Hace un par de semanas nos enteramos de que la Universidad Católica había decidido demandar al Estado por el incumplimiento a la ley del AFI, cuestión que en solo un año le significaría la pérdida de 1700 millones de pesos. Según los dichos del rector Sánchez, el gobierno habría ofrecido como alternativa al cumplimiento de la ley, convocar a un fondo concursable para que las universidades afectadas obtuviesen por otras vías el financiamiento que en realidad se debe por ley. Es decir, sin formalidad y compromiso alguno, crear un concurso en el cual los ganadores estarían pre designados, reconociendo de paso y sin vergüenza que la ley AFI es una ley y que como tal debía cumplirse.
En el financiamiento de la educación la disputa es permanente, y quienes la gobiernan muchas veces tienen la mala costumbre de guiarse por criterios de cercanía ideológica o amistad histórica. Para evitar este defecto, se han creado algunas reglas que buscan impedir que la repartija sea arbitraria. Leyes discutidas en comisiones, votadas, revisadas, corregidas, y vigentes. Todo lo que constituye la institucionalidad.
Sin embargo, en el actual gobierno, y en contra de la institucionalidad vigente, ha vuelto a destacar el nepotismo de nuestro sistema educacional. En efecto, con la rapidez de un lanza y alegando argumentos que no le hacen sentido a nadie -como los de quien es pillado in fraganti con el pan del vecino- el gobierno ha decidido quitar parte importante del financiamiento de ciertas universidades del país.
Esto no es al azar. El problema actual sólo refleja una disputa más profunda que refiere a la relación que tiene el Estado con el sistema de educación superior y los actores que lo componen. Queriendo modificarla, el actual gobierno ha utilizado el financiamiento para debilitar lo que esta fuera del Estado y fortalecer sus instituciones, atentando contra el bien de nuestro sistema universitario.
Someter la búsqueda de la verdad a la decisión contingente de los gobernantes, implica múltiples consecuencias negativas que anulan la verdadera actividad universitaria. De paso debilita a las fuerzas intelectuales que hoy son independientes del Estado y que sin duda han realizado aportes significativos al país. Todo esto refleja una ceguedad dogmática intolerable y un problema moral en la definición de los límites aceptables la hora de gobernar.
