Con el correr de los días, en el análisis del Gobierno se asentó la idea de que ese hecho graficaba cómo en Palacio no dimensionaron el calibre de la crisis que enfrentarían durante esta semana y que quisieron dar por cerrada este viernes con la renuncia del hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, a su cargo de Director Sociocultural de la Presidencia.
La capacidad de adelantarse a los hechos quedó en entredicho, además, porque el mismo día de la publicación, cuando parlamentarios de oposición ya criticaban el negocio que implicaba un préstamo del Banco de Chile por 6.500 millones de pesos a la sociedad Caval -donde la nuera de la Mandataria es dueña del 50%-, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo señaló: «No he leído la noticia. No le podría responder de lo que está hablando, pero no le quepa ninguna duda de que en esas materias siempre va a haber total transparencia».
A partir de ese momento, las autoridades políticas de La Moneda -Peñailillo; el vocero (s) y ministro de Justicia, José Antonio Gómez; y el director (s) de la Secom, Carlos Correa- comenzaron a recavar información sobre el caso, pero sin un sentido de urgencia. Incluso el sábado por la tarde Gómez se mantuvo descansando en la V Región esperando instrucciones de Peñailillo. El ministro, en tanto, se comunicaba con la Presidenta Bachelet en Caburgua, para saber si Dávalos estaba involucrado en la operación crediticia.
Tanto en La Moneda como en el entorno de la Mandataria generó cierta incomodidad que la información la fueran conociendo «por goteo» y que no se entregara una versión completa y detallada del negocio desde el círculo de Dávalos.
Escenario que cambió radicalmente el domingo. Cerca del mediodía, el Gobierno recibió la alerta de que el Banco de Chile emitiría durante la tarde un comunicado donde afirmaba que la reunión en que sostuvo la nuera de la Mandataria con el vicepresidente del Banco, Andrónico Luksic, el 6 de noviembre, también había participado el hijo de Bachelet.
El tema golpeaba directamente a La Moneda justo en un momento en que las cifras comenzaban a ser positivas para el Gobierno: lograron sacar con éxito su agenda legislativa durante enero, en las encuestas la Presidenta había detenido su tendencia a la baja en el apoyo ciudadano, y la economía mostraba ciertas señales positivas con un Imacec de 2,9%, cifra superior a la esperada.
Pero, ahora, el caso Dávalos dejaba al oficialismo sin agenda propia.
Control de daños en Palacio
Con el comunicado del banco, se instalaba en la opinión pública que el hijo de la Presidenta había jugado un rol en el otorgamiento del préstamo a la sociedad de su esposa para adquirir las 44,3 hectáreas de terreno en Machalí y la oposición ya apuntaba sus críticas al discurso de igualdad del Gobierno.
En La Moneda estaban concientes de que se debía actuar con celeridad para cerrar todos los flancos y despejar cualquier atisbo de ilegalidad en la operación. La labor tenía un objetivo mayor: preservar la figura de la Presidenta Michelle Bachelet, explican en el Ejecutivo.
Por ello, el ministro Peñailillo estuvo en contacto con la Mandataria. Junto a esa labor, el titular de Interior, lideró las reuniones que se realizaban en la sede de Gobierno con la presencia de Gómez y de Correa.
En esa línea, clave fue la cita que los tres personeros tuvieron el lunes en la mañana. En la ocasión, se trazaron los principales lineamientos de la estrategia para enfrentar los cuestionamientos. El discurso se centraría en que el tema era un asunto entre privados y no presentaba ninguna irregularidad.
Conclusión a la que llegaron tras una serie de gestiones. Lo primero, fue «aislar» la figura de Bachelet: ella no conocía el negocio y se aplicaría «toda la transparencia» que el caso permitía. Luego, instruyeron a equipos técnicos para que despejaran las aristas legales.
El lunes en la mañana, Vivienda ya tenía la orden para que recogiera todos los antecedentes del cambio de plan regulador de la VI Región, en concreto, lo que se estaba trabajando para la comuna de Machalí.
En paralelo, un grupo de abogados penalistas del Ministerio de Justicia analizaba que no existiera la figura penal de tráfico de influencia en la operación crediticia.
Debían clarificar, también, que el trámite hubiese ocurrido antes de que Bachelet asumiera la Presidencia y que ningún funcionario público de la actual administración estuviera involucrado en el caso.
Con el correr de las horas, las dudas se fueron despejando. Pero, de acuerdo al análisis político y comunicacional, faltaban pasos que eran indispensables para que el Gobierno retomara el control de la situación: que Dávalos entregara su versión de manera pública y que diera a conocer su declaración de patrimonio y de intereses. Lo primero no lo hizo sino hasta el viernes y lo segundo generó un tenso capítulo entre asesores de la Presidencia y el equipo del entonces director sociocultural.
Durante la misma reunión del lunes, Peñailillo convocó a la jefa de gabinete de Dávalos, Erika Silva (PS), para que le transmitiera al hijo de la Mandataria que era necesario que enviara sus declaraciones de patrimonio y de intereses para publicarlos en la web del Gobierno. Si bien no estaba obligado legalmente a este trámite, La Moneda pretendía dar una señal de transparencia. Con esa tarea, Silva dejó la oficina de Interior y se coordinó con su equipo y con el mismo Dávalos a quien conoce desde la universidad y como militante del Partido Socialista (ver recuadro).
La vocería más compleja de Gómez
Cuando el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde salió de vacaciones, en La Moneda concluyeron que quien debía subrogarlo debía ser un ministro político con experiencia que acompañara en febrero a Peñailillo que asumía la vicepresidencia durante las vacaciones de la Mandataria. Así se explica por qué fue Gómez el hombre de las vocerías de las últimas semanas y no el subsecretario de la Segegob, como se acostumbró en administraciones anteriores.
Hoy, con los acontecimientos sobre la mesa, en Palacio hacen un análisis positivo de la decisión.
Proceso que no estuvo exento de dificultades. En el entorno del ministro Gómez -secretario de Estado en el primer gobierno de Bachelet, ex senador y ex candidato presidencial- reconocen que el lunes debió enfrentar la vocería más difícil de su carrera política. Mientras la expectación pública por el caso comenzaba a extenderse, el vocero (s) ingresó al Salón Azul y dijo que quería subrayar tres puntos: habló del accidente protagonizado por el senador Jaime Quintana, criticó la protesta de parlamentarios de oposición en el lago donde descansa la Presidenta y se congratuló por la labor de las policías en materia de narcotráfico.
Y cuando llegaron las preguntas sobre Dávalos, su respuesta, sorpresivamente, fue sobre Penta y sus aristas penales. Desde Presidencia se había tomado la decisión de mantener en la agenda el tema que complica a la oposición y tratar de marcar diferencias en ambos casos. Unos días después, desde La Moneda reconocen que la estrategia no funcionó y que Penta «no existió» durante toda la semana.
Una dificultad mayor que se le agregaba a la vocería era que el foco era el hijo de la Mandataria, y no un funcionario «estándar» que en una crisis puede ser utilizado de fusible en caso de que se comprometa la figura presidencial. Además, aún no contaban con el 100% de los antecedentes en la mano para hablar con total tranquilidad.
Las explicaciones de Gómez no calmaron el ambiente. El martes la presión aumentaba sobre Palacio, factor que incidió en que Peñailillo señalara públicamente que Dávalos entregaría su declaración de intereses «lo antes posible». En el Gobierno imperaba la tesis de que mientras antes se cerraran los flancos, se evitarían nuevas filtraciones que pudieran sorprenderlos.
A este escenario se sumaba la incomodidad que generaron las versiones de prensa que daban cuenta de la mala relación que Dávalos tendría con el titular de Interior.
En tanto, el tono de las declaraciones de los dirigentes oficialistas comenzaba a cambiar. De permanecer en silencio, pasaron a exigir que el hijo de la Mandataria diera a conocer su declaración de intereses. De acuerdo a los cálculos de los principales dirigentes de la Nueva Mayoría, el episodio les estaba causando un daño mayor del que el caso Penta podía provocarle a la oposición.
Bachelet decide
Cuando Peñailillo notificó el lunes a Erika Silva que Dávalos debía enviar su declaración, el equipo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia se encargó del tema. Ellos comunicaron a la Secom que cerca de las 20:00 horas del martes ya estaría disponible en la web de la repartición. A última hora de ese día, las llamadas de los asesores de La Moneda fueron insistentes puesto que las declaraciones de patrimonio e interés aún no habían sido enviadas.
Minutos antes de las 00:40 horas del miércoles el gobierno fue avisado por el equipo de Dávalos que los documentos estaban en Internet. En el Ejecutivo explican que este episodio grafica la autonomía con que el hijo de la Presidenta se había manejado hasta ese momento para enfrentar los cuestionamientos.
Su silencio y la escasa información con las que elaboró sus declaraciones, incomodaron también a dirigentes de la Nueva Mayoría, quienes comenzaron realizar emplazamientos para que dejara el cargo.
El mismo miércoles la Presidenta, desde Caburgua, le comunicó al ministro Peñailillo que la crisis debía quedar resuelta antes del sábado: ese día Dávalos ya había tomado la decisión de alejarse de su cargo. Para empezar los preparativos de su renuncia regresó esa jornada a Santiago desde la IX Región. Optó por viajar en auto, solo, dejando a su familia en Caburgua.
Desde el entorno cercano de Bachelet se abrió un debate sobre si Dávalos debía donar a una institución de beneficencia las utilidades recibidas por el negocio -2.500 millones de pesos- y así cerrar definitivamente el flanco sobre el uso de su posición para beneficio personal.
Con este escenario, figuras del oficialismo remarcaron los llamados para que Dávalos dejara su cargo pues, argumentaban, el daño al Gobierno «era muy grande». Camilo Escalona (PS), Sergio Bitar (PPD), Alejandro Guillier (ind.) fueron algunas de esas voces.
El jueves a mediodía, La Moneda tuvo otro respiro. La Superintendencia de Bancos señaló que no había detectado infracciones en el préstamo del Banco de Chile a Caval. Con esa información, en La Moneda estimaban que solo quedaba esperar que se concretara la renuncia.
En paralelo, Dávalos se concentró en redactar, sin la ayuda de sus asesores, la declaración pública que haría al día siguiente. Mientras su jefa de gabinete conversó por cerca de 20 minutos con la Presidenta Bachelet, quien quería un completo informe del estado de cada una de las fundaciones que hasta el viernes estaban bajo la tutela de su hijo.
En la conversación, la Mandataria le informó a Silva que el discurso que estaba preparando Dávalos debía ser visado por el ministro Peñailillo.
Nueva Mayoría
Minutos pasadas las 17:00 horas, Dávalos realizó el punto de prensa en La Moneda donde anunció que renunciaba al cargo.
Al finalizar su declaración, una nueva estrategia comunicacional se desplegó tanto en La Moneda como entre los dirigentes de la Nueva Mayoría. Valoraron el gesto del hijo de Bachelet, y apuntaron hacia el caso Penta y a los parlamentarios de la oposición involucrados. El diseño pretende «que el ambiente político vuelva al estado que presentaba a fines de enero». Pero, al mismo tiempo, reconocen que la tarea «es difícil».
De acuerdo a los cálculos del oficialismo, el daño hecho al discurso del Gobierno (sobre igualdad, «nivelar la cancha», y rechazar el lucro en algunas actividades, entre otras consignas) será complejo de subsanar. Además, están concientes de que la Alianza, en marzo, podría solicitar la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para revisar el funcionamiento de las siete fundaciones que dependen de la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Y si bien es posible que no lleguen a ningún resultado concreto, eso mantendría el tema en agenda. (Reportajes El Mercurio)
