A casi tres meses de que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmase el proyecto de ley para el matrimonio igualitario, Chile acude el próximo domingo (19.11.2017) a las urnas. Se aproxima una nueva etapa política en el país y, como otros, la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) teme que el resultado pueda poner en peligro sus recientes progresos.
Ramón Gómez, presidente de la organización Movilh, cree que la mayor sensibilización de los medios de comunicación ha obligado a los candidatos a pronunciarse respecto a esta cuestión. «Lo que ha sucedido es que el debate se ha concentrado principalmente en una temática de la diversidad sexual y de género, que es el matrimonio igualitario», explica el activista en una entrevista con DW.
Solo dos de los ocho candidatos a las presidenciales chilenas, Sebastián Piñera y José Antonio Kast, se oponen a otorgar este derecho a las parejas homosexuales. Pero, según explicó el activista Gómez, mientras que Piñera es principalmente contrario al matrimonio homosexual, Kast también se opone al resto de reivindicaciones de la comunidad LGBTI.
No obstante, respecto a elecciones anteriores, las de este domingo ponen de manifiesto un cambio social y cultural en Chile. «Cada vez son menos los candidatos que se oponen férreamente a que avancemos en materia de igualdad para la comunidad LGBTI en Chile», dice a DW Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales.
Para el entrevistado, el problema es que Piñera, además de contrario al matrimonio igualitario, es uno de los favoritos. Sin embargo, Pi confía en que las elecciones parlamentarias que se celebran también este domingo traigan una contundente mayoría en ambas cámaras a favor de este derecho. De ser esto así, si el presidente resultante se opone, tendrá que enfrentarse al poder legislativo.
DECLIVE DE INFLUENCIA RELIGIOSA
Y es que Chile, considerado antaño un país bastante conservador y en consecuencia homofóbico, ha experimentado en los últimos tiempos un cambio cultural a favor de cuestiones como la diversidad sexual y de género. Para Ramón Gómez, esto está muy relacionado con la pérdida de credibilidad de las instituciones religiosas, especialmente de la Iglesia católica.
De hecho, hace unos meses el país vivió un episodio viralizado en gran parte del mundo castellanoparlante en el que un pastor evangélico fue expulsado del programa «El Interruptor», de la cadena Vía X, tras pisar una bandera arcoíris (símbolo internacional del colectivo LGBTI) en plena entrevista. El pastor intentó aprovechar la conversación con el presentador José Miguel Villouta, abiertamente homosexual, para cargar contra lo que el conservadurismo religioso llama «ideología de género» y lo hizo pisando lo que llamó «trapo de inmundicia». Inmediatamente, la directora de contenidos puso fin a la entrevista.
Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para el matrimonio igualitario.
Uno de los principales blancos de las críticas de los grupos religiosos es la Ley de identidad de género, que se encuentra ya en tramitación. El activista Raúl Gómez insiste en la vulnerabilidad del colectivo trans: «En comparación con la población transexual, los gais y las lesbianas vivimos en un paraíso». Por eso piden a los candidatos que se comprometan a seguir adelante con su aprobación. Ello, aclara, permitiría a estas personas cambiar su nombre y sexo legal de manera rápida y acabaría con la arbitrariedad judicial a la que se exponen en la actualidad.
Por otra parte, desde Rompiendo el Silencio, una asociación de mujeres lesbianas y bisexuales, temen el posible triunfo de la derecha. Su coordinadora, Érika Montecinos, opina que en Piñera «se ven retrocesos preocupantes para las mujeres y los grupos más excluidos en cuanto a derechos conquistados».
A esta periodista le preocupa «el avance de los fundamentalismos» en Chile y el resto de América Latina y la «invisibilización» de las necesidades propias de las mujeres lesbianas, en un segundo plano respecto a aquellas de los hombres gais. Un ejemplo de machismo, afirma a DW. Sus principales demandas políticas se orientan hacia los derechos de filiación y la atención digna en salud sexual en la sanidad pública.
DD.HH. COMPROMISO DEL ESTADO
Pero, si el resultado electoral no fuese favorable, los activistas LGBTI cuentan en última instancia con una importante baza. El acuerdo que firmó Bachelet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convirtió los derechos LGBTI en un compromiso de Estado. Esta es para ellos la herencia más importante que deja la presidenta, de acuerdo con Ramón Gómez, pues «al margen del Gobierno de turno, nuestros derechos se tienen que respetar porque es un compromiso de Estado».
«Los candidatos, independientemente de sus creencias personales, religiosas, políticas o ideológicas, tienen que respetar los derechos humanos y los compromisos internacionales del Estado de Chile», concluye. (Por Enrique Anarte de DW)
