Bachelet propuso en su segundo gobierno incrementar en 5 puntos la cotización previsional, 3 para capitalización individual y 2 para solidaridad intra e intergeneracional, pero encontró en la Cámara de Diputados el rechazo unánime de la derecha por considerar que se le metía la mano al bolsillo de la gente para mejorar las pensiones. Desde la izquierda radical, el rechazo era porque no ponía fin al sistema de AFP.
Una parte de la oposición llegó no mucho tiempo después a un acuerdo con el segundo gobierno de Piñera -esta vez aprobado por la derecha y rechazado por buena parte de la izquierda que hoy gobierna- para establecer una cotización adicional de 6 puntos -tres para capitalización individual y tres para solidaridad- y crear un organismo público autónomo que la administraría íntegramente.
Hay dos elementos que modificaron de manera relevante el contexto en que se realiza nuevamente la discusión parlamentaria de una reforma de pensiones. El primero es que los retiros de fondos previsionales impulsados por la oposición durante el gobierno de Piñera fortalecieron la percepción del carácter individualísimo del ahorro para la vejez, de manera que la abrumadora mayoría de las personas es partidaria de que toda su cotización sea destinada a la capitalización individual.
El segundo elemento es la aprobación de la Pensión Garantizada Universal en las postrimerías del gobierno de Piñera, que con $214.296 agregado a sus ahorros, elevó de manera sustantiva la tasa de reemplazo de los dos quintiles más pobres, desplazando el problema hacia las pensiones de los sectores medios.
La derecha, cuando tuvo que construir un acuerdo desde su gobierno para reformar las pensiones, reconoció el error estratégico de haberse opuesto en 2017 al proyecto de Bachelet. Quienes gobiernan hoy y se opusieron al acuerdo conseguido con el gobierno de Piñera en la Cámara deben mirarlo como una pretensión utópica e inalcanzable, muy lejos de lo que podría llegar a ser aprobado hoy.
Pero el atrincheramiento que llevó a ambos sectores a rechazar lo propuesto porque no satisfacía íntegramente sus convicciones ideológicas, llevó al país a perder años de aumento del ahorro previsional, perjudicando las pensiones de cientos de miles de personas. Esta tragedia social está cerca de repetirse.
Porque la derecha, que aprobó -en la Cámara de Diputados cuando gobernaba- que la cotización adicional fuera administrada por un organismo público autónomo y que la mitad se destinara a solidaridad inter e intrageneracional, hoy parece poco dispuesta incluso a que una porción muy pequeña de ésta sea destinada a resolver el problema de que las mujeres reciben pensiones menores que los hombres aun teniendo las mismas condiciones de años de cotización y monto de sus ahorros.
Y porque la izquierda, al menos parte de ella, parece ciega a la profundización del carácter mixto del sistema previsional chileno que representó pasar del pilar solidario a la PGU y también sorda al clamor de la gente que, más allá de sus posiciones políticas, es favorable a destinar sus cotizaciones a la capitalización individual.
Si volvemos a fracasar en el intento o finalmente se logra romper el bloqueo y la democracia demuestra al fin capacidad de avanzar en la resolución de problemas relevantes para la sociedad chilena, depende hoy del presidente Boric y de Chile Vamos.
Del presidente, porque deberá ejercer su liderazgo para convencer a sus bancadas parlamentarias de la importancia que tiene para su gobierno tener éxito allí donde naufragaron los dos ejercicios presidenciales precedentes, a pesar de que la reforma se sitúe a leguas de sus propósitos originales e incluso a bastante distancia de lo que él y los suyos rechazaron con vehemencia en dos ocasiones anteriores.
De Chile Vamos, que si hace una buena lectura de lo que ocurrió en las recientes elecciones municipales y regionales, donde las posiciones extremas y el atrincheramiento ideológico orientado a hablarle a las respectivas barras bravas fue castigado por la ciudadanía, asumirá que el diálogo y el acuerdo son valorados y premiados por la ciudadanía.
Además, para Chile Vamos, responsabilizarse del tercer fracaso de una reforma de pensiones porque quiso ver al gobierno derrotado en todas sus convicciones y no le aceptaron la totalidad de su propuesta, puede ser muy negativo a la hora en que todos los astros se alinean para darle una nueva oportunidad de gobernar el país.
Negarse a un acuerdo cuando éste está más cercano que nunca a sus ideas -pensando en que podría haber mañana una circunstancia que le permitiera imponer sin ninguna concesión su punto de vista- es una apuesta riesgosa porque nada garantiza que ello ocurra y porque reformas de esta envergadura, para que sean duraderas, deben hacerse siempre con acuerdos.
Por definición, todo acuerdo debe permitir que quienes concurran a él puedan reivindicarlo como un avance. Moverse del principio de que no se hace solidaridad con el ahorro individual cuando se trata de terminar con la irritante inequidad de género es perfectamente defendible frente al bullicio y estridencia de quienes buscan crecer en la minoría en lugar de articular la construcción de mayorías para gobernar.
Lo mismo vale para el gobierno y sus partidos, que apelarán sin duda a que el país no puede seguir esperando una reforma que asegure mejores pensiones y que la mejora de la PGU y la equidad de género son satisfactorios, pero no suficientes. Flexibilizar posiciones, en contraste, le permitiría exhibir el logro de haber tenido éxito donde anteriores administraciones fracasaron.
Esperemos que las pensiones no sigan siendo sacrificadas por la excusa de las convicciones. La democracia está en juego, porque seguirá debilitándose si no tiene delivery, si no entrega soluciones a los grandes problemas del país. Si fracasa este tercer intento por la porfía de unos y otros, todos van a salir perdiendo. (Ex Ante)
Pepe Auth
