La inconstitucionalidad decretada por el Tribunal por la discriminación arbitraria de la glosa presupuestaria con que se pretendía iniciar la gratuidad universitaria el año 2016 dejó al descubierto algunos de los peores defectos del gobierno de Michelle Bachelet.
Desde ya su porfía. Fueron muchos los que advirtieron que la fórmula era abiertamente inconstitucional, incluyendo a parlamentarios de la Nueva Mayoría. Pero los tiempos de Peñailillo y Arenas parecieron volver a La Moneda (¿o será Eyzaguirre, o ella?) y el gobierno insistió porfiadamente en su solución. Ahora, cuando la instancia institucional que corresponde declara la inconstitucionalidad, ella dice: “Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra, no me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr”. Eso es simplemente desacato a nuestra institucionalidad, además de falso; porque nadie quiso frenar la gratuidad, de hecho, después del fallo no hay un peso menos para gratuidad y el número de alumnos que gozarán de este beneficio es el mismo que antes. Sólo que la elección de ellos no puede ser arbitraria como lo era en el proyecto del gobierno.
Pero también apareció aquí el extremo ideologismo de este gobierno. Una solución a mano era utilizar el mecanismo de becas para sortear la inconstitucionalidad, de hecho todavía está disponible como una de las opciones para salir del entuerto. Pero lo que impedía esa solución, y me temo lo impida ahora también, es que el gobierno considera que las becas son incompatibles con los derechos universales. ¿Cómo podría concederse una beca a alguien que tiene el derecho a estudiar gratis? Lo absurdo de todo esto es que, desde el punto de vista del alumno, ambas soluciones: beca y gratuidad por derecho, producen exactamente el mismo efecto: el joven estudia sin pagar.
Por último, se hizo presente, una vez más, la impericia, por no decir chapucería, de las actuaciones gubernamentales. Soluciones mal concebidas y mal implementadas parece ser la tónica de la administración de Michelle Bachelet. El 27 de diciembre, luego de conocidos los resultados de la PSU, los jóvenes tienen que postular a las distintas universidades. Fuera de las 25 universidades que forman el CRUCH (Consejo de Rectores de Universidades Chilenas) hay otras nueve que tienen junto a ellas un sistema común de admisión. Hasta ahora, no tienen claridad acerca de si una determinada universidad tendrá acceso a la gratuidad o no.
Es tan evidente que la glosa era inconstitucional que exigía ciertos requisitos, por ejemplo la triestamentalidad (participación de empleados y alumnos, además de académicos en el gobierno universitario) se exige a las universidades que no están en el CRUCH para acceder a la gratuidad. Pues bien, hay 17 de las 25 universidades del CRUCH que no cumplen con la triestamentalidad y ello no sería obstáculo para tener acceso a la gratuidad.
Otro requisito que se exigía a alumnos de universidades privadas es que tuviesen cuatro años de acreditación. Pues bien, hay al menos tres universidades del CRUCH que solamente tiene tres años de acreditación.
La discriminación, en consecuencia, es evidente y flagrante y el Tribunal Constitucional no podría fallar de otra manera.
El gobierno delibera ahora cómo salir de este embrollo. Para poder entregar el beneficio de la gratuidad tiene la posibilidad de hacerlo entregando becas. La otra opción es a través de aportes basales de la Ley de Presupuesto 2016 a universidades del CRUCH, que ya reciben recursos por esa vía.
Pero la primera opción, becas, parece descartada por razones ideológicas. Se ha especulado que sólo se utilizaría para Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, instituciones para las cuales no se puede utilizar la otra vía que son los aportes basales.
Pero esa vía, la de aportes basales, tiene dos problemas: el primero es que deja afuera a toda universidad que no está en el CRUCH, entre ellas a la Diego Portales y la Alberto Hurtado, que bajo la otra fórmula sí accederían a la gratuidad. Se habla de una “ley corta” para resolver este problema.
El segundo problema es que hay quienes sostienen que estos aportes basales no podrían condicionarse a un fin determinado, gratuidad, o al menos no habría forma de hacerlo exigible, pues una universidad podría recibir esos recursos y no gastarlos en gratuidad.
Lo más grave, a mi juicio, es la discriminación con las universidades no CRUCH. Con ello, este gobierno demuestra, una vez más, que no tolera que las clases medias de este país accedan a servicios de calidad con financiamiento público. El financiamiento público está reservado para instituciones estatales y si alguna privada ha de acceder, será doblando la cerviz ante el gobierno.
La solución más simple es que los recursos se entreguen a través de becas. Eso resuelve perfectamente el problema para todos los alumnos, pero no para el gobierno, cuyo ideologismo le ha hecho esta vez caer en su propia trampa.
