El presidente de la Republica ha entregado su segunda cuenta pública, esta vez, la primera correspondiente a un año completo de su administración, ocupando para ese efecto un total de más de tres horas y media y marcando así un récord en extensión en la materia desde los inicios de la democracia, en 1990.
Su tono convergente, democrático, con insistentes llamados a la unidad nacional, así como su moderación, transversalidad y reconocimiento de la labor realizada por administraciones anteriores que posibilitaron la materialización de obras asumidas como propias, han sido debidamente destacadas y aplaudidas por diversos analistas y sectores políticos.
Las insuficiencias de su gestión, empero, quedaron invisibilizadas bajo la avalancha de propuestas, ideas, líneas matrices y proyectos, los menos, concretados o iniciados, los más, por realizar, que, incluyeron logros del país o del Estado en los que el Gobierno es actor secundario, tales como la construcción del primer rompehielos completamente ensamblado en Chile y en Latinoamérica, el “Almirante Óscar Viel”, lanzado a fines del año pasado desde el astillero Asmar de Talcahuano; o el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, cuya viabilidad se funda especialmente en la acción que ha realizado el sector privado; o el logro de la construcción de 60 mil viviendas sociales, buena parte de las cuales proviene de inversiones de gobiernos anteriores.
Así, más allá de las seis iniciativas estrella que la administración ha empujado como parte de su programa, entre ellos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas para el 2025; el aumento del salario mínimo a $500 mil para mediados del 2024; el copago “cero” en salud para los afiliados a Fonasa; el pago forzado de pensiones de alimentos; la ley TEA y el Royalty a la minería, el resto de su informe se refirió a propuestas por desarrollar, poniendo como ejes los derechos sociales, el desarrollo sustentable y la seguridad ciudadana, aunque condicionando su materialización a recaudar los recursos permanentes para hacerlo, es decir, a una reforma tributaria, dado que se trata de gastos permanentes. Disciplina fiscal, punto a favor.
Demás pareciera señalar que la cuenta provocó también un dejo de insatisfacción entre quienes, de una parte, esperaban novedades ingeniosas y atrevidas para vadear la actual crisis económica que ha suscitado una fuerte caída del consumo -¿bono de invierno?- y un aumento del desahorro; y de otra, medidas claras y resueltas para detener, o al menos morigerar, el desenfreno de jóvenes aprendices delictuales de los que usufructúan tanto el crimen organizado, como el narcotráfico, en la forma de pequeños soldados y habituales consumidores. Para la macrozona sur, entretanto, si bien se avanzó en calificar, por fin, ciertas acciones de la insurgencia local como actos “terroristas”, tampoco hubo anuncios que dieran esperanzas a los habitantes de dichas áreas de que tendrán una vida más segura gracias a una más eficiente y extensa presencia del Estado y su fuerza civilizadora.
Los sectores oficialistas, por su parte, leyeron el discurso en una tonalidad que hizo destacar a uno de sus diputados “la virtud (del Presidente) de marcar una orientación moral y un liderazgo espiritual”, mientras que otros, menos apasionados, si bien elogiaron los proyectos estrella ya aprobados y varios de los esbozados por venir (como la red de ferrocarriles), no dejaron de alertar sobre la necesidad de acuerdos con la oposición que hagan posible, a la brevedad, las mejoras económicas y sociales pendientes en el Congreso, al tiempo que avanzar en aquellos aspectos de la gestión que no dependen del parlamento y que pueden dar a luz con decisiones administrativas.
Es decir, no obstante la persistencia presidencial de hacer política mediante su apoyo sistemático y expreso a demandas identitarias, de género, indigenistas o sectoriales -entendidas como exigencias de derechos humanos- desde ambos conglomerados de apoyo parecen insistirle en la necesidad de una política de mayor amplitud y alcance, tal como, por lo demás, han venido insistiendo sectores socialdemócratas desde antes del nuevo fracaso político del 7 de mayo, un hito respecto del cual el Presidente apenas hizo referencia, sin dar cuenta que sus resultados constituyeron una obvia reacción a su pertinacia y la de una parte de sus aliados, en el sentido de que “no hay renuncia” a sus propósitos refundacionales y hasta acusar de aquello a la invitada de honor del mandatario a la cuenta, la expresidente Michelle Bachelet. Como dijera un ex senador, el legado del Gobierno de Boric podría terminar siendo “el haber fortalecido a la ultraderecha”.
Y es que, con toda seguridad, debe resultar odioso y complejo tener que autocriticarse y dar cuenta pública del estrepitoso fracaso de una estrategia que pretendía superar “los 30 años de injusticias, inmoralidad y corrupción” que habrían caracterizado a los gobiernos de la ex Concertación y Chile Vamos, adoptando un drástico programa que cambiaría la faz de Chile desde sus más profundas raíces, gracias al supuesto apoyo mayoritario de un pueblo consciente que, tras aprobar una nueva constitución plurinacional, reanudaría a paso firme la marcha hacia la instalación de una sociedad socialista del siglo XXI, que fuera detenida en 1973.
Pero en este proceso, el pueblo no solo rechazó la propuesta convencional, sino que, luego, convocó mayoritariamente a los sectores más conservadores del país a la redacción del nuevo intento, dando señales más que evidentes del repudio mayoritario a la citada estrategia oficialista -que tuvo solo el 25% de los votos en primera vuelta presidencial- y que persiste en el sentido común de la gente.
De allí que resulte tan extravagante la insistencia en un programa original cuya profundidad y viabilidad en áreas como la previsión o la tributación, ya está perfectamente delimitada tras más de cuatro años de discusiones parlamentarias, razón por la que el Ejecutivo podría lograr una reforma previsional y tributaria expedita, pudiendo aumentar rápidamente las jubilaciones a millones a un mínimo de 250 mil pesos, tal como, por lo demás, quedó esbozado el proyecto que no pudo aprobar la administración anterior, así como avanzar sobre los rieles de la reforma tributaria aprobada en febrero del 2020, bajo el gobierno de Piñera, y que, en régimen, aumenta los ingresos del Fisco en 1% del PIB.
Pero pareciera que el país vive realidades paralelas. Unas, que se fundan en sueños de igualitarismo tribal justicialista en los que la “tortilla se vuelve” haciendo pagar sus pecados a los poderosos bajo el supuesto de instalar una estructura de autoridad justa y buena e impulsar una sociedad colaborativa de todos y con todos, gracias a la serena conducción espiritual de un líder moral que muestra el luminoso destino de una tierra prometida en la que todos convivirán en paz, armonía y abundancia. Otra, en la que las carencias diarias, el esfuerzo para conseguir y sostener lo logrado, las deudas, las amenazas de perder lo alcanzado, la inseguridad laboral, la inseguridad física y de salud, ponen esos problemas reales en el primer lugar de una lista que, para el oficialismo, pareciera seguir volando a la altura de sus abstracciones.
Esas realidades paralelas se manifiestan, a su turno, en discursos divergentes que explican las muy diversas reacciones que produjo la cuenta pública del mandatario y demuestran lo complejo que resulta hilvanar un relato social que vaya haciendo converger las percepciones de realidad, al tiempo que abra puertas y sueños viables compartidos. Desde luego, en el caso de la presente cuenta, al leerla parece imposible no coincidir con muchos de sus objetivos de alcanzar un país con menos desigualdades y carencias duras, que abra y no cierre el acceso a la igualdad de oportunidades y otorgue amplias libertades de expresión y creación a sus ciudadanos, encarando los problemas con más y no menos democracia.
No es, empero, ese el propósito explícito de todos los partidos y movimientos que conforman su apoyo político, para varios de los cuales la prioridad social se debe imponer sobre la personal, razón por la que ya se escuchan similares críticas al interior del actual oficialismo, a las que se comenzaron a oír en los ‘90 entre los llamados “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. Por cierto, el presidente ha pasado a formar parte de ese último colectivo, ocasionando las primeras reacciones de molestia del izquierdismo nacional y latinoamericano: desde Venezuela, Diosdado Cabello; y de Bolivia, con Evo Morales.
Posiblemente, la esperada autocrítica ante sus fracasos políticos del 4-S y el 7-M se esté manifestando entonces en la cada vez más obvia moderación discursiva de sus propuestas y expectativas de transformación del país y sus instituciones, tanto por lo señalado en la Cuenta -en la que la transformación de Carabineros despareció-, como en sus más recientes discursos y declaraciones en las que ha instado insistentemente a la oposición a buscar acuerdos, aceptando que nadie conseguirá 100% de sus propósitos y dando validez democrática a lo que ha denominado “subóptimos”, una práctica que se asemeja cada vez más a “aquella repugnante tradición concertacionista-derechista” de negociar los diversos intereses en juego, con arreglo a las propias concepciones de mundo “en la medida de lo posible”.
Si ese fuera el caso, habrá que ver todavía con que apoyo cuenta en el Congreso de parte de los senadores y diputados de sus partidos y movimientos “autoflagelantes” para converger -sin aquel perdido impulso refundacional- en más ágiles soluciones a los problemas urgentes de los chilenos, quienes, eso sí, hace tiempo viven en “subóptimos” a la espera que el Estado les brinde de vuelta parte de esos tres meses que trabaja para el Fisco, al menos, pudiendo transitar libremente por las calles de la ciudad y sin miedo a ser asaltado, herido o muerto. Estos hechos no son “narrativas construidas”, sino realidades que día a día colman la paciencia y esperanza de millones de chilenos que quisieran vivir en un país como el que el presidente describió en su cuenta.
Si el Gobierno de Boric solo consiguiera pacificar las calles de las grandes ciudades, así como la insurgencia en la macrozona sur, su administración pasaría a la historia. Sin embargo, la multitarea que el propio presidente se ha impuesto -como buen millenial– parece dispersar sus esfuerzos y limita sus perspectivas obligándolo a ver todo a través de la solución de recaudar más recursos vía reforma tributaria para hacer las cosas. Si todo músico necesitara una sinfónica para componer, habría poca innovación artística. Un buen Gobierno avanza en sus propósitos “con los instrumentos que tiene”, sin esperar que los ciudadanos le entreguen aún más de sus esfuerzos diarios para que el Ejecutivo pueda cumplir lo prometido y, luego, además, atribuirse la realización.
El mandatario no debería olvidar que el peor escenario posible para su Gobierno es que, aún con reforma tributaria, sin poder recoger efectivamente más recursos, dada la baja actividad económica presente, culmine su período en el mismo punto en que lo dejó la anterior administración en áreas tan principales como la seguridad, previsión y salud. Así, más vale ajustar el relato a una realidad menos rimbombante y converger en ella con las mayorías, que seguir flotando en una realidad paralela que solo convoca a minorías. (NP)
