La noche del 19 de octubre, misma fecha en que dejó su cargo de ministra de Justicia, Javiera Blanco tenía un par de correos electrónicos con ofertas de trabajo. Había viajado a Antofagasta, la tierra de su pareja -el senador independiente Pedro Araya- para alejarse del asedio de la prensa y la tensión del ambiente político para poder retomar la calma después de varios meses críticos en su gestión por los serios problemas en tres de sus instituciones dependientes: el Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería y Registro Civil.
Su salida del gobierno -sorpresiva para muchos dada su reconocida cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet- puso fin a la presencia de los ex colaboradores de la Mandataria que la acompañaban desde el comando de campaña en la primera línea de su administración.
Blanco pasó bastante tiempo recorriendo la zona junto a Araya en las semanas distritales y reflexionando acerca de su futuro profesional. La posibilidad de continuar su carrera política como parlamentaria había desaparecido después de su polémica salida del gobierno, aunque ella misma la había descartado anteriormente. A varios cercanos les había contado que no estaba interesada en competir por un escaño de la DC en el Congreso, fuera como diputada en la Región Metropolitana o como senadora en el Maule o La Araucanía. Su idea era cumplir con las asesorías que estaba realizando para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de prevención del delito, luego salir de vacaciones y esperar hasta marzo para tomar una decisión con todas las ofertas en la mano.
El cronograma sufrió un cambio durante enero, cuando Blanco fue informada de la oferta de la Presidenta Michelle Bachelet para asumir como nueva consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Los viajes de turismo programados para febrero fueron cancelados y las otras ofertas de trabajo pasaron a un segundo plano. “Esto no estaba en sus planes”, dice una fuente allegada a la ex ministra. Blanco no tenía pensado seguir ligada al mundo público pero, de acuerdo a sus cercanos, el cargo le pareció desafiante intelectualmente, en especial por el nuevo panorama en justicia laboral, un tema que ella conocía bien desde sus años de ministra del Trabajo y por el cual el Estado es constantemente requerido.
Ni el eventual revuelo público por su nominación, ni su falta de experiencia como litigante (ver página 6), eran argumentos suficientes como para disuadirla. A su favor, dicen en su entorno, tenía su conocimiento de la Reforma Procesal Penal -en la que participó activamente su hermano Rafael Blanco durante la gestión de Soledad Alvear en Justicia-, de prevención del crimen y de la Reforma Laboral. Por otra parte, Blanco tampoco era de las personas que se negaba a una propuesta de la Presidenta.
El mismo día en que tenía pensado salir de vacaciones, el 1 de febrero de 2017, Blanco recorría los pasillos del edificio del CDE en Agustinas acompañada de su presidente Juan Ignacio Piña. “Soy la nueva consejera”, fue su presentación, según cuenta un abogado del organismo. Ninguno de ellos necesitaba escuchar esa frase: todos estaban seguros que su presencia en el lugar no podía obedecer a nada más.
Hoy en el CDE aseguran que Blanco integrará el comité encargado de ver temas tributarios, laborales y ambientales, muy lejos de las causas penales donde además de escasa expertise podría tener inhabilidades. Un caso sería -por ejemplo- los “jubilazos” de Gendarmería, donde el CDE ya se hizo parte y en el que la fiscalía incautó el PC de la ex titular de Justicia.
CARRERA POR LA VACANTE
El presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, se enteró de que la Presidenta Michelle Bachelet había firmado el decreto que nombraba a la nueva consejera apenas 24 horas antes de que Blanco apareciera por la oficina. Como coagente chileno ante La Haya, la relación de Piña con La Moneda necesariamente se había estrechado en el último tiempo y las conversaciones respecto de cómo llenar un cupo vacante desde hacía 24 meses se habían sucedido en distintas instancias. En la última de ellas, la Jefa de Estado anunció la llegada de Blanco.
Mientras Jorge Burgos estuvo al mando de Interior, Piña defendió la necesidad de contar con un experto en derecho civil. Ante rumores de eventuales nombramientos de penalistas externos, el actual presidente de la entidad le manifestó al gobierno la necesidad de hacer un gesto con el propio organismo y ascender a uno de los civilistas internos.
“En el CDE habían apuestas de quién sería el nuevo consejero. Y se sabía que el día que un abogado externo importante cruzara esa puerta solo, sin cita, sería el elegido. Pero la presencia de Blanco dejó perplejos a todos. El principal motivo era que se había ido del gobierno en medio de escándalos y que parecía ilógico que obtuviera ese ‘premio’”, dijo otro funcionario. Otro abogado consultado, quien firmó la crítica carta difundida el viernes 10, sostuvo que “acá se ha hecho un daño enorme al organismo, el presidente Juan Ignacio Piña había hecho esfuerzos porque destacáramos en aspectos técnicos, en desligar las decisiones del CDE del ámbito político y esto fue un duro golpe, hay sensación de injusticia”.
Si bien al interior del organismo hay una postura más o menos unánime, los consejeros no se han reunido a analizar el tema. Lo harían en los próximos días, cuando algunos de ellos retornen de sus vacaciones. “Se ha hecho un escándalo por una situación que también se vivió años atrás, en el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se nombró a Rodrigo Quintana. Eso también fue un gesto político, pues él tampoco es litigante. Con Piña sucedió algo similar, sin embargo, en su caso, su calidad de jurista nunca estuvo en entredicho”, dijo otro abogado que litiga por el CDE en Santiago.
Hasta antes del nombramiento de Blanco, uno de los candidatos que asomaba con mayores posibilidades era el ex fiscal nacional Sabas Chahuán. Algunos cercanos al ex persecutor sostienen que desde el gobierno incluso lo habían sondeado para ocupar el cargo de consejero que había dejado Alvaro Quintanilla. Durante los meses previos, tanto el ministro Burgos como Blanco habían creado esa expectativa en Chahuán, mientras apoyaban la candidatura de Jorge Abbott como su reemplazo a la cabeza del Ministerio Público.
Los ocho años de Chahuán como fiscal nacional terminaron a fines de 2015. Este se instaló en una oficina del centro de Santiago y nunca más supo del tema. Un cercano al ex fiscal nacional dice que los ministros dejaron de contestar sus teléfonos. Chahuán entendió que sus chances se esfumaban cuando Burgos finalmente lo atendió, poco antes de renunciar a su cargo, para ofrecerle un cargo a honorarios en Interior que aprovechara sus conocimientos en seguridad. La oferta fue rechazada en el acto por Chahuán. Entre su salida de la fiscalía y el nombramiento de Blanco pasó más de un año.
«REINA DE CORAZONES»
Si la designación de Javiera Blanco causó escozor en el CDE, tampoco cayó bien en algunos sectores del Ministerio de Justicia y de Gendarmería. Algunas antiguas jefaturas todavía resienten el estilo -según lo califican- de “liderazgo cerrado” ejercido por Blanco en su año y medio de gestión. Durante ese tiempo, sus detractores comenzaron a llamarla “la reina de corazones”, por una supuesta inclinación a intentar “cortar” a quienes no eran de su confianza.
Aunque estos dirigentes le reconocen lealtad con la Presidenta, le reprochan haber manejado mal las crisis en sus servicios dependientes al individualizar las culpas en sus directores, como Marcela Labraña (Sename) o Tulio Arce (Gendarmería), y permitir que, tras sus salidas, los problemas llegaran hasta ella.
Los cercanos a Blanco, en tanto, consideran que terminó pagando el costo de circunstancias que la superaban, pero no todos creen que entrar al CDE haya sido una buena idea: “No necesitaba esto. Se ve mal”. (La Tercera)
