Hasta la oficina del ex Presidente Ricardo Lagos llegó este viernes la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries. El gesto buscaba descomprimir la tensión que generó en el oficialismo la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de someter a discusión inmediata la moción que busca levantar el secreto que pesa sobre los testimonios recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I).
El anuncio de la Mandataria desató un álgido debate al interior del bloque, donde no hay consenso y se han instalado posturas divergentes al respecto. Por lo mismo, reconocen desde La Moneda, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachara la iniciativa el miércoles pasado, el gobierno optó por rebajar la urgencia de la iniciativa en el Congreso. Pese a ello, el tema ya se había instalado.
La tensión escaló luego de que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) acusara al ex Presidente Ricardo Lagos de buscar “dar impunidad a los violadores de derechos humanos”, al establecer en 2004 cincuenta años de secreto sobre los antecedentes que recabó la comisión durante su mandato. “Es mentira que alguna persona haya declarado que no quiere que su testimonio sea levantado, que hoy esté reclamando su intimidad”, sostuvo el parlamentario, a lo que Lagos respondió: “No he sido parte de ningún pacto de silencio. Lo que hice fue para que se supiera la brutalidad que vivimos; para las nuevas generaciones”.
Pero más allá del enfrentamiento, el debate abrió una serie de dudas respecto de por qué y en qué momento se decidió someter a reserva dichos antecedentes, cuyo levantamiento ha sido, además, una demanda histórica de las agrupaciones de DD.HH.
Fue precisamente bajo el gobierno de Lagos que mediante un decreto supremo se creó la comisión con el objetivo de calificar a las víctimas que habían sufrido prisión política y tortura durante la dictadura. Dicho decreto establecía en su artículo 5° que “todas las actuaciones que realice la comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados para todos los efectos legales”. Finalizada su labor, según explican sus integrantes, fueron los propios comisionados quienes propusieron al ex mandatario someter a 30 años de secreto los antecedentes. La idea, dicen, apuntaba a resguardar la privacidad de las víctimas. El abogado e integrante de la comisión, Luciano Fouillioux, recuerda que “a nosotros 30 años nos parecía sensato atendiendo la envergadura y la gravedad de los hechos”.
Sin embargo, en el mensaje presidencial que dio origen a la Ley 19.992 -la que estableció medidas reparatorias para las víctimas- el propio Lagos determinó que los antecedentes quedarían bajo reserva por 50 años. El ex mandatario explicó en su momento que esa decisión la tomó tras conocer el testimonio de una víctima. En una carta enviada al diario El Siglo en 2015, Lagos explica que “estando por concluir el trabajo de la comisión una mujer imperiosamente pidió hablar conmigo. Al final se le dio la audiencia. Entró a mi despacho y me dijo: ‘Presidente, usted puede ver que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de distinto tipo. Ocurre Presidente que yo espero estar viva todavía cuando tenga 80 años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan esas atrocidades que sufrió su abuela. Treinta años son insuficientes y por eso le pido a usted extender la privacidad de mi declaración durante 50 años’”.
Este viernes, Lagos reiteró que “la confidencialidad se consagró desde el primer momento”, aludiendo precisamente al decreto de creación de la instancia. Asimismo, remarcó que en su conversación con la subsecretaria le hizo que ver que “si el tema era el acceso a los tribunales, eso se resuelve casi por la vía administrativa”.
Sin embargo, en la práctica el secreto sobre los antecedentes ha impedido hasta hoy que la justicia pueda acceder a los testimonios custodiados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Fries aclaró que fue la propia Contraloría la que determinó que para levantar el secreto sobre los antecedentes se requería de un trámite legislativo.
Durante su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el director del organismo, Branislav Marelic, aseguró en septiembre de 2016 que “como es sabido, el secreto por 50 años que actualmente rige sobre el particular constituye un obstáculo a la labor de la justicia. El INDH, como custodio de los archivos de la Comisión Valech I, ha debido negarse a la entrega de antecedentes de aquella, solicitados por tribunales. Distinta es la situación de los antecedentes recopilados por la Comisión Valech II y, especialmente, la Comisión Rettig”.
La abogada Carmen Hertz (PC) afirmó que “aquí lo que se ha pretendido es caricaturizar este proyecto como si los antecedentes de las víctimas se fueran a exhibir en la plaza pública, cuando lo que se está haciendo es levantar el embargo para los tribunales de justicia”.
Otro punto que marcó la discusión esta semana es si efectivamente para que los tribunales accedan a esa información se requiere del consentimiento expreso de los sobrevivientes. Quienes han defendido esa postura plantean que la garantía que se les dio a las víctimas al momento de declarar fue la reserva de sus testimonios, mientras que desde el mundo de los derechos humanos se ha puesto en duda esa versión. Según Fouillioux se podrían haber dado ambas situaciones: “Es muy posible que algunos hayan entendido una cosa o la otra, pero bastaría que uno de ellos entendiera que estaba entregando su testimonio bajo reserva para sacarle un pedazo al proyecto de ley. Sin embargo, no podemos olvidar que aquellos que quieren que su testimonio se haga público tengan el derecho a que se haga público. El tema es con quienes no lo quieren, así sean muy minoritarios”.
Cabe destacar que el proyecto que patrocinó el gobierno fue despachado con una indicación que obliga a los tribunales a resguardar la identidad de las personas en caso de acceder a sus testimonios.
Por su parte, el Comando Unitario de de Ex-Prisioneros Políticos y Familiares, aseguró mediante un comunicado público titulado “Declaración frente a la hipócrita defensa de nuestra privacidad”, que no levantar el secreto es “defender la impunidad”.
La Tercera/Agencias
