Quedó libre. Pese a haber confesado que financió a grupos armados de La Araucanía a través de negocios forestales, el empresario Walter Araneda Parra pudo optar a la libertad vigilada. En su declaración judicial lo cuenta todo: desde el pago a comunidades mapuches que le prestaron cobertura armada hasta el temor a que se le diera vuelta la tortilla y que sus camiones terminaran quemados. Su cadena de blanqueo de madera robada llegó a tal punto que entre sus compradores figuran destacadas empresas del rubro, incluida la Forestal Arauco. La historia es de la Unidad de Investigación de BioBioChile.
—Andaban muy armados. El día que le dimos inicio a esto, cuando fui a la reunión, uno estaba con una escopeta, otro estaba con una uzi, y otros como con cinturones atravesados al cuerpo con balas.
Walter Araneda Parra (40) arribó puntual al cuartel del OS9 de Carabineros en Concepción. Eran las 09:30 horas del 31 de octubre de 2023.
Confesó todo.
En su alocución a la que accedió en exclusiva BBCL Investiga, el empresario —devenido en traficante de madera— no sólo desclasificó con lujo de detalles cómo movió cientos de millones de pesos en productos forestales conseguidos al margen de la ley, sino también develó sus nexos con grupos radicales de La Araucanía y comunidades mapuches que formaron parte de su cadena ilícita.
Mencionó, por ejemplo, a la banda del “Cono”, un grupo que negoció con él con uzi en mano. A esa organización, dijo el mismo Araneda, le entregó cerca de 130 millones de pesos en efectivo. Y, por si fuera poco, también contó a dónde iba a parar la madera que él robaba. Aquí figura, entre otras firmas, la segunda empresa del rubro más grande del mundo: Forestal Arauco.
Su jugada le trajo frutos y le permitió salir libre. En lugar de la cárcel, fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada intensiva.
“MIRE, LE EXPLICO CÓMO FUNCIONA”
De acuerdo a sus propios dichos, Walter Araneda Parra asentó su centro de operaciones entre la provincia de Arauco y la región de La Araucanía. En el sector alto de Purén, por ejemplo, explotó dos predios separados por unos 700 metros de distancia. El primero —se sospecha— correspondía a Forestal Mininco. Desde ahí, él y su grupo, sacaron madera durante todo el invierno de 2021. Del otro predio —aseguró en su testimonio— robaron “poco”: una vez a la semana o cada 15 días, porque “había mucha gente”.
Bien podría decirse que, por ese entonces, el negocio del robo y tráfico de madera era popular en la zona. Sólo en uno de esos predios, Araneda Parra contabilizó a un centenar de personas externas “trabajando” en las faenas ilegales.
—Cuando usted se refiere a que había mucha gente sacando madera desde uno de estos predios en Purén. ¿A cuántas personas se refiere? ¿También eran externos o de una comunidad los que trabajaban ahí? —le inquirieron en el cuartel policial.
La respuesta fue simple:
—Calculo, porque no puedo decir una cifra exacta, eran unas 100 personas externas.
De acuerdo a Araneda Parra, los dos predios de Purén de los que sacaba madera estaban tomados. Uno por una comunidad y el de Mininco por “un grupo de personas jóvenes que se armó para lucrar con madera”.
Cuando fue consultado por cómo funciona el negocio y los vínculos con las comunidades, el imputado fue claro:
—Le explico cómo funciona. En general la comunidad mapuche o el grupo radical, como quiera llamarle, toman un predio, usurpan un predio, lo tienen vigilado un tiempo, que puede ser un mes, con control de acceso. Después llaman a un comprador o dos, aunque de repente hay muchos interesados en comprar. Ahí ellos dicen: Tenemos este predio tanto, de la comunidad tanto, vendemos a tanto la camionada de madera o bien necesitamos que hagan la madera (cosechen) y la carguen y transporten. O sea, el servicio completo. Siempre funciona así.
Del predio que no era de Mininco, en Purén, el empresario calcula que traficaron alrededor de 30 hectáreas de pino. El pago era una vez a la semana, generalmente los viernes en la tarde. Dice que lo contactaron a través de un tercero. Miembros de la comunidad le dijeron que estaba “todo seguro y resguardado”. Que había harta gente trabajando.
—Yo acepté también para prevenir que después pudieran hacerme cualquier cosa a mí o a los camiones. Por precaución, aunque ellos no me amenazaron —lanzó Araneda.
A esa comunidad le pagaron entre 20 a 25 millones de pesos en efectivo, confesó.
LA UZI, LAS ARMAS
Lo del predio de Mininco fue diferente. El propio líder de la organización reconoció que la situación era “más complicada” porque los miembros del grupo que controlaba el territorio “andaban encapuchados y se escondían”.
—Ellos estaban muy protegidos. Se movían cada día en camionetas diferentes y transitaban por puro cerro. Andaban muy armados. El día que le dimos inicio a esto, cuando fui a la reunión, uno estaba con una escopeta, otro estaba con una uzi, y uno como con cinturones atravesados al cuerpo con balas.
Según dijo Araneda, se entendían siempre con uno “flaco” que tenía como 22 años. Era el más alto del grupo. Lo apodaban Cono. Nunca supo cómo se llamaba, afirmó. Pero era a él a quien le entregaban la plata.
Walter dice que lo contactaron a través de un tercero que vivía en la zona.
Al intermediario, el grupo le consultó si conocía a alguien que quisiera “trabajar” ese bosque con ellos. Es decir, comprar madera robada. Quien hizo las de middleman le dijo que el “bosque estaba bueno”. Coordinaron por teléfono y al día siguiente se dieron cita con el grupo de la uzi.
—¿Cuánta plata se entregó en pago de la madera ilícita al representante de este grupo apodado Cono?
—Yo calculo que debía haber salido de este predio unas 350 cargas de camiones. Como aquí nosotros hacíamos la madera (cosecha), el pago por camión que se les entregaba era de 375 mil pesos, haciendo un total yo calculo de como $130 millones. Esa plata se la entregaba Sebastián (Chava, otro imputado) al Cono todos los días viernes de cada semana. Los del grupo de ellos controlaban y vigilaban cuántos camiones salían. Nosotros también llevábamos nuestra cuenta.
LOS MILLONES DE ARANEDA
Los negocios de Walter, hasta antes de su detención, le trajeron réditos millonarios. De hecho, amasó una pequeña fortuna derivada del tráfico de madera. Un oficio reservado de la Unidad de Análisis financiero (UAF) —al que accedió este medio— cifró las salidas en efectivo de Los Coigües, entre 2019 y 2021, en $614 millones. Se trata de la empresa que él controlaba y que sirvió de fachada para dar apariencia de legalidad a una actividad totalmente al margen de la ley. Para ello también se valió de un método consabido en este negocio: ocupar guías de despacho y facturas falsas para disimular el origen real de la madera.
Así, el organismo especializado contabilizó transferencias a cuentas de esa misma sociedad y de siete familiares directos e indirectos de Araneda Parra, por un total de $75 millones. Todo ello, “sin que se pudiese establecer una razón de negocio” para dichos movimientos.
El análisis también contempló las entradas y salidas de una cuenta personal del empresario. Sólo entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 recibió más de $227 millones de parte de Los Coigües.
De la misma cuenta salieron millonarios depósitos a personas de confianza del comerciante. A saber: $16,2 millones a la expareja y la madre de sus hijos; $6,1 millones a su hermano; $8,5 millones al representante legal de Los Coigües y chofer de unos de los camiones de Araneda; $12,3 a la madre de este último; $37,7 millones a su contador Guillermo Meza; y 10,1 millones a uno de sus choferes y operadores.
LAS VENTAS A ARAUCO
Otro informe, esta vez del OS9 de Carabineros, también arroja luces de sus operaciones. El documento devela que los productos explotados “en negro” por el empresario fueron a parar a siete firmas que no sólo mantienen operaciones formales sino que corresponden a destacadas empresas. Entre ellas figura la Forestal Arauco, la segunda compañía del rubro más grande del mundo.
—Cuando salía madera de mejor calidad la llevábamos a (forestal) Arauco, que pagaba mejor —confesó Araneda Parra.
Según contó, el proceso para venderle a Arauco era engorroso, pero uno de sus intermediarios tenía paso libre para hacerlo.
—Entregaba sin problemas a Arauco (…) No sé porqué no eran tan rigurosos con el control de lo que venía de él —reflexionó.
Según información tenida a la vista por BBCL Investiga, la firma propiedad de la familia de Anacleto Angelini, concentró casi un 4% de las operaciones de Araneda, aunque con una salvedad: cortaron todo vínculo tras percatarse que la madera que le compraron podría haber sido robada a ellos mismos o a sus competidoras.
El quiebre entre Araneda y la transnacional chilena quedó registrada en una intervención telefónica en la que el imputado le hizo saber a un hombre identificado como “Ricardo” que Forestal Arauco le “cerró el contrato por maderas ilícitas” y que no puede “hacer nada por el momento”, ya que toda la madera que se vende en el sector donde vive es de origen ilegal.
Más allá de esas operaciones, en la tramitación de la causa contra Araneda, Forestal Arauco figura como uno de los querellantes, puesto que también fue víctima de la sustracción de madera desde sus predios. Es más, se opusieron al procedimiento abreviado que dejó sin prisión al empresario.
Desde Arauco detallan que en 2020 tuvieron “una compra menor” con Los Coigües SpA, equivalente a 200 metros de madera. Algo así como ocho camiones. Según sus registros, esto se traduce en un 0,001% de su abastecimiento total de ese año.
“Esa fue la primera y única compra que se registra con ese proveedor hasta el día de hoy, ya que a los pocos días, tras detectarse inconsistencias en la procedencia de la carga, se tomaron las medidas antes indicadas, de manera que hace más de tres años no existe relación alguna con dicho proveedor, lo que da cuenta de la efectividad de nuestro sistema de trazabilidad y de los controles implementados”, acotan.
COMUNIDAD QUEMÓ AUTOS A INVESTIGADORES
Pese a que en su declaración no lo menciona, Walter Araneda Parra también explotó un bosque tomado por la comunidad Leviqueo, en las cercanías del turístico lago Lanalhue. Un primer reportaje de este medio, explicitó los vínculos con el empresario. Escuchas telefónicas develaron que el grupo prestó cobertura armada a las operaciones del traficante de madera.
La declaración de Ricardo Escobar Orellana, otro de los condenados, precisa que estuvieron allí casi dos meses explotando el predio que se encontraba en toma. Iban tres veces a la semana. 12 vueltas al mes.
—Por cada camionada se pagaba a la comunidad Leviqueo entre 500 a 600 mil pesos —sostuvo Escobar.
—¿Quiénes entregaban el dinero a la comunidad?
—Walter (…) La comunidad era de ahí mismo, la comunidad Leviqueo vive en el sector. Walter le pagaba a La Chica, que era la presidenta de la comunidad. El pago era semanal según las cargas que se sacaban.
—¿Cómo se repartían el dinero entre las personas que tenían tomado el predio?
—Eso no lo sé. Ellos eran hartos. Sé que entre ellos se dividieron el fundo tomado por partes. Y ellos mismos más arriba también madereaban con bueyes. Walter le pagaba a la presidenta y ella supongo que dividía las platas con los demás de la comunidad.
Según contó el imputado, el control de la madera lo llevaba él mismo. Lo anotaba en una hoja que luego se la pasaba al líder de la organización.
—La comunidad no sé cómo controlaba los camiones que salían cargados del predio, pero siempre andaba harta gente de ellos mirando. A veces se ganaban a vigilar en las palmeras que están más abajo, donde quemaron las camionetas (de los Carabineros) —aseveró.
“NOS MOLESTA”
Una vez conocida la sentencia en libertad para Walter Araneda Parra, la fiscal del caso, Marcela Barahona, de la Unidad de Alta Complejidad, aclaró que estas penas están de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público.
“El rango de pena, atendido que se trata precisamente de un procedimiento abreviado donde hay configuración de atenuantes por prácticamente todos los imputados acusados, van entre dos y cinco años”, explicó la persecutora en la oportunidad, destacando que los bienes decomisados a la banda se encumbraban a los 400 millones de pesos, entre maquinaria, automóviles, camiones y también una propiedad.
Sin embargo, la decisión del Ministerio Público causó la incomodidad incluso del Gobierno. El delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, aseguró que “evidentemente nos molesta” porque “son personas que están relacionadas con delitos muy complejos en la provincia de Arauco”.
“Se respeta, pero nos produce molestia”, lanzó.
Tras conocerse la resolución de la justicia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Forestal Arauco, querellantes en la causa, solicitaron elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción para la revisión de los castigos.
El fallo debería conocerse a fines de la próxima semana. Requeridos por BBCL Investiga, el Ministerio Público declinó emitir un nuevo pronunciamiento. (Bio Bio)
