En días de cambio de gobierno, hay un problema político de envergadura del que hacerse cargo. Lo llaman modernización del Estado. Lo llamaría mejor, ciudadanización del Estado. No es un asunto técnico o administrativo. Enfrentarlo es crucial en la superación de la profunda fosa abierta entre ciudadanía y política. Y por ende motivo imperioso de acuerdo político transversal.
Es convicción ciudadana extendida, que los gobernantes elegidos en los distintos poderes gestionan el Estado mal y en su interés, no en aquel de todos los chilenos. No hay coalición, ideas o programa que se salve de esta desconfianza.
Ese sentimiento crece, cuando junto con sentir que el Estado les sirve mal, da muestras de servir espléndidamente a sus ocupantes políticos. Cuando se multiplican los cargos con funcionarios adictos, de la mano con un empeoramiento del servicio público. Cuando los empleos se precarizan, salvo en la administración pública (según el INE, tiene las remuneraciones promedio más altas del país después de la minería y el sector financiero). Cuando se transparentan tráficos de influencia y faltas de probidad. Cuando la improvisación, la chapucería, el empantanamiento, las contradicciones y acusaciones mutuas, se transforman en rasgo característico de la gestión pública. Cuando se convocan procesos participativos y luego se hace caso omiso de ellos. Cuando la política entiende que la tarea ha terminado con la promulgación de una ley, en tanto para la población comienza a importar una vez promulgada y según como sea ejecutada.
Es también la irritación ante colas en hospitales que se alargan o alteran, en vez de acortarse y respetarse; ante escuelas que no mejoran; ante delincuencia, narcotráfico y actos terroristas que alteran la vida de barrios y localidades, y se perciben impunes; ante hospitales prometidos que se retrasan y salen más caro de lo previsto; ante un Transantiago que no funciona bien; ante declaraciones de impuestos que son un quebradero de cabeza; ante permisos ambientales cada vez más difíciles de obtener y cuando son aprobados, no falta otro que lo desautoriza.
Frente a todos, ricos y pobres, el Estado se advierte en bancarrota como servidor público. Para peor, todo disculpado, displicentemente, con un “hemos tenido algunos problemitas de gestión”.
Quizás le sea más difícil asumirlo a quienes recién dejan el poder y se sienten de alguna manera apuntados con el dedo cuando esto se plantea. Pero viene de antes. Solo se ha agudizado estos últimos años. En ese sentido, aunque parezcan en las antípodas del cuadro político, debería ser más fácil para Chile Vamos y el Frente Amplio concordar enfrentar esta carga ahogante que pesa sobre la política. Pero si lo hacen, y los ex integrantes de la fenecida Nueva Mayoría no se suman a la tarea, cargarán con todo el peso de la culpa y no solo con parte de ella. (La Tercera)
Óscar Guillermo Garretón
