El abogado Fernando Atria se refirió al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en la que aseguraba que los parlamentarios sí podían acceder a créditos del BancoEstado. Según su análisis, el TC ha violado «groseramente» las reglas constitucionales sobre sus competencias.
Argumenta que «en efecto, el artículo 93 del texto constitucional dispone, para cada caso en el que la Constitución da competencia al Tribunal, cuáles son las condiciones en las cuales esas competencias pueden ser ejercidas. En algunos casos, debe requerir el Presidente de la República, o alguna de las cámaras; en otros, un determinado número o porcentaje de diputados o senadores; en otros, las partes de un litigio. En ningún caso el Tribual puede emitir una decisión sin que le sea solicitado por quien está constitucionalmente autorizado para hacerlo y sin seguir el procedimiento correspondiente».
Agrega que «esto no es un mero asunto formal. Es la limitación más importante que tiene el Tribunal para evitar que, por sí y ante sí, empiece a arrogarse competencias y funciones que no le corresponden».
Luego, Atria afirma que «eso es exactamente lo que hizo con su declaración pública del 29 de septiembre. Si ese precedente es aceptado, ahora el Tribunal se entenderá habilitado para pronunciase sobre cualquier cuestión constitucional que esté en la discusión pública, sin que sea necesario para eso que sea requerido por quien corresponde, sin escuchar alegatos, sin audiencias, etc».
«La decisión del Banco del Estado que suscitó esta declaración del Tribunal era, por cierto, arbitraria e ilegal. Pero la acción manifiesta del Tribunal Constitucional en infracción de las reglas que lo regulan es mucho, mucho más grave», concluye.
El Mostrador/La Segunda
