Editorial NP: Día Internacional de la Mujer y la nueva Constitución

Editorial NP: Día Internacional de la Mujer y la nueva Constitución

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Hoy lunes 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer. Institucionalizado por ONU en 1975, busca relevar la lucha de la mujer por su desarrollo integral como persona y su participación plena y en pie de igualdad dentro de la sociedad.

Su origen se remonta a 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, ocasión en la que se aprobó el “Día de la Mujer Trabajadora”, comenzando a celebrarse al año siguiente. Así, la primera conmemoración internacional se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza y desde entonces se ha extendido a otros países y continentes

El Día Internacional de la Mujer, como parece lógico, no solo deviene de la actividad de mujeres que ya integradas al mundo del trabajo sintieran más directamente los efectos de un patriarcado milenario y discriminador, sino que también es especialmente recordado por diversos grupos feministas constituidos por un conjunto heterogéneo de ideologías y movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como propósito transversal la igualdad de derechos entre varones y mujeres.

Desde luego, este llamado a la igualdad de derechos es una demanda de largo aliento y se expresa ya en publicaciones francesas del siglo XVII, previas a la revolución, como De l’Égalité des hommes et des femmes (1622), de Marie Le Jars de Gournay, aunque el concepto de feminismo se comience a usar recién en el siglo XIX y posteriormente surjan de aquel una diversidad de modalidades como el feminismo cultural, feminismo liberal, ecofeminismo, anarcofeminismo, feminismo de género, feminismo socialista, separatista, feminismo filosófico, islámico y lésbico, entre otros.

El Diccionario de la lengua española recoge por primera vez el neologismo “feminismo” en 1914 definido como “doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los varones”, una redacción que revela el matiz patriarcal contra el que se alega, aunque en su segunda acepción se le precise como “movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los varones”, el que, empero, recién se incorporó a la edición de 1992.

En Chile, la lucha por los derechos de las mujeres y el surgimiento del feminismo se remonta a fines del siglo XIX destacando entre sus promotoras a la española Belén Sárraga quien visitó el país en 1913, dictando charlas e impulsando la creación de los primeros centros feministas. Papel relevante tuvieron, a inicios del siglo XX, la abogada chilena Elena Caffarena, quien fue decisiva en la consecución del derecho a voto femenino y que, junto a Flor Heredia, redactara el proyecto de ley que fue promulgado en 1949 por el presidente Gabriel González Videla. Y ya para 1953, Chile tenía su primera mujer senadora, María de la Cruz Toledo, elegida con más del 50% de los sufragios, tras haber ayudado a fundar, en 1946, el Partido Femenino de Chile, cuya existencia se extendió hasta 1954.

Más allá de la presencia histórica de mujeres en el liderazgo nacional, como los casos de Inglaterra, Escocia o Rusia, desde el citado momento democrático electoral, en solo poco más de 70 años y emulando los pasos que en este sentido comenzaron a recorrer en el siglo XX naciones como la propia Inglaterra, Israel, India o Alemania, el país ha logrado tomar delantera en la presencia de mujeres en cargos de alta responsabilidad político gubernamental que incluyen la Presidencia de la República, el Senado, Cámara de Diputados y la Corte Suprema, respecto de lo que ha sucedido hasta ahora en democracias avanzadas, como las de Estados Unidos o España.

La continua lucha de las mujeres por alcanzar, en los hechos, la igualdad buscada en una brega de siglos por sus libertades y derechos, las sorprende hoy en Chile a días de la elección popular de una Convención Constituyente cuya composición será, por primera vez en el mundo, paritaria, razón por la que tendrán la posibilidad política de marcar un sello de género en la nueva carta que emerja, esperando, eso sí, que sus diferencias filosóficas, fraccionales o partidistas no hagan zozobrar un esfuerzo más que centenario, pues ellas parecen tener, en lo sustantivo, más convergencias que divergencias en su proyecto reivindicativo.

Expresiones públicas de mujeres de distintos colores partidistas y de diversas orgánicas femeninas permiten prever cuales son esos sellos que, más allá de sus posiciones particulares, podrían marcar la nueva constitución. Destacan el “consagrar la igualdad y la no discriminación en cuanto al género”, y “una educación no sexista”, así como garantizar “la autonomía sexual y reproductiva de la mujer como derecho autónomo” habida consideración de la subsistencia de un cierto “control sexual que opera como dispositivo histórico de dominación”, según han declarado.

Otra demanda apunta al derecho a un efectivo acceso a la justicia, “sin sesgos ni discriminaciones” lo que si bien se encuentra consagrado en tratados internacionales suscritos por Chile, observan que la efectiva igualdad de trato ante la ley implica una tutela real y con perspectiva de género del Estado, de modo que éste asegure prevención, investigación, sanción y reparación de la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres, entendiéndola como un problema público que amerita acciones estatales y no como uno privado y menos de mera responsabilidad de la víctima.

En el ámbito económico, por otro lado, Chile es uno de los países con menor porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral de los países de la OCDE, al tiempo que, no obstante los avances de los últimos años, las brechas en remuneraciones por igual trabajo con los varones han persistido. Adicionalmente, el trabajo femenino en el hogar y cuidados no remunerados que realizan en torno a niños y adultos mayores ahonda tales diferencias, a pesar que, si se contabilizaran, el impacto favorable en el PIB sería de sobre el 20%, razón por la que organizaciones de mujeres han instado a que el trabajo hogareño sea considerado actividad productiva con todas sus consecuencias jurídicas.

Asimismo, en Chile más del 50% de las familias tiene como jefa de hogar a una mujer. De allí también la necesidad de dar pasos para garantizar mayor diversidad en el concepto de familia, un punto que tiene fuerte impacto en cómo se organiza la sociedad y las leyes en sus aspectos patrimoniales civiles y penales. En este ámbito, las mujeres han expresado la necesidad de una nueva redacción del artículo correspondiente a la definición de familia, así como la debida protección extendida por parte del Estado en el marco de esa nueva definición.

La igualdad de derechos importa igualdad en dignidad prolongada en el tiempo, es decir, una que desde lo privado termina incidiendo en lo público y que, por razones culturales, ha tendido a discriminar la presencia de la mujer en el aparato del Estado, interpretado éste históricamente desde una perspectiva patriarcal de orden y poder contenedor de la violencia. Diversos movimientos de mujeres han puesto aquí su énfasis en la necesidad de avanzar hacia la paridad en el acceso a los cargos públicos de las instituciones fundamentales del Estado, así como de sus organismos autónomos y en los procesos electorales populares, áreas en la que, si bien en el país se han producido sustanciales progresos en los últimos años, aún muestra cierta subrepresentación en varios frentes. No está de más recordar la baja representación femenina en los directorios de las grandes empresas privadas del país, en donde recién se comienzan a dar tímidos pasos, pasando de aquella concepción paternalista que veía la presencia de mujeres en altos puestos de poder corporativo como un subsidio o discriminación positiva, a una real valoración del aporte que ellas realizan en el modo de conducir las compañías más grandes del país.

La conmemoración del Dia Internacional de la Mujer es, pues, un momento ideal para la reflexión sobre estos y otros temas de relevancia para el desarrollo personal y expansión de los derechos sociales de las mujeres. Unidas la razón y la pasión pacificadora, creadora y unitaria que caracteriza al género en esas decenas de encuentros y reuniones que se han programado para hoy y en los que, se espera, se mantengan las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por el consenso médico ante la pandemia que no cede, se podrá celebrar la memoria de aquellas mujeres que han luchado por las libertades del género; y, en una discusión moderada y sin prejuicios sobre aquellos temas que las convocan, surjan nuevas propuestas que la mayoritaria votación femenina del electorado nacional termine confirmando, tanto en la selección de sus representantes a la Convención, como en la redacción y contenidos de la primera constitución del mundo que será elaborada igualitariamente por hombres y mujeres. (NP)

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