Aunque los organismos multilaterales son espacios de convivencia, también reflejan intereses nacionales específicos. Aquello denominado por Huntington como “líneas de fractura” se expresan desde luego en dichos organismos, y con fuerza, aunque de manera distinta a la convencional. Por ejemplo, ninguna maniobra negociadora para conseguir apoyos, proyectar intereses o buscar alianzas en su interior puede prescindir de la geografía, aquel telón de fondo sobre el que se libran las batallas por las ideas. Puesto en términos prácticos, es algo que se ve en los criterios para dividirse la conducción del FMI y del Banco Mundial, o para elegir al presidente del Banco Central europeo, o al secretario general de la ONU, y más aún, cuando hay elecciones competitivas por algún organismo. Es el caso de la OEA y el BID.
En cuanto a la primera, se presentan tres candidatos, una ecuatoriana, un peruano y un uruguayo. Los tres con perfiles muy marcados, que dan cuenta de los balances de poder entre los Estados, de las proyecciones políticas de las corrientes en pugna y de la inevitable variable geográfica. Veamos.
Por un lado está María Fernanda Espinosa, quien fuera ministra del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tras bambalinas apoyada por los países del ALBA y su perímetro externo formado por diminutas islas del Caribe (“palmeras con bandera”, como las definió alguna vez Vargas Llosa), que dependen cien por ciento del petróleo venezolano. De hecho, su candidatura fue presentada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, algo ligeramente estrambótico, quizás con la idea de conseguir apoyos de presidentes naive. Sin embargo, lo que subyace en su candidatura obliga a temer que la OEA se transforme en un escenario bastante ígneo. Su mentor es el Mashi Correa, quien no oculta sus intenciones de cambiar la sede de la OEA, su forma de financiamiento y transformarla en un bastión anti-estadounidense. Si tenemos presente lo ocurrido con UNASUR, podemos elucidar que la OEA –la más antigua y consolidada iniciativa hemisférica- no duraría mucho tiempo en manos del correísmo.
El otro aspirante es el excanciller de Uruguay y actual secretario general del organismo, Luis Almagro, cuyo perfil se asocia a la promoción (con ardiente fervor rioplatense) de valores democráticos, especialmente los incluidos en la Carta Democrática de la OEA. Esto significa que, si su mandato se renueva, la prioridad absoluta seguirá siendo Venezuela. El hombre es amplio favorito. Cuenta con el apoyo de EE.UU., Brasil y la mayoría de los países miembros. El hecho que su trayectoria política haya sido algo zigzagueante –incluyendo una activa militancia en el Frente Amplio- le ha valido epítetos muy críticos de parte de sectores cercanos al ALBA.
En tercer lugar está una candidatura algo furtiva. Corresponde a la del diplomático Hugo de Zela Martínez, poseedor de una larga trayectoria en Torre Tagle, la prestigiosa cancillería peruana. Se presenta como un hombre curtido en la administración interna del organismo, pues, a inicios de los 90, fue miembro del grupo de trabajo que tuvo el brasileño Joao Baena. Vislumbra el éxito de su candidatura en un hipotético clamor por un puente burocrático, que ayude a superar la grieta que aqueja al multilateralismo hemisférico. El problema de De Zela Martínez es que no pocos lo miran con reticencia. Algunos lo identifican con la época de fujimorismo en Perú, mientras que la mayoría estima lejos de la realidad su peregrina idea de desvenezuelizar la agenda de la OEA. Aunque se muestra equidistante, busca en el fondo ser visto como algo más digerible que Almagro y en función de ello equivale a que su canidadtura sea útil a la estrategia del ALBA en orden a debilitar al uruguayo.
La verdad es que el futuro Secretario General no la tendrá fácil. No dispondrá de tiempos para adaptación y menos aún podrá gozar de una breve luna miel en el cargo. El cúmulo de contingencias a resolver es demasiado elevado en esta oportunidad. Algunas de ellas son las siguientes.
Uno: imposibilidad de desvenezualizar la agenda del organismo. Todo indica que ocurrirá exactamente lo contrario. La situación allí marcha de forma inexorable a una mayor polarización y el régimen de Maduro seguirá expulsando personas a ritmos tan alarmantes como en los últimos años. También deberá lidiar con el incremento de la influencia externa sostenedora de Maduro (con ojo estrábico en las empresas contratistas rusas en materia de seguridad) y con la posible erupción de alguna grave disputa territorial que Caracas desate con uno o más vecinos, donde no debe olvidarse que, a la enemistad centenaria con Guyana, se une ahora la nueva estatura de ésta como potencia petrolera. A este cocktail de preocupaciones en torno a Venezuela hay que añadir la posibilidad que se materialice la opción manu militari, así como la inminente imposición de más sanciones económicas al régimen. En cualquiera de estas eventualidades, la OEA será un actor relevante.
Dos: la posibilidad de que la delicada transición post-Evo se descarrile en Bolivia. Ello puede transformar a aquel país en otro volcán de la región. Las variables principales en este caso -aunque no las únicas- emanan de los crecientes intentos del ALBA por agudizar la inestabilidad interna. El alternative fact de un presunto informe del MIT desestimando el fraude electoral de Evo, confirma que el ALBA aún no da por perdida a Bolivia. No es menor que el MIT haya tenido que salir a desmentirlo. Se trató de una muy bien montada campaña mediática de intoxicación informativa a la que se plegaron coordinadamente el español Rodríguez Zapatero, la diplomacia lopezobradorista, el Granma y sectores K del oficialismo argentino. Y el hecho que uno de los investigadores senior del instituto donde se ideó la “Operación MIT” sea un excanciller de Rafael Correa y estrecho colaborador de María Fernanda Espinosa -la misma que aspira a ser Secretaria General de la OEA- refuerza la envergadura de la operación. La Bolivia post-Evo es un buen ejemplo para entender que las disputas por organismos multilaterales deben ser vistas también con lente geopolítico.
Tres: el impacto que tendrá en lo inmediato la erosión del régimen de Daniel Ortega en Managua, más la delicada situación en toda Centroamérica donde la inestabilidad en la frontera con México es clave.
En tanto, también se encuentra en disputa la máxima dirección del BID. Hasta ahora, los candidatos son Gustavo Béliz, alto funcionario del gobierno argentino y el brasileño Marcelo Troijo. Este último cuenta con respaldo estadounidense, aunque Buenos Aires esperaba que Washington le devolviera la mano, por el apoyo que le acaba de dar a un estadounidense para la dirección de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). La verdad es que Argentina, por su urgencias financieras, desea el cargo desde hace tiempo. Macri había designado a Rogelio Frigerio como su candidato y el lobby quedó inconcluso. Fernández designó a Béliz en su reemplazo y ya obtuvo apoyo del lopezobradorismo mexicano.
Luego, otro aspecto interesante de los reacomodos geopolíticos en el plano multilateral regional es la decisión de Uruguay de detener la decisión del gobierno de Tabaré Vásquez de abandonar el TIAR, otra antigua iniciativa del sistema interamericano. La nueva administración ha resuelto explorar las posibilidades que brinda este tratado en materia de Seguridad y Defensa ante las dificultades que se avecinan en la región. Esta decisión invita a especular con que Lacalle Pou busque ir posicionándose de forma paulatina como referente articulador de posibles iniciativas en variadas materias. Por de pronto, su determinación de no invitar a los Presidentes de los países del ALBA a su toma de posesión, habla de sus fuertes convicciones.
Finalmente, la nueva diplomacia uruguaya ha dado otro paso hacia la oxigenación del multilateralismo regional retirándose de UNASUR. Es una señal poderosa, procedente de un país pequeño, que constituye un nítido ejemplo de que el desarrollo político civilizado en tierras latinoamericanases posible. El UNASUR, creado en 2008 –en aquel momento dorado del chavismo/lulismo– representó un modelo de integración adversarial e intolerante, cuya agenda se orientó esencialmente a escarbar en las discordias. Pese a sus numerosas crisis (por intervenciones en asuntos internos, falta de financiamiento, ideologización excesiva etc.), su disolución se hizo irreversible en 2017 cuando ya carente del impulso inicial, los 12 países miembros no se pusieron de acuerdo para elegir a un nuevo Secretario General. Uruguay le ha puesto la lápida.
Se trata, en síntesis, de reacomodos con tintes geopolíticos al interior de un fragmentado espacio hemisférico, donde no predominan los intereses y valores comunes. (El Líbero)
Iván Witker
