La permisología es una palabra bastante recurrida en el último tiempo, por lo que no presenta gran novedad. Lo que sí representa novedad es que no se ha podido hacer mucho para solucionarla. Si bien los diagnósticos están claros, su solución no es trivial; pasan por gestión y modernización del Estado, sin mencionar los temas políticos, que son aún más difíciles.
Todos sabemos que su solución es absolutamente necesaria para movilizar la inversión y el país, de manera que vuelva a su senda de crecimiento, pero lo cierto es que no se ven avances concretos. Y por mientras pasa y pasa el tiempo, con más de diez años de crecimiento económico y productividad estancados, haciéndose cada vez más difícil y lejano el tan ansiado desarrollo.
Lo que hace la diferencia entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo como Chile es la productividad. Y hay diferentes maneras de abordarla, ninguna de las cuales parece acercarse a nuestro país. Una manera es con mejor asignación de recursos, dirigiéndolos a compañías productivas que, en general, suelen ser de gran tamaño. Y la minería podría entrar en esta categoría.
Otra razón para preocuparse por la minería es porque es fuente de inversiones de altos montos, lo que también es necesario para el crecimiento y desarrollo del país. Y para estimular a la minería y las inversiones es absolutamente necesario abordar la permisología, que es fuente de atrasos o paralizaciones de proyectos, entre otros.
Lamentablemente, en Chile existe una cultura de solucionar los problemas con proyectos de ley, incluso ante problemas que requieren urgencia en su solución. Sin embargo, una ley no es solución a nada; son marcos regulatorios que permiten que haya soluciones. Y, en el caso de la permisología, que requiere que la burocracia disminuya, genera lo contrario.
Se requieren años para aprobar una ley y otros tantos en implementarla, por lo que la burocracia solo puede aumentar. Y una mayor burocracia requiere mayor cantidad de funcionarios en el Estado, pero el Estado chileno tampoco cuenta con los recursos para ello. Y por mientras, los inversionistas y sus proyectos siguen esperando. Pero ello no es infinito.
Recientemente, la vicepresidenta ejecutiva de la gigante china ByD, Stella Li, señaló: “un inversionista no puede estar esperando tanto tiempo que el mercado te de señales para saber si tu inversión va a ser rentable o no.” Y si los inversionistas se cansan, buscan nuevos mercados.
Claramente, la velocidad del Estado no es la misma que la de la empresa privada. El Estado chileno funciona a una velocidad menor a la necesaria para la rapidez que requieren los privados para funcionar. Por ello, es absolutamente necesaria una reforma efectiva del Estado. Pero esta reforma tampoco llega, y también están claros los diagnósticos.
Y si la permisología y la reforma efectiva al Estado se ven lejanas, la pregunta lógica es qué se puede hacer para avanzar en desarrollo del país por mientras. Si bien la respuesta tampoco es trivial, talvez sería una buena idea no pensar en grandes reformas, difíciles de consensuar, y sí pensar en tener pequeños logros.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha hecho certeras recomendaciones cuyo foco es disminuir la burocracia y agilizar los sistemas, por lo que muchas de ellas no requieren ley. Y la primera de ellas es que exista una institucionalidad coordinadora, que realice seguimiento a los proyectos de inversión a través de los distintos organismos públicos involucrados. evitar las iteraciones y las altas tasas de rechazo de los permisos más complejos. Esta recomendación sigue el Modelo Fast 41 que funciona en EEUU y otros países han comenzado a mirar. Se forma un consejo de permisos en el que participa el Estado y la empresa privada, que prioriza proyectos de inversión relevantes para el país, que son los sujetos de seguimiento.
También se facilitarían las inversiones agilizando los procesos. Un ejemplo es el caso de los CEOL, que son los Contratos Especiales de Operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, contemplados en la Estrategia Nacional de Litio. Solo el proceso de asignación dura casi un año, lo que suma mucho más al considerar la necesaria consulta indígena, entre otros.
Luego de ello, hay que desarrollar el proyecto, para lo cual se requieren otros 4 ó 5 años. Así, nos acercamos al año 2030 para ver los primeros frutos de su producción. En tanto, solo Argentina actualmente tiene dos proyectos en operación, siete que deberían empezar a producir el 2025 y cerca de 30 proyectos hacia el 2030. Esto es, estamos tarde y la ventana en que se puede aprovechar las ventajas del litio es de aproximadamente veinte años.
Y otra solución, relativamente fácil de implementar y que permitiría agilización en el corto plazo es que los inversionistas pudieran firmar una declaración jurada y se les permita comenzar a desarrollar los proyectos antes de conseguir los permisos. Entretanto, el Estado puede continuar con la evaluación de los proyectos y, si llegara a encontrar alguna falencia, puede aplicar todo el rigor de la ley.
Esto sería una señal de confianza en el inversionista, en beneficio del país, considerando que la mayoría solo quiere trabajar y generar trabajo, para lo cual requiere cumplir con toda la normativa y reglamentación vigente. Incluso se puede pensar en un sistema de incentivos para aquellas empresas con historia de mejor cumplimiento de la normativa.
Es necesario aprovechar que Chile es aún un país atractivo para los inversionistas, especialmente considerando que tiene una gran ventaja competitiva para producir los minerales necesarios para la transición energética.
Tener pequeños logros es mejor que tener una perspectiva de que en muchos años se verá el gran logro de un Estado eficiente o, al menos, de contar con un proceso de permisos eficiente. Ojalá que el estancamiento del crecimiento económico y la productividad se queden lo más cerca de los diez años y no que se acerquen a quince. (Ex Ante)
María Cristina Betancour
