior que María Alejandra Benavides Arestizabal también revista la calidad de imputada, según lo dispuesto por acta de audiencia de cautela de garantías de fecha 15 de noviembre de 2024, pues la rectora puede ser imputada por determinados hechos y víctima por otros diferentes”, asegura el abogado.
Ya dos años antes del incendio en el INBA, la rectora desató polémica luego de subir en su cuenta en Facebook una fotografía en la que aparece posando con una polera del grupo radical Antifa.
“Tenemos una ley -Aula Segura- que no hizo nada y todo el mundo pide que se derogue o modifique. El camino no es a través de lo punitivo. Esa es la mayor muestra de que tenemos que avanzar hacia el diálogo”, dijo Benavides en entrevista a La Tercera en mayo de 2022, titulada “Nunca he militado, pero soy una mujer de izquierda”.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: ALEGA HABER SIDO «FUNADA»
Luego de “aclarar” las razones por las cuales Benavides ostenta al mismo tiempo la calidad de imputada y de víctima en la causa que se sigue por los 35 estudiantes quemados en el liceo, el jurista solicita que “se dispongan medidas de protección” en favor de su defendida.
“Con fecha 25 de noviembre de 2024, un grupo de gente se juntó en la entrada del
Internado Nacional Barros Arana, ‘funando’ a la rectora Benavides, pegando fotografías que aludían a que ella habría criminalizado y reprimido estudiantes”, se señala en la solicitud.
De acuerdo con el relato del abogado, “los hechos violentos consistieron, específicamente, en que también pegaron fotografías de la cabeza cortada de la rectora sobre un plato con cubiertos a los costados y, además, arrojaron piedras hacia el INBA”.
A esa fecha, según el reporte del Minsal, 11 de los 35 estudiantes quemados permanecían hospitalizados.
“Las agresiones verbales y materiales del grupo también fueron contra otras personas, como el Subdirector Hugo Fuentes y el resto del equipo directivo, docente y de asistentes de la educación, quienes fueron intimidados e impedidos de salir del recinto”, se indica en la solicitud, en la que se asevera que los manifestantes también procedieron a lanzar piedras hacia un grupo de casas, entre las cuales está en la que vive Benavides.
La respuesta que, al menos al cierre de esta nota, había dado el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ante la solicitud de medidas de protección para la directora en su alegada calidad de víctima: “Ocúrrase ante quien corresponda”.
De acuerdo con información dada a conocer por La Tercera, profesores del INBA que declararon en Fiscalía aseguraron que Benavides “se enojó” porque algunos profesores sacaron en sus autos particulares a los alumnos rumbo a centros asistenciales. “No quería que nadie saliera del colegio”, se indica en esa publicación, de acuerdo con la cual la directora habría ordenado cerrar las salidas del liceo.
CELULAR DE BENAVIDES INCAUTADO
Esta semana se cumplió un mes desde que la Fiscalía incautó el celular de Benavides, en medio de los procedimientos de investigación.
El móvil fue tomado por las autoridades desde la oficina de la rectora, en un procedimiento que se efectuó el 30 de noviembre. La información figura en un escrito que presentó Benavides ante el Poder Judicial, y que también es de libre acceso en línea, en el que solicitó su devolución.
“Siendo aproximadamente las 12:00 horas, se apersonaron a mi oficina, la fiscal del Ministerio Público (…), con funcionarios del departamento OS-9 de Carabineros de Chile, para realizar la incautación de documentación administrativa del establecimiento que hoy dirijo, todo en el marco de la investigación de los hechos acaecidos el día miércoles 23 de octubre, en que alumnos del establecimiento resultaron lesionados en hechos que son hoy materia de investigación (…). Mientras se desarrollaba el trabajo de revisión e incautación por parte del personal policial en el interior de mi oficina, se me hizo saber que debía ser incautado mi teléfono móvil personal”, señala la directora en el documento que presentó el el 6 de noviembre ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
En ese mismo escrito Benavides denuncia que las autoridades no dejaron copia de la orden judicial para la entrada ni el registro, y que tampoco le indicaron el número de identificación de la causa.
La rectora no solo pide que le retornen el celular, sino también una audiencia de cautela de garantías. Fue entonces, el pasado 15 de noviembre, cuando a solicitud de la Fiscalía se estableció en instancias judiciales que la rectora “tiene participación en la causa como imputada”. (El Líbero)
