Claro que fue un trago amargo el fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Pero partió mal desde el principio. El Partido Socialista creyó que concretarla era una forma de asumir el liderazgo para aglutinar a una oposición que no lidera nadie y que le daría un protagonismo que le permitiría arrancar de todas las acusaciones vinculadas al narcotráfico que lo acosan desde sus últimas elecciones internas. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, fue claro calibrando su importancia como “una primera prueba de fuego para para ver si, al fin, la oposición se pone de acuerdo”.
En verdad, la idea de acusar a la titular de Educación se oía desde hace meses. El tiempo que se demoraron fue el necesario para ir hilvanando imputaciones que no consiguieron que la Contraloría o el Consejo para la Transparencia refrendara como irregularidades o infracciones a la ley. Pero no importa, sacaban nuevos argumentos bajo la manga, ninguno de los cuales les bastó para usar los recursos de interpelación o solicitar una comisión investigadora. Se fueron derecho al último recurso que, de aprobarse, castiga a la sancionada excluyéndola de la vida pública por cinco largos años.
Los votos se preveían estrechos para obtener la mayoría de los diputados presentes. Pero no fue así tampoco, y siete parlamentarios se desgajaron de la oposición, haciendo fracasar la acusación. Dos DC y tres independientes votaron en contra y otros dos se abstuvieron. La oposición perdió la mayoría en la Cámara, constató el presidente de los socialistas, Álvaro Elizalde, pero él facilitó las cosas para ese resultado. Eran varios los que se sentían incómodos con su pretensión de condicionar la unidad de la centro izquierda y la izquierda a que se aprobara el libelo sancionatorio. Andrea Parra, diputada PPD, dijo que la inculpación era para ganarla, no para fortalecer a la ministra Cubillos, y aseguró que la oposición había hecho el ridículo.
Pero en vez de hacer una introspección, vino la purga y las descalificaciones. Sin ninguna vergüenza empezaron a justificar los votos contrarios con parientes trabajando en alguna oficina gubernamental y epítetos de “amarillo” o “traidores”. Instaron a Pepe Auth, diputado independiente y ex PPD, a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara porque no tenía derecho a estar allí por haber votado en contra. Es decir, sus pares le negaron el derecho a votar en conciencia y en derecho. Como el parlamentario tuvo la honestidad de plantear mucho antes que votaría en contra, porque no se justificaba la acusación, buscaron amedrentarlo manoseando a su hija. Al más puro estilo estaliniano, la expusieron a insultos y amenazas en redes sociales con imputaciones de diversa índole.
¿Y si hubieran actuado todos como borregos y sentenciado “instrumentalmente” a Marcela Cubillos? En vez de enfrentados, hoy estarían eufóricos y nunca habríamos oído a periodistas relatar, como lo hemos hecho estos días, que los diputados se lamentaban que darían su voto para destituir a la ministra, reconociendo que los argumentos no estaban y el libelo no flotaba. Como una forma de eximir la falta de infracciones a la ley y a la Constitución, que no podían probar, se justificaron con que se trataba de una acusación política, como si en Chile tuviéramos un régimen parlamentario y se pudieran destituir los ministros por razones de confianza política.
La celebración del sábado 5 de octubre vuelve a dejar claro que, más allá del golpe militar (46 años) y del plebiscito (31 años), nada aglutina a los partidos de oposición. Los años pasan y continúan mirando hacia atrás, a los años de dictadura y recuperación de la democracia. Pero después de tanto tiempo, estas definiciones que se explican en el pasado no resultan suficiente para compensar la falta de proyectos y principios comunes. El libelo acusatorio les permitió fugarse de esta realidad. De ahí el ensañamiento con los que no quisieron fumar opio. (El Líbero)
Pilar Molina