Veinticinco años tenía el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, cuando 15 personas fueron asesinadas por la Caravana de la Muerte en el regimiento Arica, ubicado en La Serena, en octubre de 1973. Por ese hecho, el general (r), quien en ese entonces ostentaba el cargo de teniente y ayudante del comandante del regimiento, fue hoy condenado a tres años y un día de libertad vigilada por encubrimiento, convirtiéndose el primer líder de la institución castrense en ser sentenciado por una causa de derechos humanos.
El fallo, dictado por el ministro en visita Mario Carroza, es duro y tajante con el ex uniformado, cuya defensa argumentó que «no intervino ni conoció en modo alguno los hechos», y que «éste no sólo no sabía cuál era el objeto de la comitiva, sino que tampoco pudo saberlo».
Agregaron durante el proceso que tampoco «supo a qué respondían los disparos al interior del polígono de tiro» cuando los presos políticos fueron fusilados, «dado que sólo los escuchó a distancia»; y que no tenía «mayor experiencia ni capacidad para representarse que sus superiores de mayor grado hacían aseveraciones falsas».
Los argumentos, sin embargo, no convencieron al magistrado, criticando «la conducta de quienes a no dudarlo tenían el deber ineludible de custodiarlos y sin embargo no trepidaron en ceder esa obligación internacional a los culpables de este exterminio, sin enarbolar una defensa a su favor».
Así también, sostuvo que «toda la Oficialidad del Regimiento Arica de La Serena, consintió dócilmente a que éstos fueran aniquilados sin juicio alguno, y al contrario de lo que sostiene su defensa, el acusado Cheyre, pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta en su favor ante la opinión pública y ante los familiares, y esgrime como excusa su escasa edad, que a su juicio le impediría advertir la gravedad de dichas conductas, pero de la misma manera tampoco advierte en ese instante con el grado de madurez de su formación militar y el compromiso adquirido como Oficial de Ejército, que debía actuar con prudencia y sensatez y no divulgar falacias».
En cuanto a los hechos indagados, defensa, Carroza aseguró que el ex militar «los intenta cohonestar enarbolando un desconocimiento total de lo que acontecía en su propio Regimiento, que por lo demás es de superficie pequeña y hace difícil, por no decir imposible, justificar la ignorancia de lo que acaecía en su interior, por lo mismo no cabe considerar estas conductas solamente como una infracción a la obligación de todo funcionario público de denunciar, sino que contiene en más, una participación activa en actos ilícitos graves».
Por último, indica que pese a que la defensa del general del «nunca más» argumentara que este no tenía conocimiento de los elementos objetivos de los asesinatos, esto «no le impedía al acusado tener consciencia de cómo fueron asesinadas las víctimas, tampoco lo fue en su diálogo con los familiares y en su acercamiento a los medios de comunicación, por lo mismo ignorar que hubo indefensión, trato inhumano y deliberado, y que las reuniones previas lo fueron para organizar y planificar el exterminio, nos parece que en este caso esa tesis es insostenible». Esta sentencia, apelable ante otros tribunales, es la última por los diversos episodios investigados sobre la Caravana de la Muerte desde 1998, la que suma un total de 96 víctimas de secuestros y homicidios.
Emol/Agencias
