Cierta sorpresa causó en la opinión pública la noticia del despido de 55 personas en la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Esta es una institución que tiene además de prestigio, un proyecto educativo muy característico y distinguible, que mezcla la impronta de la Compañía de Jesús, una vocación social potente, una orientación humanista y una trayectoria hacia la investigación en ciencias sociales.
En un comunicado, la UAH explicó que pasa por una situación financiera delicada que la obliga a tomar decisiones de gestión “difíciles”. El origen de esto -admitido por la rectoría- es el diseño de la gratuidad de la educación superior, política insigne del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, que tiene una falla estructural que por mucho que se quiere camuflar, o se postergue su impacto, es insoslayable.
Esta falla es el control centralizado y estatal de precios y vacantes. La política de gratuidad limita las vacantes de las universidades beneficiadas (la cantidad, el “q”) y controla sus aranceles (el precio, “p”) de forma de que Estado -vía Subsecretaría de Educación Superior- controla financieramente la oferta de las universidades gratuitas. No se puede crecer o tener más recursos si no es con beneplácito del Fisco. Como los valores fijados que definen el monto que el Estado transfiere por gratuidad no reflejan el verdadero costo de educar, cualquier institución que quiera asegurar calidad sobre el promedio debe, necesariamente, pagar la diferencia respecto de lo que el Estado aporta. Es un diseño deficitario por definición, y construido conceptualmente para que todas las universidades converjan en un modelo de gestión único y promedio. Mediocre, si se quiere.
Los rectores de las universidades gratuitas han hecho ver esto a las autoridades de varios gobiernos, agregando otros problemas, como la sobre duración de las carreras (las instituciones gratuitas deben financiar todo o parte de los aranceles de los estudiantes gratuitos que se demoren más en terminan sus carreras, lo que es frecuente), pero existen fuertes restricciones presupuestarias. ¿Por qué? La gratuidad cuesta cerca de 2 mil millones de dólares anuales, un monto altísimo del presupuesto nacional. Los sucesivos ministros de Hacienda han sido claros en que gastar aún más en educación superior no es viable en un país con muchas necesidades (y un sistema escolar de baja calidad que requiere inversión).
Hoy estamos a la espera del cumplimiento del compromiso electoral, varias veces reiterado, de la condonación del CAE. Algunas autoridades han querido relativizar el compromiso, diciendo que no todos serían favorecidos. Pero otras, como la ministra Vallejo, han sostenido el compromiso de que se tratará de un beneficio universal. Estas promesas han aumentado el incumplimiento de pago (ante la expectativa de la condonación) y por consiguiente han aumentado la morosidad y el monto total de la deuda. Hoy condonar el CAE costaría cerca de 12 mil millones de dólares, sin considerar lo que costaría el instrumento que lo reemplace.
Si el gobierno persiste en condonar el CAE, gastará valiosos recursos que podrían ir a solucionar problemas mucho más urgentes, incluso los que afectan a las instituciones gratuitas. Pero el punto central del asunto es otro. ¿Qué propondrá el gobierno para reemplazar el CAE? Si el Ministerio de Educación buscara extender la perniciosa fijación de precios y vacantes a la totalidad del sistema, en la forma de un reemplazo del CAE similar a la gratuidad, lo que haría sería multiplicar el efecto que tiene hoy en problemas a instituciones como la UAH. Por otra parte, si buscara la elaboración de un crédito estatal de condiciones similares al CAE, pero reforzara la cobranza y evitara el sobreendeudamiento, tendría el efecto contrario: permitiría a las instituciones crecer y desarrollarse con mayor calidad. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
