Nunca ha estado en la primera línea, pero es de esos personajes instalados en corazón del poder. Convive a diario con él, opera, siempre está tras bambalinas y conoce al detalle de todo el tejemaneje de la políticas y cada uno de sus recovecos, incluyendo los más oscuros. El actual administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, hombre de confianza del ex ministro Rodrigo Peñailillo, ha estado todo el año en el foco de los cuestionamientos públicos y esta semana la comisión Caval evaluará recomendar en su informe final su salida del cargo. Pero, a pesar de las permanentes críticas, el papel clave que ha cumplido en el bacheletismo hace que sea uno de los pocos G90 que no ha salido del Gobierno ni ha sido defenestrado de sus funciones.
Entre lunes y miércoles, la comisión especial que investiga las aristas del espinudo caso Caval –que comprometió a Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, y a su nuera, Natalia Compagnon–, debe discutir los puntos centrales de su informe final, que tiene plazo para ver la luz el 4 de enero. En el seno de ese equipo parlamentario confiesan que, más allá de la publicidad mediática, no fue mucho lo que se logró en los últimos siete meses, porque la principal dificultad que enfrentaron es que solo se presentaron funcionarios públicos a prestar testimonio, pero no colaboró ninguno de los principales protagonistas del caso que afectó a la línea de flotación del Gobierno y dañó irreparablemente la credibilidad de la Mandataria.
“No se logró establecer nada, salvo que hay un muy mal olor en Machalí, pero eso no es suficiente, eso ya lo sabe todo el mundo”, reconoció uno de los diputados integrantes de la comisión.
Riquelme asistió el 27 de septiembre a la comisión Caval para explicar la polémica reunión que sostuvo, en la propia Moneda, con el gestor inmobiliario Juan Díaz. En su declaración, el administrador de Palacio reconoció ese encuentro con el ex militante UDI después que estalló públicamente, en febrero, el negocio que Compagnon estaba realizando en Machalí y en el cual Dávalos participó, acompañando a su esposa a un reservado encuentro con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para obtener un préstamo de 6 mil 500 millones de pesos: “El señor Díaz me relató su situación y me dijo si yo tenía alguna posibilidad de poder resolver su problema (…) me pidió si yo pudiera hacer una gestión para que la señora Compagnon pudiera resolver su deuda, una deuda que tenía con él (…) yo le dije que no tenía ninguna herramienta o solución posible porque no tengo relación con ella».
Hasta ese momento, los cuestionamientos a la permanencia de Riquelme en La Moneda solo provenían de la derecha, pero tras esa declaración ante la comisión, las críticas en el oficialismo pasaron de ser hechas en privado a ser planteadas públicamente. «Me siento consternado de que un funcionario de tan alto nivel haya reconocido que a don Juan Díaz, operador inmobiliario de la UDI, lo haya recibido en La Moneda dos meses después de que estallara el caso Caval (…). No puedo entender que el operador más importante del caso Caval vaya a La Moneda y se pasee como Pedro por su casa y hable con el director de administración de La Moneda. Yo no lo puedo entender como diputado de Gobierno. (…) La Moneda tendrá que tomar decisiones, pero a mí me parece inaudito lo que aquí hemos observado”, señaló entonces el diputado PS, Juan Luis Castro.
Riquelme no es cualquier funcionario. Cuando la Presidenta volvió a Chile en marzo del 2013, el brazo derecho de Peñailillo ocupó el cargo de administrador de Somae, la empresa que se utilizó para manejar los recursos de la campaña, una función que no le era extraña, ya que durante el primer Gobierno de Bachelet fue el administrador de La Moneda, tal como ahora. Un puesto de confianza, que depende directa y exclusivamente de la Mandataria, que formalmente es de director administrativo de la Presidencia y por el cual recibe uno de los sueldos más altos de Palacio: 7 millones 385 mil pesos.
El vínculo de Riquelme con el otrora núcleo duro del bacheletismo se generó a través de Peñailillo, ambos fueron compañeros de colegio y de universidad, son amigos, es parte del círculo más íntimo y de confianza del ex ministro del Interior, una pieza clave de la llamada G90.
MUCHO MÁS QUE CAVAL
No solo por su reunión con Díaz es que Riquelme ha estado en el ojo del huracán este año, puntualmente lo está desde que Peñailillo salió de La Moneda. En mayo se hizo pública la compra –el año 2012– en Peñalolén, de un terreno de 375 millones de pesos, que adquirió el administrador de La Moneda a través de un crédito hipotecario y del cual el ex ministro del Interior fue codeudor solidario, aportando con 100 millones.
Hasta ese momento, Peñailillo había declarado un terreno en Limache, un fondo mutuo, su departamento y un par de cuentas corrientes en el Banco de Chile, pero omitió el terreno en Peñalolén porque solo era el “aval”, pero legalmente estaba obligado a informarlo.
El foco se puso en la compra de este terreno en plena precampaña del 2012, a la luz del caso SQM y el financiamiento irregular de la política y, por tanto, la revisión de las cuentas y pagos que realizó Giorgio Martelli. Tras un repaso a la cuenta bancaria del geógrafo y operador político del PPD, Riquelme recibió los pagos más contundentes: ocho giros por un total de $32.5 millones.
El primero se realizó el 11 de marzo de 2013 por $3 millones, el segundo se efectuó catorce días después por un monto de $2.5 millones, el 2 de abril Martelli pagó otros $2 millones a Riquelme, en tanto que los días 10 y 12 del mismo mes hubo otros dos giros adicionales, de $5 millones cada uno. Los últimos tres depósitos, también por $5 millones cada uno, fueron el 30 de mayo, y el 14 y 16 de agosto.
Cuando recién agarró vuelo el caso SQM, en marzo, la Presidenta Bachelet ordenó una revisión con lupa de todas las boletas y pagos que se realizaron durante su campaña, algo que en reiteradas ocasiones utilizaron públicamente como argumento las autoridades de La Moneda para aseverar que todo estaba en regla. Fue Riquelme el encargado de revisar una a una las boletas del comando, aunque nunca advirtió sobre las facturas que emitió Peñailillo a la empresa de Martelli, las que le valieron a este su salida de La Moneda y su quiebre total en la relación de confianza con la Mandataria.
También está el complejo episodio del formateo al computador que, mientras estuvo a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, uso Sebastián Dávalos en La Moneda y que fue periciado por el OS-9 de Carabineros, en el marco de la investigación del caso Caval. En agosto, las diligencias arrojaron que existían datos que habían sido borrados del equipo, lo que complicó establecer las conexiones con el negocio de la compra de terrenos en Machalí, un posible tráfico de influencias y negociación incompatible.
El jefe de informática de La Moneda, Luis Escalona, confirmó ante los diputados de la comisión Caval que fue el propio Dávalos quien solicitó en febrero, momentos antes de renunciar públicamente a su cargo, eliminar toda la información contenida en su computador.
En ese momento, el ministro, Marcelo Díaz (PS), públicamente atribuyó a un “protocolo” el hecho de que se borrara la información del computador de Dávalos, declaración que se ajustó a los antecedentes que Riquelme le entregó al secretario de Estado. Pero luego la autoridad socialista tuvo que salir a dar nuevas explicaciones: “Efectivamente, con quien conversé fue con el señor Cristián Riquelme minutos antes de concurrir o comparecer ante ustedes para efectos de poder entregar una respuesta respecto de aquello que ustedes nos habían anticipado y querían consultarnos, no es un funcionario que esté bajo mi dependencia, tampoco sé si él estaba completamente informado, yo no soy experto en la materia, lo dije en ese momento, pero aquí estoy delante de ustedes haciéndome cargo de haber entregado una información incompleta, porque fue la información que yo recibí”.
El 10 de diciembre, Riquelme fue a la Fiscalía de Rancagua para declarar tanto por su reunión con Díaz como por el formateo del computador de Dávalos y, a pesar de entregarle “información incompleta” al ministro de la Segegob, el administrador de La Moneda se mantiene en su cargo.
En la comisión Caval reconocen que el foco está puesto en Riquelme ante la imposibilidad de establecer mayores responsabilidades, ya que es innegable el error que cometió al reunirse en La Moneda con el gestor inmobiliario.
Es “altamente probable” que los diputados concluyan recomendar que el administrador de Palacio deje su cargo, que incluso sea por la unanimidad de sus miembros, aunque sería solo un gesto de presión pública, ya que, más allá de sus facultades fiscalizadoras, el informe no tiene poder real para forzar la salida de la figura de la G90. “No tiene ningún efecto concreto, es solo un saludo a la bandera”, reconoció uno de los diputados integrantes de la comisión.
Nuevamente, la permanencia de Riquelme seguirá en manos de la Presidenta Bachelet, la que hasta ahora nunca se ha pronunciado sobre su administrador. Eso sí, desde La Moneda siempre han tratado de bajarles el perfil a los episodios donde ha estado involucrado el estrecho amigo y socio político de Peñailillo, más allá de que en reiteradas ocasiones ha implicado que se instalen en el patio de Los Naranjos los cuestionamientos al bacheletismo por el financiamiento de campañas.
