Toda la discusión sobre las 419 pensiones de gracia ha girado en torno a si es compatible con beneficiarios que tienen condenas anteriores, que es el caso de 69 hombres, algunos de ellos con prontuario y hasta 10 sentencias por crímenes gravísimos
Pero el foco no ha estado puesto en la locura de un Estado que por un lado premia al victimario y por otro, castiga a quien representa justamente al Estado en su deber constitucional de resguardar el orden público y la seguridad y que, en muchos casos, es la verdadera víctima por las agresiones que sufre en el cumplimiento de su deber.
La pensión de gracia supone reconocer un tremendo mérito, servicios importantes a la patria, o la afectación por una catástrofe o la incapacidad grave para trabajar. Ninguno de esos motivos está en los beneficios que ha concedido el gobierno, pero la misma ley 18.056, que norma esta facultad presidencial, le permite otorgarla por otras razones “en casos calificados y por decreto supremo fundado”. Los decretos de esta administración, sin embargo, las conceden invocando sencillamente “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”. Nada más vago y arbitrario, porque, curiosamente, ninguno de estas pensiones se ha dirigido a reparar el daño de los saqueados o incendiados o los uniformados gravemente quemados o heridos, sino que todas se han destinado a los octubristas.
Y lo grave es que, a pesar del gota a gota con el que acostumbra a informarnos el Gobierno, ha trascendido que varias personas a las que Gabriel Boric concedió el beneficio extraordinario fueron condenadas por los mismos hechos donde alegan haber sido víctimas de la policía. Pero ellos reciben una renta vitalicia y los uniformados son imputados, condenados y dados de baja.
Andrés Fuica recibe una pensión de gracia mensual de 504 mil pesos, incluso desde antes que le llegara la sentencia por robar en un supermercado saqueado en Valparaíso. En el acto delictual, que reconoció, enfrentó a dos carabineros, quienes fueron condenados en febrero de 2023 a tres años de libertad vigilada por disparos injustificados que le causaron heridas superficiales.
Otro ejemplo. Gabriel Allende estaba construyendo barricadas en Curacaví el 21 de octubre de 2019, encapuchado y después del toque de queda. Recibió perdigones cuando le lanzaba piedras y molotov a carabineros enviados a poner orden. Allende fue condenado a tres años, que cumple en libertad vigilada intensiva. El carabinero que le disparó perdigones y le causó lesiones “menos graves”, está formalizado por apremios ilegítimos y con medidas cautelares.
Suma y sigue, la mayoría con prontuario y todos con el mismo guión. Cometen delitos y atacan a carabineros, cuando el “matapacos” está de moda. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querella en contra de los uniformados y acredita la condición de víctimas de DD.HH. de sus agresores, tras lo cual reciben generosas mesadas mensuales, que, además, Boric consideró insuficientes. Por eso, en su primera cuenta pública, de junio de 2022, anunció que se las reajustaba a todos, a través de decretos exentos que firman los ministros Carolina Tohá y Mario Marcel (¿les dará un poco de vergüenza?).
El caso de Adán Castro raya en el realismo mágico. El 21 de octubre del fatídico año reacciona a un control de detención golpeando a la policía. A un cabo lo patea en el suelo y resulta con trauma encéfalo craneano de mediana gravedad. Antes de tomar su pistola y huir, a otro cabo lo golpea en el rostro y en el ojo, dejándolo a contusión ocular leve. El 4 de mayo 2021, Castro fue condenado por maltrato a carabineros y además por porte ilegal de arma, lo que cumple en libertad vigilada. El cabo herido en el ojo que logra detenerlo, en cambio, fue formalizado por apremio ilegítimo en contra de quien fue condenado, a su vez, por su ataque a él. El INDH se querelló por tortura, acusando que los golpes le provocaron al agresor de carabineros “erosiones y contusiones en zona máxilo mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”.
No se trata de quitarle las pensiones de gracia a inocentes o a transgresores de la ley o atacantes de carabineros que puedan haber perdido la vista por la actuación de las fuerzas de orden. O en casos de exceso policial similares. Pero premiar a quienes han quemado casetas y uniformados, lanzado molotov o golpeado a policías que cumplían con su deber, simplemente porque el INDH consideró que la represión del delito violaba sus derechos humanos, es demencial. Menos, cuando las lesiones son falsas o no los inhabilitan de por vida para trabajar.
El Estado-Poder Judicial no puede disociarse y fallar (a veces) en contra de los que saquean, construyen barricadas, incendian y agreden a la policía y premiarlos por los mismos hechos, cuando el Estado actúa como Presidente de la República.
Mientras sigan dudando en erigir memoriales al octubrismo en la estación del Metro más violada, Baquedano, o en exhibir esculturas del “perro matapaco” en las plazas, la delincuencia y el narcotráfico no amainarán. Nada gana el Presidente con creer que tendrá algún efecto su discurso sobre el “gabinete de la seguridad” o citar al Consejo de Seguridad Nacional o poner a militares a cuidar la infraestructura.
Mientras el Gobierno (y sus aliados políticos) y el Poder Judicial no definan que las fuerzas de orden y seguridad tienen derecho a usar un poder mayor, no proporcional, frente a los delincuentes de la “primera línea”, la espiral de violencia-delincuencia continuará. El INDH no puede continuar como la capilla de impunidad de quienes salen a delinquir o a desafiar a la autoridad bajo el escudo de la “protesta social”, donde el Ejecutivo les garantiza que serán premiados si por su acción temeraria resultan lesionados.
Por cierto, que además ayuda a inmovilizar a los encargados de la seguridad que la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, se apresten a formalizar a la máxima autoridad de carabineros y a su antecesor, imputándoles omisión en los cerca de 400 casos de lesionados civiles post 19 octubre.
Esta manía de convertir en victimarios a las víctimas terminará transformándonos en el peor país latinoamericano en materia de seguridad. Porque, como se preguntó Susana Borzutsky, la abogada del ex general director de carabineros, Mario Rozas, ¿a quién le importan los 5 mil carabineros lesionados entre octubre de 2019 y marzo 2020? De ellos, 26 recibieron impacto balístico y 82 fueron quemados con artefactos incendiarios. Pero ellos no parecen importar a la Fiscalía y no reciben las millonarias “gracias” del Presidente Boric. (El Líbero)
Pilar Molina
