Producto de la agitada discusión que ha renacido en torno a la catástrofe del Sename, no será extraño volver a oír la vieja pretensión sobre la preponderancia del Estado en la provisión de los servicios públicos. Así, bajo la lógica del dogma estatal, se propondrá que las necesidades públicas sean resueltas exclusivamente por el Estado, pues sólo él velaría genuinamente por su satisfacción, mientras que los privados deberán ser excluidos, pues sólo estarían conducidos por intereses egoístas y mezquinos.
En esa línea, llama la atención una serie de frases pronunciadas por el periodista Freddy Stock en el programa #MejorHablar, de TVN, afirmando que el problema del Sename no sería más que la delegación de una función del Estado a privados, pues éstos constituirían una red de influencias políticas, incluyendo a la Democracia Cristiana y a la Iglesia Católica, que ganarían “miles de millones pesos” a costa del sufrimiento de los niños más vulnerables del país.
Dichas aseveraciones, que son llamativas por su ligereza y falta de argumentación, son la manifestación de una posición política que ha retomado un cierto empuje en el último tiempo y que ha comenzado a disputar espacios en la política con un objetivo muy concreto: ampliar la esfera de acción del Estado en desmedro del aporte social de las organizaciones civiles. Ya lo decía Fernando Atria a principio de año sobre el Transantiago, ofreciendo como principal razón de su fracaso el que este servicio sería un “ejemplo inigualable de dogmatismo neoliberal”, es decir, otra muestra más de que los privados serían los responsables del fracaso de estos servicios, al no adecuarse a las condiciones del Régimen de lo Público.
A primera vista, esta posición hace gala de un simplismo difícil de igualar para describir los problemas de la comunidad política: el Estado –cual ente perfecto y angelical– obra siempre bien y los particulares siempre mal, porque se dejan conducir por su egoísmo. ¿No será un poco más complejo? ¿No hay dentro del Estado intereses egoístas, falta de cuidado y mucha desprolijidad? Pero al atribuir responsabilidad a los privados, los defensores del dogma estatal estarán en condiciones de sostener que lo que no es Estado solamente responde a intereses egoístas excluyentes de lo público –siendo el ánimo de lucrar su peor manifestación– y que sólo el Estado sería capaz de satisfacer la necesidad pública. En definitiva, ese “interés particular” no sólo sería distinto a lo público, sino que sería también incompatible.
Esta liviandad para describir la realidad olvida la complejidad de intereses que motivan a los seres humanos y que muchas veces estos actúan complementándose, antes que excluyéndose. No aparece inmediatamente a la vista que el simple hecho de que un privado se encargue de la protección de los niños más vulnerables constituya un problema. El dogma de lo estatal requiere una argumentación más rigurosa para sostener la incompatibilidad de intereses personales con los públicos.
Por otra parte, la posición que busca ampliar la esfera de acción estatal olvida que es precisamente la complementariedad público–privada la que ofrece soluciones integrales a los problemas públicos. De allí que no sea lógico pensar que los abusos dejarán de existir una vez que se elimine la propiedad privada en estos centros. ¿Acaso se detendrá a un abusador de realizar sus actos porque el centro en el que se encuentra es de propiedad estatal?
Enfatizar el debate en los términos en que los dogmáticos del Estado pretenden distraerá e impedirá ir al fondo del problema: la grave vulneración de derechos humanos de tantos niños que han permanecido invisibles por décadas. (El Líbero)
Pablo Valderrama, director de Formación de IdeaPaís
