“¿Usted cree que Diosdado Cabello pudo haber dado la orden de secuestrar y asesinar al teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile?”, le preguntó el viernes 24 una periodista de la radio ADN a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que hoy vive en EE.UU., y él respondió: “No tengo ninguna duda. Él es un asesino. Y ha demostrado estar dispuesto a hacer en otros países lo mismo que hace en Venezuela”.
En los últimos días, los canales de TV han vuelto a mostrar las imágenes del momento en que Ojeda fue arrancado de su hogar el 21 de febrero de 2024 por cinco individuos que lucían distintivos de la PDI. Fue sacado semidesnudo de su departamento ante la angustia de su esposa y su hijo de 6 años, y asesinado en las horas siguientes. Su cadáver fue encontrado el 1 de marzo de 2024 en la toma Santa Marta, en Maipú.
Él era un firme opositor a la dictadura de Nicolás Maduro, había estado preso en Venezuela y vivía en Chile desde 2017, acogido al estatuto de refugiado. En enero del año pasado, había sido degradado y expulsado de las filas militares junto a otras 32 personas a las que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusó de traición a la patria. No fue extraño, pues, que las sospechas sobre el origen del homicidio apuntaran hacia Caracas. Fue llamativa la desafiante seguridad de los asesinos sobre el terreno que pisaban.
El Ministerio Público ha reunido pruebas suficientes sobre el móvil político del crimen y sobre sus autores intelectuales. Héctor Barros, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), lo dijo con todas sus letras: “Lo que podemos sostener en base a la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”.
De inmediato, el jefe del PC, Lautaro Carmona, se apresuró en pedir que hubiera “rigor investigativo”, que no se formularan hipótesis y, sugiriendo que había motivaciones bastardas, agregó: “ya habrá tiempo para que alguien se haga famoso”. Fue un modo de poner en duda la seriedad de la investigación. Hace un año, el PC no se conmovió con el asesinato y solo mostró preocupación por el hecho de que en la prensa se expresaran sospechas sobre la posible responsabilidad del régimen de Maduro. El dirigente Juan Andrés Lagos habló entonces de “especulaciones terribles”. Cuando apareció el cuerpo, nada varió. Está claro que los dirigentes del PC no se dejarán impresionar por los detalles jurídicos del caso. Ya eligieron.
Los allanamientos efectuados recientemente en varias comunas de Santiago prueban la diligente labor realizada por la PDI y Carabineros. El miércoles 22 de enero, el fiscal nacional, Ángel Valencia, estuvo presente, junto al general director de Carabineros y el director de la PDI, en uno de esos allanamientos, que dieron un duro golpe a la banda Los Piratas de Aragua, responsable de numerosos delitos. Esa vez, Valencia dijo sobre el caso de Ojeda: “Lo que afirma el fiscal Barros tiene sustento en la evidencia, no es solo una opinión que esté construida sobre la base de una simple especulación”. En los días siguientes, señaló con nombre y apellido a quien aparece como el autor intelectual del crimen: Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen.
La camarilla que gobierna en Venezuela no dudó en violar nuestra soberanía para cometer un crimen atroz. Lo hizo con la seguridad de contar con “fuerza propia” dentro de Chile, constituida de un lado por los miles de delincuentes que Maduro sacó de las cárceles y envió a nuestro país, y de otro lado, por sus aliados internos, viajeros frecuentes a Caracas, como los que avalaron el fraude electoral en julio pasado y concurrieron hace poco a un “congreso antifascista” que buscó tapar las tropelías de la dictadura.
La verdad sobre el crimen de Ojeda puede contribuir al conocimiento de las otras fechorías cometidas por el régimen de Maduro y Cabello en nuestro país, con la colaboración de sus amigos chilenos. Estamos hablando, por supuesto, de la agresión de 2019, sobre la cual la impudicia del propio Cabello ha contribuido a dar luces. En febrero del año pasado, dijo en la televisión venezolana: “Cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela, estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”. Allí está la confesión: “cualquier cosa de nosotros en Chile”. Vale decir, una falsa invasión levantada como pretexto para agredir a nuestro país.
El Ministerio Público debe llevar la investigación de la muerte de Ojeda hasta las últimas consecuencias. Y el Gobierno, una vez acopiadas todas las pruebas, no debe vacilar en materializar la voluntad que expresó la ministra Carolina Tohá de acudir al Tribunal Penal Internacional. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
