En US$ 4.579 millones se estima el daño a la infraestructura producto del vandalismo que ha azotado al país. El sector comercio ha perdido por saqueos, destrucción de locales y lucro cesante cerca de US$ 1.400 millones. Las proyecciones de crecimiento de la economía fueron bruscamente rebajadas y el ministro de Hacienda anticipó la pérdida de hasta 300 mil empleos.
Estas cifras están lejos de contenerse, pues los hechos de violencia no han parado. ¿Pero qué hay detrás de ellas? ¿Cómo inciden en los supuestos objetivos sociales que en principio habrían motivado las protestas? En un momento en que “lo económico” es menospreciado y que el crecimiento se percibe como un fin contrapuesto a la reducción de las desigualdades, es importante abordar esas preguntas mirando nuestra propia experiencia.
En el período 2010-2013, en que el crecimiento de la economía promedió 5,3% anual, los ingresos per cápita del trabajo de las familias pertenecientes al decil más pobre del país aumentaron un 42,5%. Ese incremento permitió reducir la desigualdad de este grupo respecto a los más pudientes, cuyos ingresos también crecieron, pero a una tasa menor. Ello contrasta con lo que ocurrió entre los años 2014 y 2017, cuando la economía nacional creció apenas un 1,8% anual y los ingresos del trabajo de los más pobres sufrieron una caída de -1,9%. Esto, a su vez, detuvo la reducción de la desigualdad que se venía produciendo. Esto sugiere que “la economía”, vía empleo y sueldos, afecta el bienestar social y los niveles de equidad.
Asimismo, el gasto público cumple también un rol a la hora de atenuar/reforzar los efectos negativos/positivos de un mal/buen desempeño económico. Los subsidios que entrega el Estado y en especial el financiamiento de ámbitos como la salud y la educación, permiten complementar los ingresos generados por las familias, lo que impacta también en la desigualdad. En un mismo año, la brecha entre el 20% más pobre y el más rico puede llegar a caer hasta la mitad una vez que se contabilizan e incorporan dichas prestaciones. El efecto, sin embargo, se ve a menudo opacado por la insuficiente calidad de varios servicios públicos y la insatisfacción que ello produce a sus usuarios.
Esto es consistente con los resultados de las evaluaciones que encarga la Dipres, que indican que desde 2011, un 60% de los programas han sido mal evaluados, los que suman US$ 4.225 millones anuales.
De esta forma, vemos que hay múltiples factores que inciden sobre las mejoras sociales y la reducción de las desigualdades: el desempeño económico importa, así como también el gasto público. En ese contexto, el alcance y el costo social del vandalismo asociado a las protestas es aún difícil de dimensionar. Mientras tanto, necesitamos un compromiso decidido de los políticos con el crecimiento económico, lo que incluye responsabilidad fiscal, y también de acciones tendientes a mejorar la calidad y eficiencia del gasto público que hoy está al debe. (La Tercera)
María Paz Arzola
