La plata de Democracia Viva lleva un año en una cuenta bancaria de un juzgado de Antofagasta. El dinero se mantiene allí, sin movimientos. Tampoco genera intereses. Son $294.957.312 pesos que corresponden al 70% del total obtenido por los tres convenios suscritos entre el MINVU de Antofagasta y la fundación presidida por el ingeniero y expresidente de la FECH Daniel Andrade. En total los tres convenios sumaban $426 millones.
El dinero quedó en manos del juzgado de Antofagasta luego de que el CDE pusiera una demanda en el Primer Juzgado Civil de Antofagasta, en un litigio aparte a la causa penal en la que es imputado Andrade. En ella, el organismo pedía que Democracia Viva restituyera $391.768.516 (el 91% del dinero), por los tres convenios que el SERVIU y el Seremi de Vivienda de Antofagasta celebró con la fundación, dentro del marco del Programa de Asentamientos Precarios.
Lo que exponen los defensores es que esa plata que demandó el CDE es una cifra que no se ajusta a la realidad del caso. Por eso la defensa de Andrade, liderada por el abogado José Ignacio Figueroa, presentó un recurso de apelación ante la Corte de Antofagasta, donde reside esta causa civil por las platas de Democracia Viva.
En ese documento explican de la siguiente manera la ruta del dinero: de los $426 millones iniciales, $131.615.770, el 30%, ya fueron gastados. De esos, $34 millones los aprobó el SEREMI MINVU, mientras que $97.384.286 “fueron observados u objetados (…), porque las rendiciones de cuentas fueron presentadas por la fundación con retraso (de 3 días en unos casos y 5 a 6 días en otros)”. Está en disputa en la causa civil de Antofagasta si es que esta plata fue bien o mal gastada por la fundación.
La defensa de Andrade sostiene que ellos encargaron un peritaje que demuestra que todo el dinero que fue gastado por la Fundación ($131.615.770) tiene respaldos. Es decir aseguran que toda la plata que ya no está tiene una explicación, tanto en materiales como en estudios en terreno.
A partir de la demanda civil del CDE es que el tribunal decidió, como medida precautoria, retener el dinero de la fundación. La medida fue dictada el 26 de julio del año pasado. El dinero estaba en la cuenta N°100155338 del Banco Estado y luego fue transferido a la cuenta corriente del Primer Juzgado Civil de Antofagasta, del Banco Estado. Allí se mantiene hasta hoy, casi un año después.
Figueroa asegura que Andrade siempre tuvo disposición de devolver el dinero y que hay correos que tienen en su poder que lo prueban. Por eso, no entienden cómo los fondos siguen allí considerando que parte importante de las acusaciones contra Andrade se basan en el monto total de los convenios.
“Fueron desde el Ministerio y luego desde el CDE quienes de manera inexplicable se han auto impuesto trabas para no recibir el dinero de vuelta, que corresponde al 70% de los montos que Democracia Viva recibió en virtud de los convenios cuestionados”, explica.
Según los defensores penales de Daniel Andrade, cuando el ingeniero se enteró del estallido del caso, presa del pánico, decidió restituir lo más rápido posible los fondos que no se utilizaron.
Por eso, comenzó a enviar correos a las contrapartes del SEREMI. El 29 de junio envió el primero. El asunto decía: “Termino anticipado de convenios (REX 504, 576 y 641)”. Iba dirigido a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, y al SERVIU de la misma región.
En él, Andrade expone que dada la crisis provocada por las tres transferencias de dinero, propone ejecutar las cláusulas número 16 de cada uno de ellos, así como devolver los fondos que no fueron utilizados.
“(Estamos) absolutamente disponible para celebrar los actos formales necesarios para el cumplimiento de esta finalidad e implementar el plan de cierre que estimen conveniente. Adicionalmente, estamos disponibles para volver a detallar las actividades realizadas, rendir pormenorizadamente los avances de lo convenido y poner a disposición de Uds. los dineros no utilizados en la tarea encomendada y que se encuentran intactos en la cuenta corriente de la Fundación”, escribió el ingeniero.
La respuesta a ese correo llegó desde Marietta Méndez, Jefa del Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura del Seremi de Vivienda de Antofagasta. En ella, le indicaron a Andrade que la información la harían llegar “a nivel central”, ya que “es facultad del Ministro el término anticipado de cualquier convenio”.
Casi diez días después, el 13 de julio, Andrade envió otro correo que tenía por asunto “Insistencia dudas para la restitución de fondos de Democracia Viva”. En él preguntaba otra vez: “¿A qué cuenta debemos transferir el dinero?”; “Dadas las circunstancias del cierre, ¿a qué mail debemos hacer llegar la rendición e informe técnico faltante del mes de junio?”; “¿cómo avanzar con las rendiciones que se encuentran pendientes de revisión y cuyas observaciones, a la fecha, no hemos recibido?”. Y añadió: “De manera informal se nos comunicó que la rendición de enero de los 3 convenios estaba aprobada, pero a la fecha no hemos recibido dicho oficio”.
La respuesta a esa insistencia llegó el mismo día, desde la misma institución. Le aclararon que esa secretaría “está trabajando en el proceso de liquidación de los convenios, para dar cumplimiento al plazo establecido en las resoluciones de término. Lo anterior será notificado junto con el procedimiento a seguir”.
Días después de esto, llegó el recurso que congeló el dinero en la cuenta del tribunal.
Es por esto que la defensa de Andrade emitió un recurso de apelación en ese mismo tribunal civil, el 8 de junio de este año.
“El saldo, que corresponde a casi el 70% del perjuicio que ha imputado el Ministerio Público, siempre ha estado a disposición del Fisco de Chile”, dice el escrito. “En consecuencia, la suma de $426.000.000 que el Ministerio Público imputó como perjuicio fiscal total, como consecuencia de la supuesta comisión del delito de fraude al Fisco, no es efectiva, esto es, se aleja de la realidad”, detalla.
Lo otro que apela el escrito, es que parte de los argumentos para denegar una “mejora” de su situación actual -arresto domiciliario total en la casa de su madre en La Florida- son los delitos que se le imputan. En la acusación que le han hecho al ingeniero, dice el escrito de la defensa, » se ha considerado judicialmente (a la fecha) que el delito quedó consumado con la mera entrega de los $426 millones a la fundación Democracia Viva”, pero no se ha tomado en cuenta “todo lo que ocurrió con dichos fondos con posterioridad a la entrega de los mismos”.
No obstante, otras instancias sí han considerado la intención de Andrade de devolver la plata que no gastó. Es por eso que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rebajó su medida cautelar, de prisión preventiva en Antofagasta a arresto domiciliario en La Florida.
¿Por qué el dinero entonces no puede ser restituido a las arcas del Estado? El escrito explica que, a pesar de la intención de Andrade de hacerlo de forma directa a través de correos electrónicos, donde pedía una cuenta corriente donde transferirlos, “se requiere la existencia de un equivalente jurisdiccional, lo que en los hechos implica la celebración de una escritura pública de transacción o conciliación entre el CDE y la fundación Democracia Viva”. Eso hasta ahora no ha sucedido.
Figueroa explica esto de otra forma: ya que la primera demanda del Consejo fue por el total de los convenios, es decir, $426 millones, no es posible restituir el dinero aún, ya que se necesitaría una demanda que se ajuste al total real de los montos que existen. En tanto, desde la Corte de Apelaciones de Antofagasta explican que la causa civil sigue en curso, y que falta esperar al fallo final.
El Consejo de Defensa del Estado fue contactado para este reportaje, pero decidió no participar. (La Tercera)
