En lugar de disminuir se multiplican los ejemplos legislativos de lo que podríamos llamar la política del “todo o nada”. Esta implica que, si el contenido de un proyecto de ley no discurre por los cauces precisos por los que una colectividad política determinada ha definido, ningún avance en base a acuerdos razonables se torna posible. Por lo demás, la política del “todo o nada” suele discurrir bajo el supuesto de que la negativa a llegar a acuerdos es porque se está representando auténticamente lo que la gente realmente anhela.
Entre los ejemplos recientes puede citarse la discusión legislativa del proyecto que mejora el sistema de pensiones. Pese al acuerdo alcanzado en agosto de este año, subsisten diferencias entre los partidos políticos, incluso de una misma parte del espectro, que dificultan el despacho de la reforma en el Senado en enero próximo. La diferencia sustancial radica en la forma de distribuir la nueva cotización del 6% que le correspondería a cada afiliado, lo que tiene entrampada la discusión. Para algunos, ese 6% debe ir exclusivamente a las cuentas de los afiliados sin que se avizore una solución alternativa como la que otros están propiciando. Es probable, entonces, que nos quedemos sin nada.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó la idea de legislar respecto de la reforma constitucional presentada por un grupo transversal de senadores que ordena el espectro político, estableciendo barreras para que accedan a los cargos de diputados los representantes de partidos que realmente no tengan una mínima representación ciudadana. Al mismo tiempo, introduce normas que permitan enfrentar el “transfuguismo”, esto es, que los parlamentarios que accedan a las cámaras renuncien al partido por el que se presentaron a la elección, desvirtuando así la voluntad popular.
Desde el lado del Frente Amplio, pero también del gobierno, se está boicoteando la reforma propuesta por la vía de ampliar los temas que debiera regular para incluir las cuotas de género, la introducción de mecanismos directos de participación ciudadana y la inclusión de liderazgos sociales, entre otros. Ninguno de ellos propende al fin de propiciar y ordenar los acuerdos políticos y la relación más fluida entre gobierno y Congreso en el despacho de las leyes, que es lo que hoy urge. Chile no se va a acabar si esos otros temas se discuten más adelante, con seriedad y falta de oportunismo.
De nuevo la política del “todo o nada”, que también podría significar que esta propuesta de reforma constitucional fracase, lo que perjudicará a este gobierno y a cualquier otro. Al final, los que pagan el pato son los mismos de siempre: los que confiaron en sus representantes.
Marisol Peña
Centro de Justicia Constitucional UDD
