El administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, llegó este jueves a la fiscalía de Rancagua para declarar en calidad de testigo en el marco del Caso Caval.
El funcionario está vinculado al caso por haber formateado el computador del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, de Sebastián Dávalos, horas antes que éste presentara su renuncia al cargo de director sociocultural de La Moneda. Por otro lado, fue criticado por recibir en el Palacio al gestor inmobiliario Juan Díaz.
Asimismo, El Mostrador dio cuenta sobre los giros realizados por Giorgio Martelli a Riquelme, quien antes de ese artículo no figuraba en ningún listado recibiendo dineros irregulares de las empresas pagadoras.
Según el detalle de la cuenta bancaria de Martelli, este realizó ocho giros por un total de $32.5 millones a la cuenta del actual administrador de La Moneda.
El primer pago a la cuenta del funcionario de Gobierno se realizó el 11 de marzo de 2013 y fue por $3 millones. El 27 del mismo mes vino el segundo depósito, esta vez por $2.5 millones. Cinco días después, el 2 de abril, el monto llegó a $2 millones. El 10 y el 12 de abril dos giros adicionales por $5 millones cada uno. El 30 de mayo y el 14 y 16 de agosto los tres últimos pagos, todos por $5 millones.
En el comando presidencial que se formó cuando Bachelet retornó a Chile a fines de marzo de ese año, Riquelme ocupó el cargo de administrador de Somae, la empresa que se utilizó para manejar los recursos de la campaña.
El detalle de los giros de Martelli revelan los pagos que por esta vía se hizo a María Angélica Álvarez, la actual agregada de prensa en la Embajada de Chile en Italia, y quien es una de las amigas más cercana a la Presidenta Michelle Bachelet. La “Jupi”, como le dicen, recibió tres depósitos –dos el 20 de marzo de 2013 y uno el 2 de abril del mismo año–, por un total de $7 millones.
Ni Riquelme ni la “Jupi” están en la lista de pagos realizados por Asesorías y Negocios, la empresa que sirvió como caja recolectora de dineros entre las grandes empresas y pagadora de honorarios para quienes preparaban el retorno de Bachelet a Chile. A esa misma sociedad Martelli aparece girándole $7 millones en cinco depósitos entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.
Riquelme no es un nuevo en el cargo. En el primer Gobierno de Michelle Bachelet también fue administrador de Palacio. Un puesto de confianza cuya denominación oficial es de director administrativo de la Presidencia, por el que percibe el segundo sueldo más alto ($7.385.000), después de Bachelet.
Es cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo y uno de los pocos sobrevivientes de la G-90 en el Ejecutivo. En 2013 fue el encargado de administrar la campaña que llevó a Bachelet por segunda vez a la Presidencia. A Peñailillo lo conoce desde la educación media en el Liceo A-49 de Coronel, después coincidió con él en la Universidad del Bío-Bío y posteriormente compartieron hogar en Santiago, según Ciper. Ambos participaron también en la compra de un terreno por $380 millones en Peñalolén durante la precampaña de Bachelet.
Todos los pagos anteriores no eran conocidos hasta la nota que publicó este medio y cobran mayor relevancia si se tiene el antecedente de que el propio Riquelme estuvo a cargo de revisar con lupa las boletas del comando bacheletista, por ser el hombre de las finanzas.
Lo anterior fue en marzo de este año, cuando la arista SQM aún estaba verde. Pareciera ser que Riquelme no revisó con extrema rigurosidad las boletas que efectuaron quienes participaron en el comando, ya que Rodrigo Peñailillo, el ex ministro Alberto Arenas y otros personeros de la G-90 caerían más tarde por los documentos emitidos a AyN, la empresa de Giorgio Martelli.
A todo lo anterior se suma el cuestionamiento que hay sobre Riquelme por su rol en el borrado de información del computador de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta, en medio del Caso Caval. Cuando Dávalos renunció al Gobierno Riquelme tuvo en custodia el equipo por tres semanas, según indicó el jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, a la comisión investigadora del caso.
El pasado 9 de septiembre el funcionario compareció ante la Comisión Investigadora del Caso Caval, ocasión donde aseguró que se trató de un formateo simple, tras lo cual nadie tuvo acceso al equipo.
«La instrucción era categórica: ese computador quedaba ahí y nadie podía tener acceso. Esas instrucciones se cumplieron y a ese data center tienen acceso sólo cinco personas que dan garantías de su funcionamiento y seguridad», dijo entonces.
