Cual final de temporada de una serie televisiva, la intensa trama judicial del proyecto Dominga sumó este lunes uno de sus capítulos más álgidos. El viernes, el gobierno había insistido mediante recurso de reposición ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA) para que se suspendieran los efectos de la sentencia que revivió al polémico proyecto minero-portuario.
Sin embargo, este lunes la entidad judicial rechazó nuevamente la solicitud del Ejecutivo, restando menos de 24 horas para que venza el plazo que obliga al Comité de Ministros a dictar una nueva resolución sobre el futuro la iniciativa que impulsa Andes Iron, firma ligada a la familia Délano.
En una resolución dictada con el voto favorable de los ministros Sandra Álvarez y Cristian Montecinos, pero con la prevención de ministro Alamiro Alfaro -quien ya había votado en contra del recurso presentado en primera instancia-, la entidad judicial especializada estimó que no existían nuevos antecedentes para modificar el criterio aplicado previamente, resolviendo así, por segunda vez en menos de siete días, un “no ha lugar” al recurso presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Con ello, el Ejecutivo sufrió un nuevo revés en su estrategia legal, que busca hacer frente al mandato del 1TA para que el Comité de Ministros dicte una nueva resolución. En su sentencia del 9 de diciembre, la entidad judicial otorgó un plazo de 15 días para que la instancia ministerial dictara resolución, y lo hiciera con representantes que “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”, conminándolos además a “dictarse conforme con los pronunciamientos de los OAECA que sean coherentes con lo establecido en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento con el deber de fundamentación y con el principio de protección de la confianza legítima”.
Esos 15 días vencen este 31 de diciembre, pero la interpretación del gobierno es que, al menos, una parte del fallo ya fue atendida. Específicamente, el lunes 23, cuando el Comité de Ministros sostuvo una sesión extraordinaria con el propósito de “abordar el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia del Primer Tribunal Ambiental”, según consta en el acta de dicha sesión.
Sin embargo, en la ocasión no se dictó resolución alguna, sino que resolvieron adoptar dos caminos: presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, en paralelo, buscó suspender los efectos de la sentencia del 1TA. Además, en esa ocasión todos los actuales ministros del Comité se inhabilitaron de conformar la instancia, por ya haberse pronunciado previamente sobre el proyecto, por lo que anunciaron un consulta a la Contraloría General de la República sobre quiénes debían integrar, y específicamente, quién debía presidir la instancia ministerial, siguiendo el criterio establecido por el 1TA. Dicha consulta al órgano contralor fue ingresada recién el pasado jueves por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría del Comité de Ministros.
Con todo, en La Moneda se mantendrán a la espera del resultado de la consulta a Contraloría, pese a que no existe claridad de cuándo habrá una respuesta del órgano contralor. Aunque no se descarta que haya un pronunciamiento “express”, la consulta es inédita y no existe jurisprudencia en la materia.
La ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que la duda de quién debe presidir el Comité “nos dejó en una situación que es necesario resolver (…) entendiendo que no necesariamente aplican las reglas de subrogación habituales”. Además, fijó la posición del gobierno para no citar a una sesión para este martes: “nosotros hacemos la consulta y ahora estamos a la espera de ese pronunciamiento”, indicó.
Etcheverry agregó que, si bien existe un plazo para dictar una resolución, este “responde a poderes del Estado que son independientes, y nosotros como gobierno estamos tomando todas las medidas necesarias para poder llegar a la solución correcta”.
“Todavía no se cumple ese plazo, por lo tanto no podemos anunciar cuál es el resultado o cuál es la medida que se va a tomar, porque todavía quedan algunas horas (…) para poder analizar la situación y poder tomar la mejor definición posible”, subrayó.
Con todo, según abogados que siguen de cerca el caso, la respuesta de Contraloría podría simplemente remitirse al cumplimiento de lo que dicta la Ley. Y aunque el estatuto del Comité de Ministros no hace explícita la forma de subrogar la presidencia, según dichos abogados la manera de resolver el punto pasa por dejar en el Ministerio de Salud el liderazgo, al ser la segunda cartera mencionada después de Medio Ambiente como las carteras que integran el órgano colegiado.
En ese caso, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, sería la encargada de presidir el Comité de Ministros.
RECURSO DE QUEJA
En paralelo, el expediente del proceso judicial sumó un nuevo documento proveniente del gobierno. Este lunes, el abogado del SEA, Benjamín Muhr, ingresó una solicitación de certificación ante el 1TA, donde se solicitaba acreditar el rechazo al recurso de reposición dictado por la entidad judicial.
Según se lee en el escrito, el certificado fue solicitado “con el fin de presentar el correspondiente recurso de queja”. Abogados que conocen de este tipo de recursos, explican que la única instancia para presentar una queja es ante la Corte Suprema, y buscaría reflejar la molestia con el actuar de los ministros que integran el 1TA, además de reflejar que han votado divididos a la hora de suspender los efectos del fallo que devolvió el caso al comité gubernamental.
Sin embargo, conocedores de la estrategia señalan que en la defensa del gobierno están analizando escenarios y el recurso de queja es parte de las opciones. Mientras eso se evalúa, el certificado fue resuelto según lo pedido por el mismo 1TA. (Pulso)
