Uno de los aspectos en que Chile ha sido reconocido por su seriedad regulatoria, desde el retorno de la democracia, ha sido el manejo de sus finanzas públicas. Lamentablemente, esta seriedad de la política fiscal se ha visto dañada irremediablemente por el ex ministro Alberto Arenas y el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y aunque éste ha hecho importantes esfuerzos, no ha logrado mutar la acelerada descomposición de la economía chilena. Las cifras son elocuentes.
Los resultados económicos de este gobierno han sido los más malos desde la crisis de los petrodólares de los años ochenta. Así, las perspectivas de crecimiento, conforme al último IPoM, son las más malas de Latinoamérica, con la salvedad de Brasil, consumido por una gran crisis política. Nos superan claramente México y Colombia, y ampliamente Argentina y Perú.
El último Informe de Política Monetaria del Banco Central agrega que la economía chilena apenas creció 0,1%. La explicación del IPoM, justificando el magro crecimiento con la huelga de Escondida, es más que cuestionable, considerando que dada la Reforma Laboral, es de esperar que aumente la conflictividad laboral.
Por tanto, lo que se espera es que huelgas y paros en el futuro afecten de una u otra forma el crecimiento. A ello se suma que este escenario de poco crecimiento lamentablemente tiene sólidos fundamentos económicos. Entre ellos está la fuerte afectación de la Reforma Tributaria a la construcción –uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena, que se verá afectado en su desempeño futuro-; la sobrerregulación de la minería –dentro de la cual cabe destacar la casi nula inversión en exploración minera durante este gobierno- y finalmente una posible caída del consumo.
La incobrabilidad de los créditos de consumo asociados al retail creció del 6% al 10%. En el gráfico del IPoM, la caída de la variación real anual del PIB de la construcción casi es una línea vertical de decrecimiento. Ella comienza a caer desde mediados del 2015, o sea desde la aplicación de la reforma tributaria a la construcción, y presenta crecimiento negativo desde finales del 2016. El PIB del 2017 se estima crecerá entre 1,0 y 1,75 por ciento. A pesar de esto, el IPoM es moderadamente optimista hacia el 2018.
Así, se pronostica para dicho año un crecimiento que bordea entre 2,5 y 3,5%. En igual sentido, la OCDE prevé para Chile un crecimiento de 2,8% en 2018, impulsado por mejoras en la confianza del sector privado (suponemos que ello va asociado a un cambio de gobierno). Finalmente, en cuanto a las cifras, este gobierno entregará una pesada mochila al Ejecutivo que le sucede, consistente en una holgura presupuestaria negativa. La Administración que le reemplace tendrá un déficit de aproximadamente US$ 1.790 millones para financiar gastos ya comprometidos. En este contexto, la OCDE -en su último informe, preocupada por el fuerte deterioro Fiscal (la deuda fiscal llegará a 25,2% del PIB en 2017, su mayor nivel en 24 años)- ha sugerido un aumento de los impuestos a los bienes raíces y recursos naturales.
La verdad es que el país no resiste un nuevo aumento de impuestos, dada la continua baja de la inversión, por lo que habrá que focalizar de forma más eficiente el gasto social y mejorar la transferencia de impuestos, lo que supone o una redistribución del gasto social y/o una reducción del aparato del Estado. Naturalmente que a ello se suma una revisión mayor de la Reforma Tributaria del bacheletismo. Sin embargo, esto puede ser insuficiente. Los distintos programas de los candidatos presidenciales parecieran ser muy poco realistas a este respecto.
A pesar que Chile es un país desigual, lo que este gobierno ha hecho indispensable es recuperar el crecimiento económico. En otras palabras, el gobierno de la Presidenta Bachelet se farreó la implementación de las reformas igualitarias –por preferir la igualdad material sobre la igualdad de oportunidades- y la realidad nos impone ocuparnos primero del crecimiento económico para, después de un período presidencial, volver a ocuparnos de la igualdad. Sólo una vez que se adopten importantes las políticas correctivas podremos estar en condiciones de implementar políticas igualitarias, enfocadas esta vez, en la igualdad de oportunidades y con altos estándares de eficiencia. (El Mostrador)
