Con la presencia de casi todo su gabinete, el presidente Sebastián Piñera finalmente comunicó las medidas pro inversión de su gobierno, lo que constituye el primer anuncio concreto en materia económica.
Desde La Moneda, y ante la atenta mirada del mundo empresarial presente en el Salón Montt Varas, el mandatario hizo un guiño a la administración de Michelle Bachelet y afirmó que algunas medidas fueron propuestas por su sucesora.
«Usted va a reconocer varias iniciativas del gobierno anterior» en este proyecto de ley, le dijo el jefe de Estado al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presente en la ceremonia.
«No hay nada más progresista que el proceso y no hay nada más retrógrado que el estancamiento», dijo el presidente, quien paralelamente firmó el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
En su discurso, el mandatario dijo que la inversión había caído de manera sistemática en los últimos cuatro años y que las actuales trabas a proyectos suman inversiones por US$ 65.000 millones.
Esa misma línea, estimó que 250 mil nuevos empleos se crearán con los 203 proyectos que se buscará destrabar.
«No hay nada más progresista que el proceso y no hay nada más retrógrado que el estancamiento», afirmó el mandatario en La Moneda.
El jefe de Estado precisó que la GPS trabajará para que dichos proyectos se pongan en marcha «para el beneficio de la población», pero siempre y cuando «cumplan con la legislación».
Entre las medias adicionales informadas por el mandatario se cuentan:
-Permitir a las municipalidades la entrega -de manera inmediata- de una patente provisoria por dos años, para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley, de forma tal que la burocracia no sea un freno o una postergación de la iniciativa, el emprendimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios;
-Implementar una plataforma digital, para hacer los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales y dar mayor certeza jurídica a los permisos que emanan de las Direcciones de Obras Municipales y evitar, en consecuencia, esa incertidumbre permanente que acompaña a muchos de nuestros proyectos de inversión;
–Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas, que hoy día toman años, evitando en muchos casos la innecesaria doble aprobación por unidades del mismo ministerio, como es el caso de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas;
–Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas. Si el Estado entrega u otorga una concesión marítima, esa concesión tiene que facilitar el financiamiento para poder llevar adelante el proyecto asociado a ella;
-Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas, que hoy día toman mucho tiempo, son muy engorrosas y, a veces, generan mucha incertidumbre;
-Permitir que SERNAGEOMIN mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras, usando las publicaciones de los Boletines Oficiales de Minería, de forma tal de que todos sepan, en forma oportuna y transparente, cuáles son las concesiones mineras que están otorgadas o en trámite de otorgamiento;
-Regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que, muchas veces, demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión, generando un tremendo daño no solamente al inversionista, sino que a la comunidad que acoge esa inversión y al país entero;
–Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de los derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en hacer. Y eso va a dar más rapidez, agilidad y certeza jurídica a los permisos que otorga el Estado;
–Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes, para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas y las que mayor perjuicio provocan;
-Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de su competencia, de forma tal de evitar esta verdadera proliferación de opiniones sin fundamentos y a veces fuera de su ámbito de acción, que a la larga lo único que hace es que los proyectos de inversión les toma años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental, sin sacrificar en un ápice la calidad de la evaluación ambiental para proteger nuestro ambiente y naturaleza, pero sí sacrificando burocracia o excesos innecesarios;
-Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental, puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente, para saber si es pertinente o no es pertinente dicha evaluación, cosa que hoy día, muchas veces, constituye otro obstáculo más para poder llevar adelante proyectos;
-Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única, respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión, y no tener ventanillas múltiples, muchas veces contradictorias, que nuevamente dificultan, encarecen y paralizan la inversión en nuestro país.
Asimismo el mandatario adelantó que a lo anterior «se va a sumar el trabajo del grupo para un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo de nuestro país, que vamos a dar a conocer en los próximos días».
REACCIONES
Así, a la salida de la ceremonia llevada a cabo en el Palacio de La Moneda, diversas fueron las reacciones desde el empresariado, desde el Gobierno y desde también la Administración anterior.
Todas, en un tono positivo. «Lo que hoy día se ha anunciado hay que aplaudirlo y hay que tratar de sacarlo adelante porque va en la dirección que todos queremos que tenga Chile que es un aumento fuerte en la inversión, en el crecimiento y esto ayuda a derrotar la pobreza y a generar mejor empleos», dijo el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Jorge Rodríguez Grossi.
Además, consultado por la serie de guiños que se hicieron a la administración de Michelle Bachelet y el bajo desempeño económico, el ex titular de Economía declaró: «Creo que seguir peleando por la interpretación de lo que le ha pasado a la economía en Chile en los últimos años es un poquito inútil».
Por la parte del empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, indicó que «es un muy buen primer paso, tenemos un desafío mayor». «Como país tenemos que volver a dar facilidades a al inversión (…) por lo tanto creo que es una medida muy importante, a tiempo, pero el desafío que tenemos por delante es bastante grande», agregó el líder gremial.
En la misma línea, Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa, calificó las iniciativas firmadas hoy por el Presidente como «una buena señal». Lo anterior, «porque es un primer paso positivo. Se hacen modificaciones al Servicio de Evaluación Ambiental que creo que es relevante y a la Dirección General de Aguas que son las dos principales agencias por donde pasa el flujo de inversión en Chile».
«Aquí lo relevante es que los vientos a favor que estamos viendo en la economía chilena se traduzcan en un motor que le de una sustentabilidad en el largo plazo y para eso es fundamental reactivar la inversión», recalcó el empresario.
Mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, calificó como una muy buena noticia para el país el anuncio de Piñera. «Iniciativas que estamos seguros permitirán incentivar la inversión y destrabar importantes proyectos que, por distintas razones, no se han materializado hasta el momento».
VALENTE: REDUCIR PLAZOS
Con un discurso enfocado en la importancia de la creación de empleo de calidad, el ministro de Economía, José Ramón Valente, enfatizó que «re-lanzar la inversión en nuestro país, que viene alicaída desde hace cuatro años, es fundamental».
«Aquí no se trata de reducir los estándares, se trata de reducir los plazos manteniendo el cuidado del medio ambiente, manteniendo el buen diálogo con las comunidades y respetando toda nuestra legislación», agregó el secretario de Estado.
«Esperamos reducir en al menos seis meses la tramitación de proyectos en nuestro país, lo cual es muy significativo si pensamos que la tramitación ambiental hoy se demora en promedio cerca de 2,3 años y la tramitación total de un proyecto se demora entre 4 y 5 años», destacó Valente.
En tanto, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, indicó que «este proyecto de ley, que contempla una serie de medidas, permitirá que este verdadero lomo toro que significa la burocracia que tenemos en el país, y que desincentiva la inversión, se pueda al menos reducir». (Emol-DF)
