El sector agropecuario, silvícola y sus encadenamientos industriales explican en torno al 10% del empleo y el PIB de nuestro país. Su expansión y dinámica para convertirnos en la potencia alimentaria que deseamos requiere remover barreras que aún enfrenta el sector y así alcanzar todo su potencial, en especial los pequeños y medianos productores. El costo de la energía eléctrica ha sido siempre un desafío para una mayor competitividad.
El principio en la distribución eléctrica es que todos los clientes de una determinada infraestructura contribuyen a pagarla y su tamaño se dimensiona para satisfacer la demanda en las horas en que ésta alcanza su máximo. Es decir, el sistema se construye para la máxima demanda requerida entre todos los usuarios de la infraestructura requerida. Dado este esquema, existen tarifas con precios diferenciados para los periodos de mayor y de menor demanda, incentivando el consumo en horarios donde la demanda es menor, y por lo tanto reduciendo las necesidades de mayor infraestructura eléctrica.
Lo anterior, y dado que la actividad agrícola y agroindustrial es marcadamente estacional, le significa al sector agrícola pagar tarifas altas asociadas a su mayor consumo eléctrico requerido en el peak de sus faenas durante todo el año incluyendo la temporada de bajo consumo, encareciendo este ítem en sus costos de producción.
Es por ello que, en el marco de la ley de equidad tarifaria que comenzó a operar el pasado 10 de octubre, se incorporó una nueva modalidad que permitirá a los agricultores hacer una mejor gestión de su consumo y gasto energético con el consiguiente efecto positivo en la productividad y competitividad.
Fue necesario modificar la modalidad de cálculo del precio en el periodo de demanda alta para las opciones tarifarias de clientes agrícolas y agroindustriales y para ello, se diseñó un procedimiento que permite a las empresas agrícolas optar a un régimen tarifario que refleje exactamente su consumo (individual) de energía en los periodos de mayor uso. De esta manera se registrará la demanda efectiva de un cliente agrícola en los momentos de mayor demanda lo que permitirá pagar lo efectivamente consumido, sin quedar sujetos a agrupaciones de consumo que promediaban el cargo que cada cliente debía pagar.
Esta medida es muy significativa pues en el sector agroalimentario el consumo eléctrico representa el 32% del consumo total de energía, 10 puntos porcentuales por sobre el promedio nacional. Asimismo, la electrificación de ciertos consumos energéticos debiera aumentar dado las mejoras en eficiencia energética y los precios de la electricidad cada vez más competitivos, como los hemos visto los últimos tres años.
Esta iniciativa es parte de la estrategia que hemos implementado en conjunto los Ministerios de Energía y Agricultura cuyo objetivo es la difusión de la autoproducción de electricidad renovable y la incorporación de eficiencia energética, no sólo para aumentar la competitividad del sector, sino también para apoyar el trabajo diario de los pequeños y medianos agricultores del país. La complementariedad entre ambos sectores, energía y agroindustria, sin duda será un pilar para el desarrollo económico local que todos queremos y los notables avances en materia tarifaria, son ya un factor adicional de competitividad que refuerzan las excelentes perspectivas del sector agroalimentario nacional. (La Tercera)
Andrés Rebolledo-Carlos Furche
