Parece una obra de teatro conocida. Verificado un escándalo como el cartel de los papeles, los empresarios se lamentan de lo ocurrido, señalan que se trata de excepciones y que no es la generalidad del mundo empresarial, llaman a las autoridades a legislar sobre el asunto y se sientan a esperar que pase la tormenta. La comedia continúa con anuncios de medidas legislativas inmediatas, se proponen las penas del infierno –la cárcel, que en Chile efectivamente es un infierno– y pocos avances observamos después de la tormenta.
Recapitulemos. En marzo de 2009, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) condenaba cualquier tipo de prácticas que afectara la libre competencia, refiriéndose al caso Farmacias. En junio de 2011, la CPC emitía una declaración condenando “en forma enérgica” a La Polar por haber afectado la fe pública. En esa oportunidad se esperaba la aplicación de todo el rigor de la ley y se llamaba a los empresarios a “seguir actuando cada día con mayor celo, responsabilidad y respeto”. En septiembre de 2014, la CPC señalaba en relación con la colusión de empresas de pollos, que esas situaciones evidentemente le preocupaban, pero «¡hay que diferenciar las actitudes del empresariado con las actitudes que pueden tener algunos empresarios!”.
En el plano legislativo la situación es la siguiente. Abril de 2009, un grupo de senadores de la Alianza presenta una moción para establecer sanción penal por el delito de colusión. El proyecto registró su última actividad en noviembre de dicho año. Julio de 2013, un grupo de senadores del PPD presentan un proyecto en la misma dirección, sin observarse ninguna actividad de ese proyecto hasta la fecha. Ese mismo mes, un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentó un proyecto similar que tampoco registra actividad. En julio de 2015, un grupo transversal de senadores presentó una nueva moción. Cero actividad.
Lamentos empresariales, reacciones políticas, promesas de penas del infierno y cero avance. Las condiciones para avanzar en una legislación relevante son ideales. La teoría económica nos enseña que donde existe concentración de grupos económicos es muy probable que se produzca esta coordinación de actores para controlar los mercados de modo informal (colusión). La práctica nos muestra una y otra vez que aquella coordinación es real. Entonces, ¿por qué no hay cambio?
La solución no pasa exclusiva ni únicamente por proponer las penas del infierno. Altas penas sin prevención ni sistemas de control efectivo no sirven de nada. Se requiere establecer mecanismos de prevención, control y sanción muchísimo más sofisticados, pues se trata de grupos económicos poderosísimos.
¿Hacia dónde debiesen, entonces, orientarse las reformas para evitar este tipo de prácticas del mundo privado?La versión ingenua de la historia nos diría que las urgencias legislativas van en otra dirección. Los legisladores pondrían poca atención a estos asuntos porque otras prioridades ciudadanas focalizan su atención.
Otra versión, la cual suscribo, nos indica que los actores económicos y políticos se movilizan a partir de intereses. Como hasta hoy la política depende principalmente de los grupos económicos para desarrollar sus actividades, entonces es muy probable que ciertas agendas no sean prioridad porque precisamente afectan los intereses de aquellos actores. En un mundo con tan alta concentración económica resulta muy esperable que existan prácticas informales de coordinación de precios. Las sanciones irrisorias que hoy se aplican, el bajo control y la debilidad institucional para su detección se explican por un asunto muy simple: la dependencia política de los grupos de interés económico.
En lo político se requiere una mejor regulación del financiamiento de campañas y de la política. A ello debe agregarse un sustantivo mejoramiento de la actual Ley del Lobby que será el talón de Aquiles en décadas futuras. En el ámbito de los mercados, ya la comisión Engel propuso, entre otros puntos, extender las facultades fiscalizadoras de las autoridades competentes, revisar la estructura de gobierno de los entes fiscalizadores, fortalecer la delación compensada, regular procedimientos de entrega de información, eliminar plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas, revisar las sanciones, incluyendo el establecimiento de responsabilidad penal empresarial por delitos asociados a información privilegiada y colusión, y revisar composición y atribución de directorios de empresas.
El muro de los lamentos como estrategia comunicacional se agotó. El contexto social de descrédito de la política y los negocios demanda respuestas institucionales de otro nivel. Las grandes empresas requieren adoptar nuevas prácticas –proactivas y transparentes– y los legisladores producir marcos jurídicos comprehensivos y coherentes. Aquello hasta el día de hoy no ha estado pasando; lo que nos lleva a concluir que las instituciones funcionan muy bien en Chile, pero lo hacen con el claro de propósito de satisfacer las necesidades de algunos intereses particulares. Y esto es lo que debe cambiar. Basta de lamentos.
