La Cámara de Diputados ha aprobado, en general y en particular, sendos proyectos de reforma constitucional que establecen la paridad de género, participación de independientes y escaños reservados para pueblos originarios en el proceso constituyente, revirtiéndose así un previo rechazo ocurrido en sala a similares propuestas presentadas por RN y parte de la oposición el día anterior. Ahora dichos cambios pasan al Senado en donde las expectativas son de que sean aprobados, aunque con algunas indicaciones que aborden los problemas conceptuales de que adolecen, según han señalado senadores de centro derecha que podrían otorgar la mayoría requerida en la cámara alta.
No obstante que inicialmente se había contemplado la posibilidad de que dichas normas se ingresaran como reformas de Ley Orgánica Constitucional de modo de mantener coherencia con lo suscrito en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, así como con las propuestas de la Mesa Técnica respectiva, éstas terminaron siendo aprobadas por la Comisión de Constitución de esa corporación como reformas constitucionales a los artículos transitorios de la actual Carta, lo que posibilita, de ser aprobadas por el Senado, que no deban pasar por control de constitucionalidad del Tribunal pertinente.
En sala, los diputados aprobaron las propuestas por amplias mayorías, en especial las que aseguran la paridad de género y un mecanismo para mayor participación de independientes, los cuales fueron sancionados con 144 votos a favor y solo uno en contra. Sin embargo, en la votación en particular, el tema paridad de género se aprobó en votación dividida de 98 a favor, 30 en contra y 17 abstenciones, acto en el cual la oposición votó en bloque, mientras RN se fraccionó (10 a favor, 4 en contra y 14 abstenciones), Evópoli aprobó y la UDI rechazó, con una abstención, considerando que se esperaba perfeccionar estos temas a través de iniciativas del Ejecutivo y que se había acordado, en el caso de la paridad, que se diera en la fase de competencia. Como se sabe, sin embargo, la norma aprobada por los diputados establece que las listas conformadas por un solo partido, independientes y pactos electorales “deberán estar encabezadas por una candidata mujer y se ordenarán sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres”, al tiempo que se fija un mecanismo de corrección ex post a la elección de los constituyentes.
Esta decisión de diputados de RN y Evópoli impulsó a la UDI a suspender su participación en Chile Vamos, argumentando “incumplimiento” en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución suscrito por 10 partidos de diversa extracción política el pasado 15 de noviembre y en el cual estos temas no estaban contemplados, pero respecto de los cuales la oposición insistió en su derecho a “perfeccionar” el convenio, mientras el oficialismo -con el propósito de honrarlo y aprobarlo en los tiempos disponibles- buscó separar aguas entre el Acuerdo propiamente tal y las propuestas complementarias, legislándolas en paralelo a la materialización y aquiescencia del proceso constituyente acordado.
El Senado, por su parte, despachó a ley ese mismo día la reforma constitucional que habilita el plebiscito de entrada y, con ello, dar inicio al proceso. La norma aprobada reforma el Capítulo XV de la Constitución vigente, estableciendo un método para elaborar una nueva Carta mediante la convocatoria al plebiscito fijado para fines de abril. Asimismo, hace unos días, la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional que reponga el voto obligatorio en elecciones y plebiscitos, de manera de dar una mayor legitimidad participativa a estos cambios.
La UDI ha criticado, en particular, la propuesta de corrección de salida a la elección de los convencionales, en la medida que la norma obligará a revisar la voluntad popular expresada en el sufragio, al exigir que, no obstante las mayorías manifestadas en los votos, la Convención quede conformada de modo paritario con 50% de mujeres y 50% de hombres, sin importar si en las listas competidoras los más votados fueran hombres, pues, tal resultado se deberá corregir instalando como convencional a la mujer que haya logrado la votación inmediatamente inferior al mayoritario, de modo que la Convención quede porcentualmente equilibrada.
La complejidad burocrática y formalidad jurídica de la tramitación de este intempestivo e imprevisto proceso constituyente, así como la presión temporal y político-ciudadana en medio de la cual se ha estado desenvolviendo, no solo ha conspirado contra una más clara y comprensible comunicación social del asunto, sino que ha culminado enajenando aún más el interés ciudadano en tan relevante tema, profundizando esa lejanía ya existente entre las personas comunes y las elites partidistas, que aparecen más preocupadas de los efectos en la redistribución del poder que estos cambios establecerán, que del impacto que las modificaciones pudieran tener en una más pronta resolución de las demandas que la ciudadanía ha hecho patente en sus recientes manifestaciones y protestas.
En efecto, resulta poco transparente saber cuáles han sido los fundamentos democráticos que han guiado las diferencias que no solo han dividido a partidos de derecha y centro derecha, sino también a la centro izquierda e izquierda. Y si bien la UDI ha reclamado, no sin cierta razón, sobre el distorsionador impacto que una corrección de salida tiene en el valor del voto, pues aquella implica intervenir la voluntad de los sufragantes al favorecer ex post artificialmente a ciertos sectores o grupos, también es cierto que no hay realmente un modelo electoral que asegure el ideal de “una persona, un voto” y que, en todos y cada uno de ellos, se presenta la amenaza de favorecer a unos y dañar a otros, pues al comprimir en centenas la voluntad de millones, no hay matemática que logre establecer la igualdad de validez representativa.
A mayor abundamiento, el argumento político según el cual al haber cierto porcentaje de mujeres, pueblos originarios o independientes en una población determinada lo justo sería que ese guarismo se manifestara en igual proporción en el espacio de representación política, guarda muy poca o ninguna relación con la cualidad sistémico-social que se busca instalar en los órganos de creación constituyente, al tiempo que abren enormes forados a la concepción de democracia representativa en la medida que otros grupos de interés de género, origen, posición social o económica, culturales o religiosos, quisieran también estar representados “gremialmente” como tales, concepción más parecida a un corporativismo que a una democracia liberal.
En Chile y otras democracias del mundo, el concepto de ciudadanía se establece por el solo imperio de dos o tres variables, a saber, edad y lugar de nacimiento y para extranjeros, el estar avecindados en Chile por más de cinco años. Con el progreso democrático se han ido eliminando otras exigencias previas como el nivel educacional, patrimonial, sexo o discapacidades. Se entiende, de esa forma, que un ciudadano puede tener, en sí mismo, todas las categorías instaladas en la discusión constituyente -como, por ejemplo, ser mujer, lesbiana, profesora, independiente, de clase media, católica y de origen mapuche- pero no ser representativa necesariamente de ninguno de los grupos sociales asociados a la discusión de cuotas, o, al revés, responder a solo uno de aquellos, limitando así la llamada “eficiencia” de la norma.
Así y todo, también es cierto que -merced al estudiado proceso de oligarquización- las organizaciones sociales tienden a la inercia en sus estructuras de poder y que éstas siempre buscan reproducir su arquitectura en función de la estabilidad del orden instalado, razón por la que la energía social que produce cambios tiende a acumularse, amenazando con el estallido y desorden. Por consiguiente, una sana conducción política que privilegie el orden social -entendido como el estado de cosas en que las diferencias se resuelven mediante razón y no con violencia-, debe disponer de herramientas que posibiliten, cada cierto tiempo, la renovación de sus diagnósticos o de sus cuadros de elite, que refresquen la gestión administrativa, así como con mayor empatía, tan necesaria para advertir las señales que la sociedad en su conjunto envía en función de sus propias demandas de una vida más plena y mejor.
De allí que, a pesar que hay razones para escuchar las aprensiones señaladas por la UDI, también de esta polémica emerge como principal enseñanza que fue la propia sordera de las actuales elites -“no son 30 pesos, son 30 años”- la que impulsó el estallido y que si este se hubiera procesado con oportunidad, la polémica por cupos y escaños reservados o, incluso, la propia necesidad de una nueva constitución, probablemente no estarían a la orden del día, razón que, con mayor razón, hace aconsejable, política y socialmente, adoptar con urgencia los cambios que han surgido como demandas objetivo-subjetivas de los ciudadanos que han mostrado su descontento en las calles.
En todo caso, si hubiera que hacerse cargo de ideas que, como dijéramos, pueden distorsionar la voluntad popular coyuntural -como escaños reservados para algún sector social- tal vez aquellos referidos al grupo de los independientes sean los que con mayor premura debieran afinarse, en la medida que, siguiendo esa equívoca lógica de las proporcionalidades, solo un porcentaje ínfimo de las personas consultadas en encuestas y sondeos se identifica con los partidos vigentes y la mayoría se define como independiente. Sin embargo, dado que éstos, por su naturaleza, no tienen orgánica que les permita influir con la fuerza de otros grupos, la respuesta de la elite política a sus pretensiones ha sido feble.
Pero entonces, ¿aquellos independientes que lleguen a la Convención representarán a sus votantes, a sus propias ideas o sus intereses, los del grupo que lo presentó u otro no declarado; defenderá en la Convención los principios de una sociedad libre o una centralizada? Similares preguntas deben formularse sobre escaños reservados para pueblos originarios y sus diferentes proporcionalidades nacionales y regionales y, desde luego, sobre la paridad de género 50%-50%, aun cuando ésta deba ser entendida y acatada como coup de force para superar una inequidad de porfiada y más que centenaria persistencia.
Los dados ya están echados, y según se han desarrollado los acontecimientos, con cierta seguridad habrá convención constituyente compuesta por 50% de mujeres y 50% de hombres, por 10%, 15% o 20% de representantes de pueblos originarios que habitan en el territorio nacional; independientes representantes del “mundo social”, ONG, gremios, sindicatos y otros, y, eventualmente, diputados y/o senadores actuales, si es que lo que se aprueba en el plebiscito de entrada es la Convención mixta. Su número oscilará entre los 155 y 175 constituyentes que serán electos siguiendo la actual legislación ocupada para el caso de los diputados. De ellos dependerán las nuevas normas básicas de convivencia, nuestros derechos y deberes, libertades y, en fin, el modo de vida que los chilenos deberemos adoptar en los próximos años.
Así, más allá de las disputas específicas que -con razón o sin ella- han enervado a la coalición oficialista y a la oposición, esta lucha de ideas y de formas de vida sobrevinientes hace, hoy, más imprescindible que nunca la unidad política y social de la derecha y centro derecha, la de sectores republicanos, nacionales, liberales e independientes libertarios, la de socialcristianos y socialdemócratas del país, en defensa del sistema democrático, aún atendiendo a las conocidas diferencias de énfasis que unos y otros representan en áreas de ajuste como el papel del Estado en la economía, regulaciones, subsidios, impuestos y/o modelos de redistribución del ingreso.
Se entiende más profundamente que, valores como la libertad de expresión, información, opinión, movimiento, reunión, educación, religión, propiedad, o emprendimiento, son derechos humanos que se ponen en riesgo si sectores no democráticos ya coludidos y mediante el uso de la fuerza, la persistente presión social, amenazas, desorden, caos y vandalismo, persisten en poner en veremos la gobernabilidad actual, avasallando así caros derechos ciudadanos a tener una vida en paz y conseguir las propias metas a sola condición de no trasgredir las normas de convivencia pacífica que la ciudadanía se ha dado y que, se espera, se pueda seguir dando tras el próximo proceso constituyente, si es que esa fuera la voluntad popular mayoritaria. (NP)
