Una intensa jornada vivió este lunes el caso Dominga. Tras el fallo del 9 de diciembre del Primer Tribunal Ambiental (1TA) que revivió el polémico proyecto minero de hierro y cobre, el frente judicial y político administrativo tuvo movimientos. Por un lado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó dos recursos, en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros.
El primero de ellos buscan impugnar la sentencia de la instancia judicial que resolvió acoger la reclamación de Andes Iron e invalidó la resolución adoptada por el comité en enero de 2023. Se trata de un recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la mencionada sentencia. Un documento de 161 páginas, suscrito por Benjamin Muhr en representación del SEA, que ingresó este mismo lunes. En él se sostiene que la decisión del tribunal ambiental incurrió en al menos seis tipos de infracciones, entre ellas, errores de interpretación de la cosa juzgada, errores de derecho al determinar el contenido discrecional del acto administrativo, y la acusación, contra dos ministras, de afectar los principios de imparcialidad y probidad administrativa.
En la extensa argumentación, se puede leer que el recurso de casación apunta al tribunal, porque sostiene que fue el propio Primer Tribunal Ambiental, en dictamen de 2021, el que “decidió retrotraer el procedimiento administrativo hasta la etapa de evaluación ambiental”. Agrega que al determinar expresamente el contenido discrecional del acto administrativo de reemplazo, cuando ordenó integrar el comité de ministros con miembros no afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad, la sentencia “delimitó prácticamente todos los aspectos del acto de reemplazo, limitando significativamente la discrecionalidad administrativa”.
Otro aspecto refutado fue la imposición de un plazo de 15 días para pronunciarse, señalando que el 1TA “incurre en falsa aplicación de Ley”.
En un escrito separado, el SEA solicitó al Primer Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos de la sentencia, mientras se tramite el recurso de casación, basado en que, de cumplirse la sentencia de primera instancia, podría volver imposible el cumplimiento futuro de un hipotético fallo anulatorio por parte de la Corte Suprema. En esa línea, el escrito argumenta que, en caso de no suspenderse los efectos del “podría darse el indeseable caso de que el titular puede ya haber construido la mayor parte del proyecto al momento en que la Excma. Corte Suprema resuelva los recursos de casación interpuestos, habiendo ejecutado obras materiales de una entidad importante, que serían materialmente imposibles de deshacer”.
Agrega que además son posibles “a lo menos” dos escenarios: que el Comité de Ministros rechace los recursos presentados en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), o bien que los acoja, y en ambos casos concurran recursos judiciales ya sea por parte del titular, o bien por los opositores de proyecto
SE INHABILITAN SEIS MINISTROS
En paralelo, el frente administrativo tuvo una sorpresiva novedad. El Comité de Ministros realizó una sesión extraordinaria en la que resolvió que todos sus integrantes se inhabilitarán de participar en una próxima sesión que resuelva el futuro de proyecto Dominga.
La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo explicó así: “Los ministros de integramos el comité, esto es Medio Ambiente, Minería, Salud, Energía, Economía y Agricultura nos inhabilitaremos de participar en una próxima sesión que resuelva el proyecto Dominga”.
Según detalló, la razón de la decisión adoptada es porque “ya nos pronunciamos con nuestro voto en el comité de ministros que se realizó el 18 de enero del año 2023″. Aquello involucra a cinco ministros que rechazaron el proyecto en enero de 2021: Maisa Rojas, Ximena Aguilera, Diego Pardow, Nicolás Grau y Esteban Valenzuela.
En el caso de la ministra de Minería, Aurora Williams -quien no participó de esa sesión, sino su antecesora, Marcela Hernando-, la decisión responde a un pronunciamiento realizado durante su primer período como titular de la cartera, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, cuando participó de la sesión N°5 del Comité de Ministros del año 2017, que rechazó igualmente el proyecto Dominga.
Además, el gobierno definió realizar una consulta a la Contraloría General de la República para resolver la composición y la presidencia del Comité de Ministros que se deberá pronunciar sobre el proyecto.
Si bien conocedores del derecho ambiental y procesal califican la medida como parte de una estrategia dilatoria, ya que los tiempos de Contraloría no alcanzan para que el Comité esté conformado el 31 de diciembre, cuando se cumple el plazo de los 15 días para pronunciarse ordenados por el Tribunal Ambiental, cercanos al caso reconocen que la medida adoptada responde a una legítima duda de quién puede presidir el Comité. Esto, porque si bien las subrogancias están definidas en el reglamento de la instancia, que establece que los subsecretarios deben reemplazar a los ministros en cada cartera, en el caso del Ministerio del Medio Ambiente, el subsecretario Maximiliano Proaño también estaría inhabilitado para conformar el órgano colegiado.
“Se dieron cuenta que él también emitió una opinión, y él debía ser el presidente subrogante, pero eso ahora no está tan claro”, comentan.
Las mismas fuentes eso sí remarcan que para sesionar, el comité no requiere la presencia de seis ministerios, y que en caso de no estar Medio Ambiente, la cartera que subroga debiera ser Salud. (Pulso)
