Más de $ 5.550 millones de pesos de la Ley Reservada del Cobre, es lo que perdió el fisco por la falta de control que debían ejecutar tres generales del Ejército -actualmente en retiro- como superiores jerárquicos y obligados a resguardar las arcas institucionales.
Se trata de Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías, quienes fueron sometidos a proceso la semana pasada por «incumplimiento de deberes militares», en la investigación que lleva el ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo.
Hasta ahora sin embargo no han trascendido los detalles de cómo el magistrado construyó las presunciones en contra de los tres altos oficiales, quienes se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
De acuerdo a la información recabada por Ahoranoticias.cl, Kehr fue el jefe del Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF) entre diciembre de 2009 y octubre de 2011. Sólo durante su mandato, un total de 335 facturas, todas falsas, fueron pagadas a tres proveedores del Ejército que no estaban registrados en la institución como manda la ley.
Así, Raúl Fuentes Quintanilla, Pedro Salinas, Francisco Huincahue, recibieron plata del «Proyecto de Inversión Centauro», ascendiente a más de $ 2.281 millones.
Fuentes allegadas al ex general Kehr, indicaron que en la causa declaró: «Francamente reconozco que en esto fuimos sobrepasados por una organización que maliciosamente utilizó información y puestos clave para defraudar».
Otro de los problemas detectados en la indagatoria, fue que el ex militar hizo un trasvasije de fondos desde una glosa a otra, sin la autorización respectiva del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena). Kehr tomó nada menos que US$6 millones y los pagó como «adelanto» a una empresa estadounidense, en el marco de la compra de elementos de artillería. Lo hizo, dijo, porque tenía problemas de «caja» para dicha adquisición.
Salas Kurte, también fue jefe del CAF, reemplazando a Kehr, entre octubre de 2011 y diciembre de 2012. Su antecesor, nada le dijo del trasvasije de plata para la compra de cañones. «No sabía del cambio de financiamiento (…) a mí solo me exponían», reconoció.
Según supo este medio, le fue exhibido el documento que acreditaba dicho «adelanto» y aseguró nunca haberlo visto antes.
Hasta ahora, se encuentra acreditado que Salas Kurte emitió una orden para que se apuraran los pagos y que fuera sólo la Tesorería del Ejército la que girara el dinero, sin que hubiera otros controles.
Quien le sucedió en el cargo, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, fue el otro general detenido, Miguel Muñoz Farías. Del pago por cañones de US$ 6 millones, nadie le indicó nada, aseveró. Lo que supo, apuntó en su declaración, es que sólo escuchó «comentarios de pasillo» sobre las facturas.
Pues bien, entre el 2012 y el 2013, es decir bajo el mando de Muñoz Farías y Salas Curte, se tramitaron y pagaron 519 facturas falsas por un monto que supera los $ 3.766 millones.
LA SORPRESA
Un detalle que existe en la indagatoria, es que el tesorero del Ejército en 2014, Samuel Poblete Alfaro, como un día cualquiera de trabajo, pidió las actas de recepción y una serie de facturas que debían pagarse. Cual fue su sorpresa, cuando al revisarlas se percató que estaban firmadas por el comandante Pedro Ferrer de la División de Mantenimiento.
Poblete Alfaro, sabía perfectamente que el oficial ya no estaba destinado a esa unidad, por lo que tomó el teléfono y lo contactó. La respuesta fue precisa… le habían falsificado la firma. De allí en adelante, los hechos comenzaron a desatarse con rapidez.
PLAZOS
Otros aspectos que la indagatoria ha logrado acreditar, gracias al sumario interno del Ejército corresponde a una serie de hechos anómalos.
Las facturas «truchas», demoraban 22 días en ser pagadas. Lo normal eran 64. Otro hecho es que de todas las facturas cuestionadas (788), nada menos que 596 estaban suscritas al CAF, la misma unidad que los generales niegan haber conocido. Las otras 192, fueron elevadas a la Tesorería del Ejército.
Suma y sigue… Las platas de la Ley Reservada del Cobre para los pagos eran tramitadas por la Liliana Villagrán, funcionaria de rango menor que hoy está procesada por el fraude al fisco de $ 1400 millones.
Luis Meléndez, que ejercía la misma función, dijo que todo lo ocurrido fue una «embarrada», porque la plata usada para comprar los elementos de artillería ya mencionados, se usó sin tener financiamiento para ello.
En el caso, también están encausados el coronel en retiro Clovis Montero, la sargento segundo Millaray Simunovic, los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz. Este último uniformado, fue quien gastó más de $2.400 millones en el casino Monticello entre los años 2008 a 2014.
En paralelo y con otra friolera de millones, existe una investigación que sustancia la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
La perseguidora mantiene formalizados por el fraude al fisco de $ 2.200 millones a Raúl Fuentes Quintanilla, su hijo César Fuentes Campusano y Francisco Huincahue.
DECLARACIÓN DEL EJÉRCITO
“El Ejército de Chile reitera que no acepta ni ampara situaciones irregulares o delitos”, sentencia la declaración con que la rama castrense se refirió a la decisión del ministro en visita, Omar Astudillo, de procesar a tres generales en retiro de sus filas por el delito de incumplimiento de deberes militares en el denominado caso “Milicogate”.
Tras comunicar la resolución, el magistrado ordenó la detención de Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías, quienes formaban parte del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) de la institución, unidad en la que presuntamente se emitieron facturas y boletas ideológicamente falsas al Estado chileno por más de $1.300 millones con dineros de la Ley Reservada del Cobre.
En este sentido esta rama de las Fuerzas Armadas expresó que “ratifica su firme respeto a la legalidad vigente, y continuará colaborando con las investigaciones que instruyan los tribunales de justicia”, subrayando a la vez que respeta la presunción de inocencia de los oficiales sometidos a proceso.
El texto del Ejército sostiene también que “no hay ninguna restricción ni secretismo respecto de posibles responsabilidades que puedan tener distintos niveles de mando” en relación al desfalco cometido por funcionarios castrenses con la normativa que les provee de financiamiento.
Por lo mismo, “se encuentra empeñado en redefinir sus mecanismos de control y continuarimplementando diversas medidas destinadas a evitar la ocurrencia de hechos que atenten contra la probidad y la transparencia en la Institución”, concluyó. (Ahora Noticias-La Nación)
