Es preocupante el nivel de inseguridad que se ha instalado en el país. El asesinato de un trabajador en una emboscada en el sur es el triste recuerdo de un ambiente donde la violencia campea y de que hay zonas completas del país que están al margen de la justicia.
El lenguaje crea realidad y, en esta materia, algunos medios de comunicación y autoridades han masificado el uso de eufemismos para referirse a estos hechos. No es violencia rural lo que ocurre en el sur, es terrorismo. No son manifestantes los que saquean y destruyen el espacio público, son delincuentes. Segundo Catril Neculqueo no murió en un enfrentamiento, fue asesinado a sangre fría.
Es difícil entender, entonces, la reticencia de las autoridades a usar todas las herramientas que les entrega la Constitución para contener la anomia en la que ha devenido el país. Un estado de excepción acotado a algunas carreteras, mientras el robo y el asesinato se esparcen como la gangrena por zonas completas en la macrozona sur. Presencia policial en algunas zonas —“copamiento preventivo”, el mismo que criticaron con fuerza en la administración pasada—, mientras otros sectores de la capital subsisten en el total abandono y ven cómo el narcotráfico se ha tomado los espacios públicos.
Este es un problema de primer orden para familias y empresas. La inflación, el desempleo, los problemas de salud pública y las pensiones terminan relegados a dificultades secundarias si las personas no pueden salir de sus casas seguras o si las empresas no pueden transportar sus productos por las carreteras.
Es hora de decir basta. Es hora de llamar al terrorismo, a la delincuencia y al narcotráfico por su nombre. Es hora de usar todas las herramientas que la actual Constitución contempla. Es momento de devolverle al Estado el monopolio de la fuerza, delegado en las policías para que hagan su trabajo sin temor a represalias por cumplirlo. La ideología política no puede terminar imponiéndose sobre el sentido común que clama por orden y justicia. (El Mercurio Cartas)
Gonzalo Said
