A las 9:30 de la mañana de este viernes, Natalia Compagnon protagonizó uno de los momentos más complejos para el Gobierno de su suegra Michelle Bachelet: la audiencia de formalización por dos delitos: uno por declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, y otro de presunto soborno por ser representante legal de la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada. Empresa que, con la compra y venta de tres terrenos en la VI Región, marcó un antes y un después en la popularidad de la Mandataria.
En este escenario, se esperaba que la Presidenta estuviera muy lejos del Juzgado de Garantía de Rancagua donde, junto a otros 12 personas, su nuera será formalizada en el marco del Caso Caval. Pero el miércoles a última hora se informó que no viajaría a Cabo de Hornos, donde iba a participar en una actividad de la Armada, sino que se quedaría en Santiago.
La comunicación de cargos liderada por el fiscal Luis Toledo, viene a coronar un año complejo para la esposa de Sebastián Dávalos, así como para la familia presidencial, destapado por la compra de tres terrenos en Machalí a través de un millonario crédito de 6.500 millones de pesos otorgado por el Banco de Chile luego de una reunión en la que participó en persona su vicepresidente, Andrónico Luksic, junto a Compagnon y el hijo de la Presidenta.
Escándalo que ha minado las relaciones familiares entre la Mandataria y el matrimonio Dávalos Compagnon y que ha significado una desoladora baja en el respaldo ciudadano a su Gobierno. Incluso se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que entre sus principales conclusiones apuntó a un eventual tráfico de influencias de la esposa del hijo de Bachelet.
El propio fiscal Toledo no dimensionó la profundidad y aristas que iría destapando el caso, lo que expresó esta semana en entrevista con La Tercera, donde aseguró que “nadie en el país imaginó lo que había detrás de la causa Caval, ni siquiera quienes la investigamos”.
Porque los tentáculos de la empresa de Compagnon y el relacionador público Mauricio Valero arrastran sospechas por estafa, delitos tributarios, soborno e, incluso, ventajas indebidas del síndico Herman Chadwick, en ámbitos tan disímiles como la salud, cambio de uso de suelo o asesorías empresariales.
Hasta ahora Sebastián Dávalos ha salido invicto judicialmente, ya que según el propio Toledo “los antecedentes no han sido suficientes” para levantar cargos en su contra. Pero la relación con su madre se ha visto quebrada, al igual que su imagen pública.
LA CAJA DE PANDORA
La reunión del matrimonio Dávalos Compagnon con uno de los empresarios más importantes del país –cuyo grupo fue el único en Chile que en 2015 estuvo en los top 100 del Ranking Forbes– fue solo el punto de inicio de la bola de nieve en que se fue convirtiendo el caso Caval. Tanto a nivel judicial como político.
Tras el reportaje de revista Qué Pasa que reveló el negocio de la compañía de Compagnon, a quien se le atribuye la gestión en el millonario préstamo del Banco de Chile, la historia fue sumando más y más aristas. Empezando con las dudas en torno allobby de Caval por el cambio de uso de suelo que permitiría aumentar el precio de las 44 hectáreas adquiridas a la familia Wiesner, que involucraba a algunos funcionarios municipales –que también serán formalizados este viernes–, entre los que se cuentan el director de Obras Municipales, Jorge Silva Menares, y la arquitecta y asesora, Cynthia Ross, involucrada en el caso desde varios frentes.
Las redes de Caval llegan hasta figuras ligadas a la UDI. Es el caso del ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, que fue clave en negocios y contactos para la empresa, y que enfrentará cargos en calidad de autor del delito de facilitación de documentación tributaria falsa.
Según su testimonio del 19 de mayo pasado, Cordero conoció a Valero en 2009, cuando este último era gerente de la empresa Tech Data. En 2012, cuando ya era socio de Caval, Valero comenzó a asesorar a la empresa Saydex en las ofertas presentadas para diferentes hospitales en el rubro tecnológico. Cordero, quien también actuó como intermediario en el millonario negocio en Machalí, le presentó al entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, Nibaldo Mora. En su testimonio, señaló que “me consta que Mauricio Valero le hacía llegar dinero en efectivo. En una de las reuniones en las que estuve presente, Valero acordó pagarle la suma de $ 25 millones por sus gestiones”.
Saydex ganó varias licitaciones públicas, tras lo cual pagó a Caval 170 millones de pesos por sus servicios. Las primeras diligencias de este caso estuvieron en manos del fiscal adjunto de Rancagua, Carlos Fuentes, mientras Toledo avanzaba con Caval. Hoy el Fiscal Regional, apoyado por fiscales adjuntos de Rancagua especializados en delitos económicos, lleva todas las aristas del caso, incluida Saydex.
El síndico de quiebras Herman Chadwick, que vendió los terrenos de la familia Wiesner a la empresa perteneciente en un 50% a Compagnon, también será formalizado este viernes. En su caso, por ventajas indebidas en su labor.
Hijo del militante de la UDI Herman Chadwick Piñera y sobrino del ex ministro Andrés Chadwick, trabajó con su amigo y gestor inmobiliario ligado a la UDI, Juan Díaz, quien habría contactado a Valero para ofrecerle los terrenos y operado por millonarios pagos para que se concretara el cambio del uso de suelo. Por estas labores recibió más de 400 millones de pesos por parte de Chadwick.
El “Gatito” Díaz habría hecho los contactos con Caval a través de Cordero, quien se lo recomendó a Valero para unas asesorías comunicacionales que realizaba al empresario Gonzalo Vial Concha, entre las que se contaba el tema de la planta de cerdos de Freirina. El rol de Díaz era revertir la visión negativa de la comunidad sobre la planta de Agrosuper. El pago que recibió por este trabajo ascendió a $47,5 millones, monto que le fue entregado a través de una sociedad de Cordero: Lo Beltrán Ltda., a través de dos cheques, uno de agosto de 2012 y otro de marzo de 2013.
Esta empresa es fundamental en los cargos tributarios que enfrenta Compagnon. La querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentada a principios de enero en contra de los representantes legales de Caval –Valero y Compagnon– los señala como autores del delito tributario de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de dicha sociedad, “rebajando así indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que les correspondía pagar”.
Según el SII, Caval provocó un perjuicio fiscal de más de 118 millones de pesos ($ 118.872.912), producto de la incorporación de facturas falsas emitidas por Lo Beltrán Ltda. “por servicios que nunca fueron prestados”. En total, sumaron facturas por $ 305 millones.
Según el abogado querellante en representación de los parlamentarios RN, Eduardo Riquelme, “Natalia Compagnon dijo que ella no llevaba la administración de la empresa, pero con las facturas falsas a Lo Beltrán, con las que se pagaron menos impuestos, ella se vio beneficiada como dueña del 50% de Caval. Está involucrada y además beneficiada por este delito”.
EL FACTOR VIAL
En su tercera declaración ante el Ministerio Público, el 11 de enero pasado, Compagnon cuestionó la actuación del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, acusándolo de “mal manejo político” tras el estallido del caso el 6 de febrero de 2015. Dichos que van en la misma línea de lo declarado por Sebastián Dávalos.
También reconoció que Caval contrató a la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, por unos negocios ligados al empresario Gonzalo Vial Concha.
Vial Concha es una pieza compleja para Compagnon en este caso. Sobre todo luego de su último testimonio en calidad de testigo ante la Fiscalía.
Y es que Vial, en cuyo fundo en Paine celebraron su fiesta de matrimonio Compagnon y Dávalos en 2012, declaró que la socia de Caval le mostró más de 300 correos que, según ella, acreditaban “un complot” en su contra. Argumento que habría acaparado su atención y por el que terminó pagándole $1.200 millones por asesorías mineras, suma que equivale a la mayor parte de las entradas de la compañía. Pero luego se dio cuenta de que la información podría ser un “engaño”, cuyo fin era obtener dinero de sus empresas.
