Un nuevo caso de defraudación fiscal tiene en la mira a personal del Ejército. Esta vez se trata de presuntas irregularidades en una licitación de tenidas de combate, en que se vislumbra un perjuicio fiscal que se eleva a los $ 591 millones. Los antecedentes ya se encuentran en manos del Ministerio Público, a raíz de una querella que presentó el viernes pasado el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En la acción legal, se establece que en mayo de 2010 el Ejército fue autorizado para adquirir una serie de equipamientos destinados a ser usados en batallas. Así, al año siguiente, el entonces comandante en jefe castrense, José Miguel Fuente-Alba, aprobó que se realizaran licitaciones para comprar “tenidas de combate pixeladas”, que consideraba una inversión cercana a los US$ 9 millones.
Solo dos empresas se presentaron a este concurso: CLK S.A. y C&M S.A. La primera es de Carlos Capurro, histórico proveedor de Carabineros, y la segunda de Virgilio Cartoni, uno de los mayores abastecedores del Ejército.
Finalmente, el proceso fue adjudicado a C&M S.A. “El señor Carlos Capurro, representante del otro oferente CLK S.A., señaló en declaración presentada en la investigación, que su representada quedó fuera de la licitación por haber incurrido en un error administrativo que fue responsabilidad de su empresa. Es así que se suscriben, entre el Ejército de Chile y el señor Virgilio Cartoni, representante de la empresa C&M S.A., el contrato N°45/2011, el addendum de 30 de enero de 2012 y el contrato N°19/2013”, señala la querella del CDE.
A continuación, el consejo en su presentación detalla una serie de “irregularidades constitutivas de fraude delictivo que se desprenden de la abierta infracción a las bases de licitación”.
La primera es que el concurso determinó que “los precios serán fijos y no estarán sujetos a variaciones de ningún tipo” y que “las ofertas se expresarán en pesos chilenos”. Pese a esto, el Ejército pagó al proveedor en dólares, en dos entregas. La primera de US$ 4.478.770,28 y la segunda de US$ 6.879.160. El CDE estableció que “la operación se concretó en dólares, causando un grave perjuicio al Fisco de Chile, ya que el valor del dólar observado a la fecha de apertura de las ofertas era de $ 472,71 y a la fecha de emisión de las facturas era de $ 491,93”.
A esta situación se suman otras dos irregularidades. Primero, que el Ejército entregó a la empresa un anticipo de US$ 3.329.721, lo que no estaba contemplado en las bases de licitación, y segundo, que el Ejército aceptó una boleta de garantía correspondiente al 10% del total del precio, cuando el concurso establecía que el documento debía ser del 20% del valor.
CUÁNTO DINERO PERDIÓ EL ESTADO
Los análisis elaborados por el CDE en su querella establecen que cuando C&M S.A. recibió el pago en dólares –el 30 de julio de 2013-, la moneda extranjera tenía un valor de $ 503,89, y no de $ 471, “con lo cual, al ser pagados en dólares, a empresa C&M representada por Virgilio Cartoni, recibió una mayor cantidad de dinero. En efecto, al fijarse esa tasa de cambio se tuvo como objetivo el siguiente: el valor final del contrato era de $ 2.228.549.290 (IVA incluido), que si se transforma en dólares a su valor al momento de la suscripción del contrato, que era $ 509,89, hubiera arrojado la suma de US$ 4.370.647,18.- Pero como estaba fijado en $ 471,342, al traspasar los $ 2.228.549.290 a dólares queda en US$ 4.728.093,27. Este procedimiento le genera al Fisco un perjuicio de US$ 357.446,84 (cerca de $ 240 millones)”, detalla el organismo.
Una segunda pérdida monetaria quedó al descubierto tras un informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, del 18 de mayo pasado. Ahí se establece que el Ejército pagó en dos ocasiones el IVA en esta licitación, lo que generó un perjuicio fiscal de $ 355.818.794.
Entre las diligencias que pidió el CDE a la fiscalía está que declaren Cartoni y los oficiales del Ejército que tuvieron relación con la licitación. También se solicita que “se pida autorización judicial para levantar el secreto bancario de Luis Reyes Alvarez, quien se desempeñaba como jefe de Adquisiciones, y de Alex Guzmán Compte, secretario de coordinación de la División Auditoría General del Ejército, así como de cualquier otro oficial del Ejército involucrado en los hechos”.
Consultadas las fuentes del Ejército, han indicado que cualquier situación de compras que haya hecho la institución en el pasado, se ha entregado y entregará toda la información que los tribunales requieran para clarificar situaciones relacionadas con estas materias.
Por otra parte, desde hace dos años el Ejército ha privilegiado las adquisiciones bajo la modalidad “de gobierno a gobierno”, que cuentan con los avales gubernamentales necesarios. (La Tercera)
