En la última reunión del directorio de TVN, el pasado jueves 16, se abordaron por primera vez los cuestionamientos al ex diputado UDI, Cristián Leay, representante de la colectividad en el canal, miembro del directorio del mismo, investigado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la emisión de boletas ideológicamente falsas en el marco del caso Soquimich.
Su nuera Trinidad Subercaseux Alessandri, casada con su hijo Alejandro Leay Cabrera, ya reconoció que emitió una boleta por $5 millones por la cual no prestó servicio alguno y cuyos dineros fueron entregados a su suegro: “No me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido Alejandro Leay, que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a SQM, por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de 20 días de nacimiento. El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por $5 millones y luego se lo entregué a mi suegro, Cristián Leay Morán. No conozco a nadie de la empresa Soquimich S.A.”, declaró ante funcionarios del SII, según publicó Ciper.
Además, en el listado que denunció el SII figuran otras personas ligadas al entorno de Cristián Leay, entre ellas, María Alejandra Bórquez Cousiño, vinculada al Centro de Estudios Nueva Minería y quien recibió de SQM $40 millones; asimismo, Carmen Luz de Castro Blanco, que participó en sus campañas. También ha trascendido que Cristián Leay se entendía con Patricio Contesse para obtener fondos de operación para la fundación Chile Justo, de Pablo Longueira.
En la reunión se acordó que el encargado de canalizar el tema sería el presidente del directorio, Ricardo Solari, y que nadie más debía referirse públicamente a la situación que afecta a Leay. Consultado por este medio, el ex ministro PS argumentó que se hará observación y seguimiento al caso, pero que no habrá pronunciamiento hasta que la Justicia dictamine si Leay es responsable de los cargos.
“Tratamos el tema en el directorio, hemos decidido que vamos a mantener seguimiento y observación, pero no tenemos, en relación a nuestros propios estatutos y procedimientos, por el momento, ningún pronunciamiento que hacer. Vamos a esperar los avances judiciales y en su oportunidad nos pronunciaremos”, explicó Solari a El Mostrador.
La tesis del directorio del canal estatal es la misma que ha defendido Jovino Novoa en la UDI: mientras los tribunales no se pronuncien, se mantendrá la presunción de inocencia y los dirigentes investigados se mantendrán en sus cargos, asimilando las responsabilidades políticas a las penales.
El fin de semana pasado, Carlos Peña en su habitual columna en El Mercurio, desmenuzó el argumento esgrimido por los políticos involucrados en los casos de financiamiento ilegal de campañas.
Por otro lado, la semana pasada los sindicatos de canal también conversaron el tema y acordaron esperar a tener más antecedentes, porque si bien Cristián Leay está siendo investigado, aún no ha sido imputado. De todos modos, aseguraron que, de comprobarse los hechos, “automáticamente quedaría fuera según la ley 19.132; esperemos a que decante un poco más. Vamos a dejar que la ley opere”, argumentó uno de sus dirigentes.
Algunos analistas de la industria, como Luis Breull, han señalado que esto compromete el carácter público del canal y la legitimidad del directorio: “El rol de los miembros del directorio de TVN no está enfocado en la gestión ni tiene un carácter ejecutivo, su rol es cuidar los equilibrios políticos. Esencialmente funciona como censor de la agenda política que el canal desarrolla a través de sus programas informativos. Obviamente el tema de Leay genera una situación muy compleja y puede incidir en el tratamiento de la pauta, es evidente que esto genera un conflicto de interés”.(El Mostrador)
