El proyecto de ley sobre Reforma a la Educación Superior evidentemente no resuelve en forma importante las deficiencias ya constatadas en nuestro sector. Es claro que existe la necesidad de legislar para generar un nuevo sistema de educación superior, considerando que el funcionamiento de las instituciones es muy distinto a lo que supone la ley imperante.
Es probable que en la base de las deficiencias esté una visión sesgada sobre lo que ha ocurrido en el sistema, junto con el intento por evitar conflictos con estudiantes y autoridades de instituciones que han sido privilegiadas en todo este proceso.
Existe acuerdo en que es necesario contar con un sistema de aseguramiento de calidad no voluntario, el cual debería permitir la diversidad de proyectos educativos y diferentes niveles de complejidad institucional. Que se plantee como apoyo al sistema interno, que se base en algunos criterios, pero lejos de un “check list” al que tienden los mecanismos demasiado estructurados con muchos estándares.
Debe crearse una superintendencia que fiscalice y vele por el cumplimiento de las normativas legales, pero el proyecto le entrega demasiadas facultades, que permiten arbitrariedades y discriminaciones. La Subsecretaría se mantiene, luego que circuló una minuta que la eliminaba, perdurando una gran confianza en una planificación precisa, lo que no es razonable en una época de tantos cambios culturales, sociales, políticos, económicos y tecnológicos.
Es loable el intento por no tener una ley muy reglamentista, pero se extrema la posible discrecionalidad del regulador para definir normas, especialmente las que dicen relación con la acreditación.
Continuamos observando una incomprensible desconexión de la Educación Superior con la ciencia, tecnología e innovación, que se refleja en la nula referencia al proyecto que crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Chile las universidades hacen una muy alta proporción de la actividad científica; de hecho, el propio proyecto considera a la investigación para definir la acreditación y el financiamiento. Ahora bien, según como sea el apoyo estatal a las universidades, se va a tender a rigidizar el progreso de las instituciones con menor desarrollo relativo de la investigación, lo que resulta más claro al analizar la fórmula para financiar la gratuidad.
Vemos temas que no están adecuadamente interconectados entre sí, porque no se sustentan en una mirada global, coherente con el desarrollo del país, con objetivos de desarrollo del sector y de las instituciones existentes. Robustecer el sistema implica contar con normas claras y comunes para todos los actores, que den soporte a un régimen mixto de educación superior con instituciones orientadas por la calidad de la formación, y que se adecuen con flexibilidad a los nuevos tiempos. Es necesario que las normativas respondan a una mirada de futuro y generen estabilidad a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Debemos considerar que ya el próximo año una buena proporción de los jóvenes que ingresan a la Educación Superior habrán nacido en el siglo 21. (La Tercera)
Hugo Lavados
