En breve conoceremos el texto final del proyecto de Constitución Política que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre próximo, tras un año de sesiones de la Convención constitucional. Esperamos referirnos al contenido de la propuesta en las próximas columnas. Ahora cabe revisar si el producto del proceso es consistente con el encargo que se hizo.
Tras el estallido de violencia y la crisis social en octubre de 2019, el mundo político y las élites acordaron culpar a la Constitución Política de 1980 y 2005 de todas las frustraciones de una sociedad que -a pesar de ser hija de un proceso que trajo indudable progreso al país y a quienes se manifestaban- requería recuperar la confianza perdida en que Chile podía darle las oportunidades de progreso y bienestar que veía menguar.
En un entorno de inédita violencia, una amplia -y asustada- mayoría aceptó que una nueva Constitución traería la paz social, a lo que siguió una elección que incluyó discriminaciones de sexo y étnicas no contempladas en el plebiscito, de la que surgió una convención llamada a redactar la carta fundamental que nos uniría bajo nuestros valores y emblemas.
El proceso vivido este año ha dividido más a los chilenos, se ha caracterizado por extremismos y extravagancias ideológicas, y propone una refundación en vez de plantearnos mejorar el país construido por todos, introduciendo modernizaciones que aprovechen la experiencia de dos siglos de vida republicana constitucional y que permitiría pasar la posta a una nueva generación que retome la senda de desarrollo de la patria.
Los chilenos hemos recibido una encomienda equivocada, con un proyecto constitucional que: paraliza la marcha del país; no atiende las verdaderas necesidades de los postergados; lleva a dedicar los próximos, quizás 10, años a construir nuestro país entero desde cero; reinventa instituciones que funcionan bien o regular y que son perfectibles; nos enfrascará en agrias -y previsiblemente violentas- disputas sobre los territorios que debemos devolverles a los pueblos originarios; destina miles de millones de dólares, que debieran ir a hospitales, viviendas y necesidades urgentes, a pagar las expropiaciones requeridas para reparar el presunto daño a la nueva clase privilegiada.
Se quiere forzar a miles, quizás cientos de miles, de chilenos que no se declaran indígenas a salir de los territorios que trabajaron con esfuerzo por generaciones y/o donde vivían junto a sus familias, y que ahora la nueva Constitución entrega a las nuevas naciones indígenas. Estas tendrán allí sus leyes, su justicia y el privilegio de vetar todo acto que se quiera hacer conforme a la ley nacional y que las afecte de cualquier forma y que -se trate de una carretera, un tendido eléctrico o incluso un servicio público- no se podrá hacer sin su consentimiento, que es de prever sólo se obtendrá si se satisfacen sus exigencias, cualesquiera que sean.
Chile puede atender las verdaderas urgencias sociales modernizando y mejorando su ordenamiento jurídico e instituciones en las que se basa una organización nacional en la que rige el Estado de derecho, sin necesidad de desmantelar todo lo construido destinando una década a hacer realidad una quimera ideológica que pareciera propia de sectas colonizadoras de nuevos territorios.
Resulta irresponsable plantear, como lo hace el proyecto de Constitución, que desatendamos las necesidades de los chilenos y dediquemos años a desmantelar nuestro país e intentar construir un mundo imposible, cuando la pasión los ciega de ver nuestro gran y perfectible país llamado Chile. (DF)
Fernando Barros
