Lo más increíble es que estaban todos felices, bueno, casi todos, celebrando la creación del ministerio número vigésimo quinto de Chile. Sólo 28 diputados votaron en contra y 6 se abstuvieron frente al Ministerio de Seguridad Pública, que la ministra del Interior sostiene que marcará “una antes y un después”.
No creo que hable en serio Carolina Tohá, porque si así fuera, sin más carabineros, ni mejor persecución del Ministerio Público, veremos el fin de la crisis de seguridad con este nuevo secretario de Estado, que se llevará 789 funcionarios de los 13.529 que trabajan actualmente en Interior, pero que además contratará otras 120 personas y esparcirá sus cupos por todo Chile a un costo inicial de $7 mil millones anuales.
Francamente, no nos merecemos ni más ministerios ni crear más regiones, sino que administrar mejor lo que tenemos y no generar nuevos gastos si no somos capaces de racionalizar los actuales y aligerar del exceso de grasa al Estado. Por supuesto que no se les ocurrió a los parlamentarios hacer una reforma con una mirada un poco más amplia y ya que dejaron en Interior la coordinación con el Congreso, suprimir la Segpres, que se dedica a eso.
Es más fácil seguir sumando que usar la cabeza para racionalizar funciones que se duplican, superponen o son innecesarias, como la de la vocera, que tampoco requiere ser ministra, como dijo su compañero Vlado Mirosevic.
Parece que tenemos que descender al infierno argentino para empezar a desear la motosierra de Milei que en lo que va del año ha eliminado 33 mil funcionarios públicos y 250 estructuras organizativas, que espera superen las 300.
Acá todavía queda un colchón para continuar descapitalizando a Chile. Así es que, vamos sumando ministerios, programas, consejos y organismos. Sólo en intereses de la deuda pública gastaremos este otro año US$ 4 mil 717 millones que es más de lo que pretendía recaudar en régimen este Gobierno con la reforma antievasión.
Aunque prometen que la deuda no superará el 41% de PIB en 2025, todavía hay holguras, creen, como terminar de exprimir los 4 mil millones que quedan en el FEES para emergencia, aunque no la haya y sea para financiar gasto corriente. Y las empresas públicas pueden seguir endeudándose, ya que eso no se contabiliza dentro del déficit fiscal. Si se hiciera, habría que sumar al equivalente del 41% del PIB de la deuda del gobierno central, otros 11 puntos, que es lo que representa el récord de deuda de las empresas del fisco, empinándose a los 35 mil millones.
Mientras en Argentina harán test de idoneidad a 40 mil funcionarios, que si lo reprueban tres veces tendrán que abandonar la planta estatal, en Chile es el empleo público el que sostiene el mercado laboral y con sueldos comparativamente más altos, en el nivel medio y bajo, que en el sector privado. Como si nada, campean las remuneraciones de 4, 6 y 8 millones para los compañeros del PC y los amigos del Frente Amplio esparcidos como racimos de uvas en el aparataje público a todo lo largo de Chile.
El Gobierno sabe que es atractivo como empleador y por eso llora cuando pierde las elecciones y aprovecha cuando está de regreso en el poder. El empleo público creció en 61% en la última década. 184.416 personas tuvieron el privilegio de ingresar al Estado en el gobierno central, totalizando 487.405 los privilegiados.
Y aún cuando los ingresos fiscales han caído en casi un 11% desde el inicio de esta administración, el gasto en personal se ha expandido en un 7,3%. A 2023 ese gasto representa más de 7 punto del PIB, pero nada impide que siga creciendo en necesidades reales, como de la salud o los SLEP en Educación, y también…. en funciones inútiles.
El caso es que, aunque es el sector privado el que financia al público, cada vez hay más empleados en el Estado. La relación es de 2,3 empleados públicos por cada 10 privados. ¡Entendible! Tienen granjerías que en las empresas no. De partida, tienen condiciones laborales especiales, con evaluaciones que aprueban todos con el máximo y es prácticamente imposible despedirlos. En la contra cara, no tienen derecho a huelga. Pero las hacen en el momento preciso. Los de la DGAC en el peak de vuelos por vacaciones dieciocheras. Los de los puertos, antes de la temporada de la exportación de frutas, pasando por los del Registro Civil, el SAG, la Conaf y qué hablar de los de Salud, que usan de rehenes a los enfermos. ¡Si hasta el SII cae en la ilegalidad y la impunidad es total!
Seguir convirtiendo el sector público en el motor el clientelismo es el sueño de los revolucionarios. Pero la pesadilla para los usuarios es que no aumenta la calidad de los servicios. Basta observar los resultados en Educación y las inéditas listas de espera en Salud. Pero tampoco mejora el trato o la confianza en la administración pública. Sólo el 24% confía en ella (alta o moderadamente alta confianza), mientras el promedio en la OCDE es 45%.
Para el Banco Mundial, venimos cayendo desde hace 11 años en el índice de “efectividad de Gobierno”, con un intervalo lúcido los dos primeros años de la última administración de Sebastián Piñera. Y cómo no, si se toman privilegios que nadie más: los funcionarios tienen un promedio de 34 días hábiles no trabajados al año, un récord de récords. No es la pandemia, la excusa, el ausentismo fue de sólo 26 días con Piñera.
Mientras el Ejecutivo sigue inventando nuevos impuestos para financiar su gasto descontrolado, no se le pasa por la mente recoger la denuncia que hizo Jorge Quiroz: programas mal evaluados que representan 18 mil millones de dólares, que se siguen repitiendo año a año, más por mantener las pegas de los funcionarios a cargo que por el destino de esos recursos millonarios que podrían destinarse a seguridad o a bajar impuestos para incentivar la inversión y el empleo.
Si no hacen lo mínimo, que es eliminar esos subsidios que significan dilapidar el tesoro público porque no cumplen su objetivo, menos podemos imaginarnos que les interese “desmantelar la burocracia gubernamental, reducir las regulaciones excesivas, recortar los gastos innecesarios y reestructurar las agencias nacionales”. Ese es exactamente el encargo del nuevo Presidente de EE.UU. al genio tecnológico Elon Musk. Por si acaso, la primera economía del mundo sólo tiene 15 ministerios.
No es la cantidad de riquezas lo que hace la diferencia entre los países (sólo piénsese en el petróleo de Venezuela) sino que la incapacidad de los más pobres de permitir al mercado asignar bien sus recursos y, en vez, sustituirlo por decisiones del Estado. El Gobierno continúa en su carrera por engordar al fisco, que ya está mórbido, y cada día, junto con levantarse, echa mano a 100 millones de dólares para pagar los remuneraciones del gobierno central (70 millones) y los municipios. (El Líbero)
Pilar Molina
