Las licitaciones de compras de medicamentos en establecimientos públicos de salud han sido una piedra en el zapato para la promoción de la libre competencia.
En efecto, la Fiscalía Nacional Económica analizó los datos de 303 licitaciones, llevadas a cabo entre enero de 2013 y enero de 2014 en hospitales del país, identificando que, de ese universo, 237 presentan criterios controvertibles.
El problema, según ellos explican, es la existencia de cláusulas en las bases de licitación que tienen aspectos que, a su juicio, son cuestionables y que, al mismo tiempo, son perfectibles para conseguir un proceso más competitivo. En otras palabras, dichas cláusulas funcionan como obstáculos para los competidores que comercializan fármacos genéricos, perdiendo éstos últimos una gran cantidad de licitaciones, a pesar de que tienen un costo significativamente menor.
«Si bien en estricto rigor, hay una licitación, en los hechos uno sabe que la licitación la va a ganar el innovador porque hay un requisito específico que tiene como carácter técnico, que es innecesario y que solo cumple el medicamento innovador, pero no le otorga ninguna característica adicional en términos de eficacia y seguridad. Solo se incluye y a nuestra forma de entender, se le asegura que siempre gane», comenta José Luis Cárdenas, presidente de la asociación de Productores Locales de Medicamentos del nuevo gremio de laboratorio (Prolmed).
La FNE ha indicado que hay espacio suficiente para mejorar la compra de medicamentos a través de licitaciones con mayores criterios de eficacia y eficiencia. Como sugerencias, han señalado que se debería mejorar el intercambio de información entre los actores del sector público de salud, estandarizar las bases de licitaciones que realizan los establecimientos de salud de acuerdo al tipo de medicamento que se trate y potenciar las compras llevadas a cabo a nivel central, intermediadas desde la Cenabast.
Durante los últimos tres años y medio, el Estado podría haberse ahorrado un total de 30 millones de dólares por concepto de cinco medicamentos (Imatinib, ciclosporina, tacrolimus, microfenolato mof, rituximab) genéricos disponible en el mercado.
“En estos cinco casos, que son productos oncológicos, el ejercicio fue decir acá hay productos que son alternativas reales al producto innovador, porque cumplen con los requisitos técnicos, es decir, son intercambiables. Por alguna razón, además de estos requerimientos, las bases administrativas, quienes construyen estas bases, incluyen requisitos adicionales que por definición solo cumple el innovador”, afirma Cárdenas.
-¿A cuántos laboratorios agrupa Prolmed?
-Agrupamos a los cinco principales laboratorios que operan en Chile y con plantas de altos estándares. Representamos el 50% de los medicamentos que se utilizan acá, es decir, la mitad de los medicamentos que se utilizan en el sistema público y privado provienen de alguno de estos cinco laboratorios.
-Ustedes producen hartos medicamentos bioequivalentes.
-Así es, representamos el 30% de los medicamentos bioequivalentes que se usan en Chile. Es una cifra no menor. Nosotros tenemos una posición muy relevante en el mercado, y estamos activos tanto en el mundo privado como abasteciendo al sistema público.
-Con respecto a las compras públicas, usted ha planteado que en muchas licitaciones los medicamentos bioequivalentes, que tienen un costo menor, pierden contra medicamentos mucho más caros.
-Claro, se le podría generar un cuantioso ahorro al Estado, pero se escogen medicamentos más caros en desmedro de los bioequivalentes. Esto, hay que recordar, se enmarca dentro de distintas políticas que ha ido implementando el Estado de Chile: desde primero, la ley de compras públicas que buscó transparentar el sistema de compras públicas en Chile, que como sabes está montado sobre un portal electrónico donde se pueden hacer los precios, donde están los requerimientos técnicos; por otro lado están políticas sanitarias que tienen que ver con requerimientos que implican que si un medicamento tiene ciertos requisitos, es intercambiable con el producto original o de referencia. Habitualmente, cuando llegan nuevos productos al mercado mundial, ese producto está protegido por una patente y cuando esa patente vence pueden entrar alternativas genéricas. En el caso de los medicamentos genéricos, lo que además se exige es el cumplimiento de distintos tests, uno de ellos el de la bioequivalencia. Prolmed ha estado muy activo en certificar sus productos para poder competir con los productos innovadores, y generar a través de esta competencia, ahorros al Estado.
-En el caso del medicamento imatinav, uno de los cinco medicamentos, se trataría de un ahorro de casi 9 millones de dólares, según lo que usted nos dijo, y si ese medicamento cumplía con todos los requisitos, ¿entonces por qué no gana la licitación, si es más significativamente más barato?
-Bueno porque simplemente, en estos cinco casos, que son productos oncológicos, el ejercicio fue decir acá hay productos que son alternativas reales al producto innovador, porque cumplen con los requisitos técnicos, es decir, son intercambiables. Por alguna razón, además de estos requerimientos, las bases administrativas, quienes construyen estas bases, incluyen requisitos adicionales que por definición solo cumple el innovador, es decir, si bien en estricto rigor, hay una licitación, en los hechos uno sabe que la licitación la va a ganar el innovador porque hay un requisito específico que tiene como carácter técnico, que es innecesario y que solo cumple el medicamento innovador, pero no le otorga ninguna característica adicional en términos de eficacia y seguridad. Solo se incluye y a nuestra forma de entender, se le asegura que siempre gane.
-La FNE hizo un estudio en 2014 que identificó una serie de prácticas que consideraban anti competitivas…
-Claro, y una de ellas era incluir estos requisitos en las bases técnicas de las licitaciones, que aseguraban que el producto innovador ganase siempre. Lo curioso es que el Estado de Chile intenta implementar ciertas políticas para aumentar la competencia, como la bioequivalencia, pero los hospitales al final siguen incluyendo requisitos adicionales y con eso garantizan que en la mayor parte de los casos, el innovador gane.
-Es inconsistente con la política de bioequivalencia que ha impulsado el ministerio de Salud.
-En el caso de los productos que se utilizan para trasplantes, existen alternativas bioequivalentes hace ya cuatro años y el producto innovador u original sigue teniendo el 80% del mercado, o sea, lo que debiese haber ocurrido cuando ingresó el primer bioequivalente del producto específico es que rápidamente este abarcase el 80% y el innovador el 20%, debiese ser así, no al revés. Y eso es lo curioso. Ahora, no solo ha sido la FNE la que les hecho la pelea, sino también la Contraloría, tienen harta información, ellos también han hecho fiscalizaciones de estas irregularidades y también ha detectado que, por ejemplo, cuando ya distintas partes han denunciado estas prácticas, que lo que buscan básicamente es bloquear la entrada de la competencia y seguir beneficiando al producto innovador, lo que hacen es “tratos directos”, es decir, yo te compro directamente, al innovador, sin hacer licitación, saltándose los requisitos que impone la ley de compras públicas que establecen los tratos directos como situaciones completamente excepcionales, es decir, cuando no hay competencia, la institución pública puede comprar sin hacer licitación.
-¿Qué ejemplo de fiscalización recuerda de la Contraloría?
-Yo recuerdo, hace un par de semanas, la subcontralora estuvo presentando este tipo de casos en un seminario que hubo en Santiago, es decir, es algo que está muy mapeado, pero por alguna razón, no logran que los hospitales se ordenen y cumplan lo que la propia subsecretaria de redes le ordena.
-¿Quiénes son responsables de que los medicamentos más baratos no ganen las licitaciones?
-Lo que pasa es que para los hospitales no existe una obligación perentoria de licitar a través de Cenabast. Nosotros decimos que este tipo de irregularidades tenderían a desaparecer si Cenabast fuese el que se encarga de realizar estas licitaciones y no se le deja este derecho a los hospitales de especialidad porque así se evita que estas situaciones, que uno las mira con suspicacia. En estos casos, Cenabast habitualmente no tiene injerencia porque no está encargado de hacer las licitaciones, porque lo hacen los hospitales.
-¿Por que los hospitales están dispuestos a pagar más y no a comprar los bioequivalentes?
-Mira, yo solo puedo especular… Las licitaciones las diseñan los comités de los hospitales, ellos establecen los requisitos, y tú puedes tener un hospital que dice para mi es esencial que contenga A, pero otro hospital dice que para ellos no es esencial. Y por qué eso ocurre, hay varias sentencias donde se determina que estos requisitos han sido arbitrarios, ilegales, pero a pesar de todo, una vez que se usa el producto innovador, esas sentencias no tienen ningún efecto práctico.
-Hablemos del ahorro que le podría significar al Estado la compra de los bioequivalentes.
-Nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Si el sistema público hubiese comprado las alternativas que existían, las mismas unidades que necesitaba, y la hubiese comprado al precio promedio de las alternativas que son certificadas como intercambiables, nosotros llegamos a estos 30 millones de dólares en 3 años y medio, y con solo 5 productos, así que es la punta del iceberg. El propio Estado no predica con el ejemplo, te dice bueno estamos avanzando en política de calidad, entonces bueno certifique sus productos como bioequivalentes, ok, la industria se mueve para allá, y lo que hace el Estado, por otro lado, a través de los hospitales del sistema público, es decir, ok, yo sigo comprando el producto innovador, a pesar de la alternativa más barata.
-Hablemos de responsables con nombre y apellido…
-Evidentemente que el Minsal, que ordena a la red de salud, tiene responsabilidad, no puede ser que el propio ministerio sabiendo que esto ocurre, no logre ordenar a los propios hospitales, que son los que compran y favorecen desde un comienzo a un determinado oferente. Sé que ha habido intentos de la subsecretaria de redes, pero no ha tenido efecto práctico. La principal responsabilidad, insisto, están en el ministerio de Salud. La otra solución sería que estos productos, que tienen distintos criterios, bueno, que lo centralice Cenabast, porque no puede ser que para un hospital el criterio sea distinto, es decir, no cuadra que un especialista digo esto es esencial y otro diga que no es esencial. Naturalmente que lo que pasa da para especular, pero lo que uno quisiera es que estas cosas se terminaran. El Estado está botando la plata y mucha plata.
El Mostrador/Agencias
