El “precio justo” de la ideología

Preguntémosle al Gobierno y a Enap por qué no entregaron gratuitamente el “Gas de Chile” a los chilenos que el programa pretendía beneficiar. ¿Por qué cobrar $15.000 por un bien de primera necesidad, que con un costo de $116.000, ya está subsidiado en aproximadamente un 87%? Es tal la envergadura del subsidio que parece poco verosímil, por no decir falso, hablar de “precio”. Se ha señalado que la magnitud de la distancia entre costo y precio es temporal y aparente, porque refleja el costo de entrada de Enap. Pero aun así, la ventaja que permite a la estatal asumir ese costo sin llevarlo a precio es manifiesta. Los privados, en cambio, no cuentan con el erario público para ajustar sus precios de manera inmediata al nuevo competidor.

Cuando se distorsiona así la realidad, porque no hay precio, sino subsidio directo, hay dos discusiones. Una, la del estatismo ineficaz y predatorio. Esta discusión es la evidente, y se relaciona con el sentido y la responsabilidad de la autoridad en un futuro “Estado Social de Derecho”. La otra, la que destaco aquí, es la discusión sobre el financiamiento de la ideología política del gobierno de turno con cargo al fisco.

Hablar de “precio justo” acusa de manera implícita que los otros precios, los que cobra la empresa privada, son injustos. Eso, aunque imprudente, podría hacerse con algún grado de honestidad política, si el cobro fiscal, el llamado “precio justo”, guardara alguna relación con los costos asociados de producción y distribución del bien socializado, y los tiempos reales para amortizar costos de entrada. Pero cuando ese cobro no es comparable ni remotamente con un precio de mercado que refleje costos y tiempos (de entrada para la estatal, y de adaptación competitiva para los privados), salta a la vista que lo que se busca con la medida es matar dos pájaros de un tiro: además de estatizar el suministro, se ataca nuevamente la estatura ética del mercado y sus “precios injustos”, aunque esta vez con el dinero de todos los contribuyentes.

Fernanda García G.
Subdirectora ejecutiva Faro UDD

La próxima Cuenta Pública del Presidente de la República, fijada para el 1º de junio próximo, será una gran oportunidad para que el primer mandatario explique a los chilenos y al mundo la racionalidad de una política pública como “Gas a Precio Justo”, que logra en solo unos meses elevar el costo fiscal de un cilindro de gas licuado de $19.000 a $117.000. Economistas, cientistas políticos y ciudadanos esperan expectantes.

Francisco Orrego Bauzá