Las habilidades y el conocimiento de que dispone la población de un país son predictores de su progreso económico. La convicción de que esta relación es causal ha crecido en las últimas décadas como resultado de mediciones que identifican de manera más precisa las habilidades de estudiantes y fuerza de trabajo.
Diversos análisis han mostrado que no basta completar años de estudios, sino que es el aprendizaje que se logra con estos estudios lo que predice el crecimiento económico y beneficia al país y a las personas. En el caso de Chile, a pesar de tener alrededor de 12 años de escolaridad promedio, las pruebas aplicadas a la población adulta y escolar muestran rezagos importantes en competencias lectoras, numéricas, científicas y de resolución de problemas básicos.
Docentes efectivos son esenciales para revertir esta situación. La efectividad docente depende de muchos factores, pero no se puede desvincular de su trayectoria académica. Esta constatación, amparada en evidencia abrumadora, se plasmó en la Ley 20.903 de 2016, nueva carrera docente, que establecía que, a partir de 2023, los postulantes a pedagogía debían cumplir con una de tres condiciones: pertenecer al 40% superior en el promedio de las pruebas obligatorias (competencia lectora y matemáticas 1) de admisión universitaria, ser del 20% de mejores desempeños escolares en el colegio o liceo de origen o ser parte del 50% superior en las pruebas y del 40% de mejores desempeños escolares.
Desde entonces han pasado 8 años y se ha ido retrasando la fecha para exigir las condiciones acordadas en el Congreso, quedando para el proceso de admisión y matrícula 2025. Además, se estableció una transición, para que las universidades tuvieran tiempo de adaptación: desde 2017 los postulantes a pedagogía deben provenir del 50% de mejor desempeño en el promedio de las pruebas obligatorias (equivalente a 500 puntos PSU) o del 30% superior en notas de su colegio o liceo.
Como era de esperar, el número de postulantes después de 2016 se redujo. En 2023 y 2024 la matrícula se recuperó, no por mayor interés, sino por un relajamiento en las condiciones de acceso. Como es sabido, la nueva prueba, vigente a partir de 2023, modificó la escala de puntajes. Con ello subirían los puntajes que representaban el umbral del 50% superior del promedio de las pruebas obligatorias. Sin embargo, se mantuvo uno similar al de la PSU. Así, en los dos últimos años se han admitido postulantes del 75% superior en vez del 50. Se está, por tanto, incumpliendo severamente la disposición aprobada en 2016.
Para cumplir con la ley es indispensable corregir este criterio en la admisión 2025. Ello supone elevar el puntaje mínimo de postulación para el promedio de competencia lectora y matemáticas 1 desde 502 a aproximadamente 575 puntos. Estamos conscientes de que esto no es exactamente lo que establece la ley para 2025, pues solo retoma el criterio de la transición, pero puede ser razonable postergar en dos años la exigencia de pertenecer al 40% superior. Sabemos que estas exigencias son controvertidas, pero no hay espacio para más espera, especialmente dado que los programas de formación inicial no parecen estar supliendo el rezago con que entran algunos candidatos a estudiar.
La prueba de evaluación diagnóstica, aplicada a los futuros docentes un año antes de que finalicen sus estudios, muestra resultados que deben ser considerados insatisfactorios, y no muestra progreso desde que se aplica el instrumento. La Comisión Nacional de Acreditación (noviembre 2023), más allá del lenguaje cuidadoso utilizado, hace un análisis muy crítico y destaca el poco uso que se hace de esta información en las facultades de Educación para mejorar.
Por cierto, los legisladores entendieron bien que la efectividad de un profesor no se agota en los indicadores académicos. La ley permite una selección complementaria a través de programas de atracción de talentos pedagógicos. Asimismo, la ley mejoró las condiciones laborales de los docentes y los apoyos al ingreso a la profesión. Dado que estos elementos no atrajeron más candidatos del nivel que se espera, se podrían repensar para asegurar mayor interés en esta profesión, junto con hacerse cargo de disparidades regionales, déficits de docentes en las áreas y territorios específicos donde existen, y revisar los aranceles regulados de pedagogía que se ven mezquinos si se piensa en los desafíos que involucra la formación de profesores efectivos.
Mientras tanto, el compromiso con niños, niñas y jóvenes de nuestro país tiene que ser decidido y no puede significar, como ya está ocurriendo, un paso atrás en el objetivo que se propuso el país hace ocho años para aumentar la selectividad a pedagogía.
Harald Beyer
Susana Claro
Escuela de Gobierno, UC
