A casi un año del asesinato del teniente Ojeda en Chile, se confirma la hipótesis de crimen político. Es decir, desde Venezuela se contrató a personas pertenecientes a un grupo de crimen organizado transnacional, que se ha ligado al gobierno de Caracas, para secuestrar y matar a una persona en territorio chileno.
El hecho de que eso ocurra significa una sola cosa, la soberanía del país no está siendo resguardada correctamente. Algunos se vienen preguntando hace un tiempo por qué los grupos criminales transnacionales se han instalado en Chile, por qué controlan territorio en el norte y tomas en la Región Metropolitana. La respuesta es una sola: El gobierno no ha sabido proteger nuestra soberanía. Ya sea por falta de capacidades, de herramientas, de voluntad política o simple desconocimiento, el Estado está perdiendo el control del territorio y dejando importantes vacíos que son llenados por alguien más.
Al momento de definir al crimen organizado como una amenaza y sindicarlo como la principal causa de la crisis de seguridad, los tomadores de decisiones debieron poner el énfasis en la soberanía. Una amenaza como esta se basa en el control territorial, requiere ejercer poder y someter a una parte de población con el fin de controlar la oferta y demanda de los productos y servicios que ofrece.
No es posible abordar la criminalidad organizada desde la violencia y delitos que comete, ésta debe enfrentarse con capacidades estatales, institucionalidad, ejercicio de la soberanía y presencia del Estado en todo el territorio. Sólo así se elevan las barreras y se hace más costoso venir a instalarse en Chile.
El crimen organizado es una empresa criminal, su objetivo es económico, pero se va a aliar con la política para incidir en la toma de decisiones que les favorezca y en la designación de aquellos que harán crecer la empresa ilícita. En otras palabras, el crimen organizado amenaza la supervivencia del Estado, ese que tanto trabajo ha costado crear y mantener, ese que contiene el ADN de Chile, que alberga a los ciudadanos dispuestos a ayudar a otros en una catástrofe y que tiene la resiliencia para levantarse después de cada terremoto. Eso es lo que destruye el crimen organizado, eso es lo que se juegan los gobiernos cada vez que no responden eficientemente al problema.
El caso del teniente Ojeda es prueba de ello. Ese crimen es mucho más que un asesinato, ese crimen demuestra las falencias del Estado en la protección de personas que debiesen haber sido definidas como “de interés” debido a lo que pudieran significar para el régimen venezolano y el chileno, en la falta de protección de la integridad territorial, en la falta de una respuesta contundente al régimen venezolano, en conclusión, en no poner a Chile primero.
La calificación de “crimen político” debiese preocuparnos, no por el alcance que tenga el régimen de Maduro, quien, no hay que olvidar tiene detrás a Rusia e Irán, debiese preocuparnos por la poca fuerza con que el gobierno ha defendido a nuestro Estado. (El Líbero)
Pilar Lizana
